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miércoles, 18 de mayo de 2016

85% de mujeres en el área urbana de La Paz no denuncia violencia, por Marianela Mercado, Clelia Choque, Juan Carlos Ferreyra y Krsna Cáceres

¿Qué es lo que falla en Bolivia?

A pesar de la celebración social que se realizó en Bolivia por la puesta en vigencia de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348 del 9 de Marzo de 2013) en la actualidad y desde hace más de tres años, pocos intentos se hicieron para que se respete y se cumpla a cabalidad la mencionada norma jurídica.

También existe la Ley Nº 1674 del 15 de diciembre de 1995, “Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica”, aprobada por el gobierno del ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada, pero ninguna de las dos leyes mencionadas han tenido la suficiente fortaleza para frenar las condiciones de violencia a las mujeres, que aún están sometidas porque muchos de estos casos no son denunciados, quedando impunes y a la libertad de que estos victimarios sean reincidentes violentos y atenten nuevamente contra la sociedad.

Embarazo en adolescentes, vulneración de sus derechos, por Teófila Guarachi, Susana Moya, Víctor Hugo Huanca y Freddy Poma

Fue difícil enfrentar la maternidad a tan corta edad por la presión de su familia, maestros y compañeros de colegio.

Elena, al igual que muchas adolescentes embarazadas, tiene que enfrentar a una sociedad discriminadora y prejuiciosa. A pesar de las dificultades, encontró sentido a su vida.

“Yo tengo por quien luchar y por quien salir adelante”.

Elena es una de las 90.000 adolescentes que se embaraza diariamente en Bolivia, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).


Ser autoridad mujer en una Bolivia machista, por Nancy Vacaflor, Rosario Paz y Karen Gil

La alcaldesa de Collana, Bertha Quispe Mamani, desde febrero de este año no puede ingresar a la capital de ese municipio paceño, donde un sector de la población exige su renuncia. Éste es sólo un caso de violencia política contra las mujeres en Bolivia, donde se registran dos denuncias de asesinatos a concejalas. 

martes, 17 de mayo de 2016

Silvia Guarachi, una historia de explotación laboral, por Víctor Hugo Huanca

Silvia Guarachi, una historia de explotación laboral, por Víctor Hugo Huanca

Claudia Lecoña, la abogada que a diario ve cómo se dilatan los casos Caranavi y Chaparina, por Yarmila Tarquino

Ha podido constatar la vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas en los procesos penales de Caranavi (2010) y Chaparina (2011), la retardación de justicia y la exclusión de las autoridades de gobierno de ese entonces.



El 7 y 8 de mayo del año 2010, pobladores del municipio de Caranavi, en una protesta social mantuvieron bloqueado el acceso a esta población y la carretera al norte paceño durante más de una semana, reclamaban la construcción de la planta de cítricos por parte del gobierno. Los manifestantes fueron reprimidos y en la intervención policial perdieron la vida Fidel Hernani, que sufrió el golpe de una granada de gas, y David Callizaya, por impacto de balín, por lo que se abrió una investigación penal denominada “caso Caranavi”, en contra de autoridades de gobierno y funcionarios policiales, por varios delitos. 

El 25 de septiembre de 2011, una marcha indígena  se trasladaba desde Trinidad hasta La Paz, en contra de la apertura de una carretera por el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). En el lugar denominado Chaparina, efectivos de la Policía Boliviana intervinieron esta marcha con violencia y excesivo uso de la fuerza. Por este caso se abrió un proceso penal a cargo de una comisión de fiscales que en 2012 resolvió separar de la investigación al entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y posteriormente a otros implicados.

Ambos casos al presente son atendidos de manera gratuita por la abogada Claudia Lecoña y el Dr. Quiroz, del buffet de abogados “Quiroz y Asociados”. La defensora, desde la gestión 2009, es voluntaria de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de La Paz, a la fecha ocupa el cargo de Secretaria Jurídica de la Asamblea, donde diariamente se reciben denuncias de vulneración a los derechos fundamentales de todo ser humano, personas discapacitadas, adultos mayores, niños, y mala administración de justicia. A raíz de esto se envían notas para pedirles a las autoridades correspondientes que cumplan con su trabajo y el respeto a los derechos de las personas que acuden a la Asamblea.

La normativa procesal penal establece plazos para el desarrollo de un proceso penal (3 años), a la fecha ambos procesos han sobrepasado el plazo, sin que exista una sentencia condenatoria en contra de los autores de los delitos denunciados, mucho menos haya una persona detenida o cautelada por estos hechos. Al contrario, las víctimas son privadas del acceso efectivo a la justicia, la abogada de las víctimas es impedida de revisar los cuadernos de investigación y control jurisdiccional; por lo que se produce la violación al debido proceso, retardación de justicia, impunidad a las autoridades de gobierno, injerencia política del Órgano Ejecutivo, entre otros aspectos. 

A raíz de la retardación de justicia, a solicitud de las mujeres indígenas y la abogada Lecoña, en representación de las víctimas, el Consejo de La Magistratura de La Paz, ha emitido el informe de la auditoría jurídica realizada al expediente del caso Caranavi, donde se ha determinado responsabilidades para las autoridades que conocieron este caso tanto fiscales como jueces. También se determinó que hubo retardación de justicia y vulneración de derechos de las víctimas, sin embargo, hasta la fecha las autoridades llamadas por ley no han iniciado las acciones legales correspondientes.

Sin embargo, la profesional señala “cual si fuéramos delincuentes, el gobierno nos ha iniciado diferentes acciones penales, que a la fecha han sido rechazadas o quedaron sin movimiento, se nos intentó incriminar en hechos absurdos”, por lo que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un informe en la gestión 2010, realizando un pronunciamiento a nivel internacional por la persecución ilegal por parte del estado Boliviano a mi persona, como abogada defensora de las víctimas de estos hechos”.

“Es el estado por mandato de la Constitución y las normas internacionales quien debe garantizar y realizar el cumplimiento de los derechos fundamentales, además de crear políticas para que se pueda ejercer libremente estos derechos, sin embargo, pese a que las víctimas se encuentran cansadas de tanta dilación, seguiremos en la lucha por la defensa de los derechos fundamentales, y si el caso no es resuelto en Bolivia, acudiremos a instancias internacionales para hacer valer los derechos de las víctimas, reconocidos y protegidos por normas internacionales”, indica la abogada.

Desde el cargo que ocupa actualmente en la asamblea constantemente envía informes anuales, que contienen un resumen de los casos atendidos, fundamentación y protestas por vulneración a derechos humanos, mismos que se envían a las autoridades, Fiscal General, Consejo de la Magistratura, Régimen Penitenciario, ministerios, todos relacionados con vulneración de derechos humanos.

En su deber de colaborar con la sociedad, con el estudiante de las leyes y con el ciudadano de a pie, en coaautoría con el Dr. Quiroz se ha esforzado por la producción intelectual, habiendo realizado la publicación de varios libros entre ellos, “Constitución Política Del Estado Con Comentarios, Doctrina Y Jurisprudencia”, “Manual De Procesos Constitucionales”, “Código Procesal Constitucional Comentado”, “Código de Procedimiento Penal concordado y comentado y Derechos Humanos”, “Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, “Doctrina De Derecho Constitucional Moderno” .

Ximena y su hijo discapacitado son víctimas de la retardación en la búsqueda de una pensión, por Yanira Paniagua

Ella es madre de un joven de 25 años que padece discapacidad degenerativa. El padre se niega a pagar pensiones. Y, pese a que hay tres órdenes de aprehensión en su contra, hasta ahora Ximena no siente que se haya hecho justicia porque no recibe las pensiones.


Ximena Foronda, de 45 años, se encuentra en un proceso legal de manutención familiar y, hace cuatro años, sufre retardación de justicia. Su ex pareja se niega pagar pensiones para su único hijo, que sufre discapacidad degenerativa.

Con una actitud firme, Ximena relata que el proceso judicial que vive es  desgastante emocionalmente y económicamente. Ella es la tutora de su hijo de 25 años, que sufre un grado de autismo dependiente con epilepsia. 

“Yo gasto entre 1.500 a 1.800 bolivianos al mes en medicamentos para mi hijo, es por eso que solicité ayuda a su padre”, cuenta.

El artículo 116 del Código de Familias y del Proceso Familiar señala que la asistencia familiar se determina en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria y a los recursos económicos y posibilidades de quien deba prestarla, y será ajustable según la variación de estas condiciones. La autoridad judicial fijará la asistencia familiar en un monto fijo, porcentual o en modo alternativo.

El progenitor  se niega  pagar pensiones porque no acepta la discapacidad de su hijo y culpa a la madre de esa situación. 

La ex pareja pudo rehacer su vida  y tuvo otra  hija en perfectas condiciones de salud, argumento que utiliza para culpar a Ximena por un supuesto problema genético que, según él, heredó el hijo de ambos.

Por otro lado Ximena, pudo percibir cierto favoritismo hacia el demandado por parte del juez debido a que un familiar de la ex pareja era amigo del juez que está a cargo del caso.

“Llegó una temporada donde salían los informes y la contraparte apelaba por tanto volvía a entrar a despacho del juez hasta el punto que no sabía en qué situación estaba mi caso. Un día no aparecía mi expediente así que me hice de coraje tuve que enojarme, filmar los hechos y  enfrentarme al juez, debido a esto él tuvo más cuidado con mi caso porque fue notificado con una llamada de atención. De alguna forma  esta situación te hace sacar fuerzas que tú no sabías que tenías”, cuenta.

En algún momento la demandante menciona que tuvo que guardar sus valores éticos y morales pagando coimas y de esta forma poder agilizar su caso. 

“Te obligan a ser corruptos, uno aprende a desenvolverse en ese espacio, si bien se cree en la justicia y en lo correcto, también aprendes a ser incorrecto. Aprendes a no aplicar tus valores. Por ejemplo un día me dijeron que pueden agilizar mi trámite si daba 100 bolivianos e iba a estar listo al día siguiente y por mi desesperación le ofrecí el doble del monto si lo hacía para el mismo día”, cuenta.

El único avance en todo este tiempo fue el divorcio. También salió el monto de las pensiones, pero este derecho solo fue pagado una vez, puesto que luego, la ex pareja preparó una contrademanda para librarse de las pensiones.

Hasta el momento, el ex esposo tiene tres órdenes de apremio, pero por las apelaciones que plantea no existe ningún avance. De acuerdo con el nuevo Código de las Familias, cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis meses, y en su caso el allanamiento del domicilio de la parte obligada.

Ximena cuenta que durante el matrimonio también fue víctima de violencia, sin embargo debido a todo el tema de retardación descarta la posibilidad de presentar denuncias contra su ex pareja.

Rosalía Lazo, pasó de ser explotada a dirigente de las trabajadoras del hogar, por Teófilo Ramírez

Cuando empezó a trabajar, su patrona no le daba libre ni los domingos. Luego fue conociendo sus derechos y haciéndolos respetar, hasta que se convirtió en dirigente del sector y administradora de un restaurante en el que se acoge a las compañeras que fueron despedidas de su trabajo.


Rosalía Lazo nació en provincia Umasuyo, cantón Walata. “Cuando era niña ni el sol ni la helada me hacía nada, era dura, no sentía nada. Illampu Achachila, que es una montaña nevada, me cuidaba”. Era cocinera, pasteaba las ovejas, desde niña. Ella no sabía leer ni escribir, mucho menos conocía la escuela.

“A mis 14 años me he venido del campo a la ciudad de La Paz, dejando a mis animales, las pampas y montañas, las lindas flores del campo, abandonado a mis padres, así me he venido”.

Ella indica que un 6 de mayo del año 1991, empezó a desenvolverse como trabajadora del hogar, en una casa donde la patrona no le permitía descansar los días domingos, los días de feriados, menos le daba vacaciones. “Durante cinco años he sido explotada así”. Rosalía Lazo en ese tiempo no conocía qué era la Constitución ni las Leyes para hacer respetar sus derechos.

En 1995 ella escucha hablar de un lugar donde enseñaban a coser polleras y mantas. Era el  Sindicato de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de San Pedro (SITRAHO San Pedro-La Paz). Por aprender a coser y conocer otras cosas  asiste al sindicato, donde empieza a entender qué eran los Derechos Humanos, la Constitución Política del Estado y otras leyes como  la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar, Ley 2450,  Día Nacional del Trabajadora y el Trabajador Asalariado del Hogar, Ley 181, Derechos Humanos y otros convenios internacionales. Una vez que conoce sus derechos de inmediato empieza a reclamar a su empleadora para que cumpla con lo que dicen las normas, lo que logra luego de mucho tiempo.

Ella en el sindicato asiste  a cursos de macramé, de cocina, panadería, y luego ella es quien capacita a sus compañeras en las técnicas que ella ha aprendido.

También empieza a asistir al Centro Alternativo CEA, donde por fin termina su bachillerato el año pasado.

Hace años en  un congreso del Sindicato de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de San Pedro (SITRAHO San Pedro-La Paz) es elegía Secretaria de Relaciones del mismo. Ahora ella administra un restaurant que se ha conseguido gracias a un proyecto de ayuda denominado “Comida Ecológica”. Este negocio es para las SITRAHO S P-L P porque se alberga a las compañeras sin trabajo o que fueron despedidas.

Rosa es buena compañera y maneja muy bien, menciona  Paulina Pari, una de las trabajadoras del hogar, mientras que Flavia Choqueticlla Mendoza, Secretaria General, dice que “con ella somos muy unidas y trabaja duro, olvidándose de sus familiares, de su vida sentimental, y no se casó hasta ahora”. 

El abogado de la organización de trabajadoras del hogar, Rodrigo Maidana, indica que Rosalía “está constantemente en el sindicato apoyando a sus compañeras”.

“Sin miedo y de una manera dura lucho para  defenderlas no puedo abandonar a mis compañeras de SITRAHO S P- L P”, menciona Rosalía. “No quiero que pasen lo que yo he pasado, quiero que vivan felices todas las trabajadoras”, finaliza Lazo.

¿Dónde está Keyla, la bebé que perdió a un madre en un feminicidio?, por Susana Mercedes Moya López

A seis meses del feminicidio de Sara, todavía no hay rastros del cuerpo de su pequeña hija Keyla Sinaí. El feminicida asegura que la mató a la niña también, sin embargo, la Fiscalía cree que podría estar viva.


Sara Evelyn tenía 22 años cuando su ex pareja la mató el 6 de octubre de 2015. Sara estudiaba Auditoría en la Universidad Mayor de San Andrés y cursaba el cuarto año de la carrera. Durante su estadía universitaria pudo obtener la “beca comedor” que le ayudaba a sobrellevar los costos de sus estudios.

Desde niña asistía con entusiasmo a su iglesia evangélica y fue allí, en su “congregación”, que conoció a la amiga del alma que le acompañaría hasta el final de sus días. Gisela y Sara fueron amigas desde los 13 años, hablaban de sus planes, pero sobre todo disfrutaban asistir a las reuniones de la congregación. 

Gisela cuenta que Sara cantaba muy bonito y estaba aprendiendo a tocar la guitarra, el papá de Sara cuenta que alguna vez se sentó al borde de su cama y comenzó a tocar la guitarra que le había regalado años atrás. 

Luis Javier Morales Herrera, de 22 años, comenzó a salir con Sara durante tres meses intensos y a la vez tormentosos. Anoticiado de que Sara recibía algo de dinero de la “beca-comedor”, le pedía prestado Bs 50 y nunca le decía para qué los necesitaba. Cuando Sara le contó a Luis Javier que estaba embarazada, tomó la noticia muy mal y le dijo que debía interrumpir el embarazo. Sara, decidida a seguir con la gestación hasta el final, le dijo que no haría lo que él le pedía; entonces comenzaron las amenazas de muerte hacia ella.

Entre 2013 y 2015 se reportaron cerca de 270 feminicidios en el territorio nacional, según datos del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem). Los departamentos que encabezan la lista son Cochabamba, Santa Cruz y La Paz; y las edades de las víctimas con mayor recurrencia son de  21 a 30 años. Durante el primer semestre de la pasada gestión la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FLCV) informó que en el departamento de La Paz se presentaron 4.022 denuncias de agresión física y 2.516 de violencia psicológica hacia mujeres.

Por un tiempo, Sara dejó de recibir noticias de Luis Javier y durante el sexto mes de gestación se enteró que su expareja tenía otra relación; y a la vez tenía otros hijos con distintas chicas. Eso le causó indignación y de algún modo logró ponerse en contacto con todas ellas y al hacerlo se enteró que él no era responsable con ninguno de sus hijos. 

“Decía que no se iba a burlar de ella; que tenía que ser responsable con su hija” contó Gisela.

Un día recibió una llamada que le devolvió la esperanza de seguir con su lucha y conseguir que el padre biológico de Keyla Sinaí se hiciera responsable. De acuerdo con el testimonio del padre de Sara, aquella fatídica mañana de octubre, recibió la llamada de la madre de Luis Javier, quién le prometió que ella sería la intermediaria entre Sara y su hijo para que finalmente la bebé Keyla de siete meses pudiera acceder a  un monto de dinero mensual.

En Bolivia la asistencia familiar mínima equivale al 20% del salario mínimo, es decir que el monto mínimo es de 331 bolivianos. Este monto puede ser incrementado cada gestión de acuerdo con la necesidad del hijo o hija. En cuanto a los apellidos, el nuevo Código de Familias y Procesos Familiares permite la elección y orden libre de los mismos en acuerdo mutuo de los progenitores. 

Cuando Keyla nació, Sara supo inmediatamente que debía esforzarse con más ímpetu para salir adelante. Sus padres, de condición humilde, hicieron lo mejor que pudieron para que nada le faltase a medida que Sara crecía. Al mismo tiempo que estudiaba en la universidad, Sara consiguió un  trabajo de medio tiempo  atendiendo cabinas telefónicas por el centro de la ciudad, donde conseguía un salario de 20 bolivianos por día.

Antes del nacimiento de Keyla, Sara había organizado un babyshower para recibir a la pequeña. “Llegó con tantas cosas que me sorprendí, supe que mi hija podía conseguir sus objetivos con esfuerzo”, contó el papá de Sara.

Sin embargo, todos los sueños que Sara tenía se vieron frustrados cuando accedió a aquel encuentro en el que Luis Javier Morales Herrera finalmente conoció a la pequeña Keyla Sinaí. De acuerdo con las investigaciones, en el feminicidio de Sara se involucró la pareja con la que el acusado mantenía una relación: María José Quisberth Flores, acusada de haber participado como cómplice de la muerte de Sara y de la presunta muerte de la bebé. 

Según las declaraciones de la imputada, el cuerpecito de Keyla fue dejado la mañana del 9 de octubre en un contenedor de basura de la plaza Arandia de la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz. Mientras que el cuerpo sin vida de Sara fue hallado el 7 de octubre por inmediaciones de la avenida Arica de la zona Rosas Pampa de la ciudad de El Alto. 

En el proceso investigativo, la familia de Sara encontró varios obstáculos que hasta ahora impiden poder hallar justicia frente a lo sucedido. En febrero de este año se llevó a cabo la inspección técnica ocular para conocer detalles sobre la muerte de Sara, sin embargo, los imputados se negaron a participar en la reconstrucción de los hechos, pese a que habían admitido ser autores del feminicidio.

A pesar de haber buscado durante semanas en el botadero de basura de Alpacoma, el cuerpo de Keyla nunca fue hallado. Según la empresa de Saneamiento y Servicios Ambientales (Sabempe) día  a día se depositan 500 toneladas de basura en el lugar.  En declaraciones a los medios, el fiscal Rudy Terrazas dijo que se maneja la posibilidad de que la bebé Keyla se encuentre todavía con vida debido a las contradicciones en las declaraciones de ambos imputados. De hecho, durante las últimas semanas se realizaron algunos allanamientos en la localidad de Patacamaya para esclarecer la posible desaparición de la bebé. 

“Siento dentro mío que mi nieta vive y siempre que me llaman a mi celular sobre el hallazgo de alguna bebé salgo corriendo para ver si es Keyla”, contó consternado el padre de Sara, quién acababa de llegar de la ciudad de Cochabamba después de haber seguido un rastro falso sobre la bebé.

Transcurrieron seis meses desde el feminicidio de Sara Evelyn Peñaranda y la desaparición de su hija Keyla Sinaí de siete meses, quién en la actualidad habría cumplido 1 año de edad. 

Martha Velásquez, la madre que perdonó al asesino de su hija, por Rosario Paz Monasterios

No obstante el dolor que aún siente cada vez que piensa en su pequeña y los años de sufrimiento que vivió buscando que se haga justicia, decidió perdonar y lo hizo amparada en su fe. Hoy, después de 17 años, no duda en que volverán a reunirse y que esta vez será para siempre.


Desde hace 17 años que los ojos de Martha Velásquez se llenan de lágrimas al sólo mencionar el nombre de su hija, Patricia, quien hoy tendría 27 años. Era la menor de tres hermanas y cuando apenas tenía 10 años fue asesinada tras ser abusada sexualmente en su colegio, un fatídico 27 de agosto de 1999. Ese día cambió su  vida.

Fueron 15 años de dolorosa peregrinación demandando justicia por la muerte de su hija, Patricia Flores. Martha Velásquez pudo sentir alivio cuando el asesino de su pequeña, Odón Mendoza, el ex regente de la escuela Vicenta Juaristi Eguino, donde la pequeña estudiaba,  fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto, una condena, asegura ella, que pudo haberse dictado mucho tiempo atrás. Pero el dolor continúa.

“No me siento feliz por esa sentencia, he logrado llegar a la verdad, me siento aliviada, pero no estoy feliz porque siento que falta algo dentro de mí, me siento vacía y sola, hoy estoy sola”, comenta con la voz entrecortada.  Solo esboza una sonrisa cuando dice que un día la volverá a ver y podrá abrazarla. “Sé que mi hijita está esperándome, que un día la volveré a ver, sé que ha de ser así; la biblia dice que nuestros seres queridos no están muertos, que algún día nos vamos juntar con ellos”.

La herida que le dejó la pérdida de su hija le llevó a buscar consuelo y alivio en varias partes, hasta que lo encontró en la iglesia cristiana a donde asiste desde hace cinco años. Dice que fue una gran ayuda conocer más de la palabra de Dios, porque eso le ayudó a perdonar a los responsables de la muerte de su hija. “Yo les perdono, yo no les puedo juzgar, ellos van a dar cuenta a Dios, yo les perdono de corazón”, dice.

Hoy, el principal responsable de ese crimen, se encuentra cumpliendo una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto en una celda del penal de Chonchocoro en el municipio de Viacha. Finalmente, después de 15 años, el 19 de agosto de 2014, el Juzgado Segundo Penal Liquidador de La Paz dictaminó la pena máxima para el regente de la escuela Juaristi Eguino, donde Patricia estudiaba y donde su cuerpo fue hallado sin vida con signos de haber sido vejada sexualmente.

También fueron sentenciadas, por incumplimiento de deberes, la ex directora de esa unidad educativa, Dora María del Rosario Villarroel, a cinco años de prisión, y las porteras del colegio Margarita Uzeda y Berna Ponce, a un año de reclusión cada una. 

Matha lamenta que, en el primer caso, casi dos años después de haberse dictado la sentencia, ésta no se ejecute debido al amparo que presentó la defensa legal de la ex autoridad educativa y que hasta la fecha no tiene un fallo. En el segundo caso, ambas personas se beneficiaron del perdón judicial, porque su pena es menor a tres años.

Esta sentencia es el resultado de la lucha contra la impunidad que emprendió Martha, la recompensa al calvario que tuvo que vivir peregrinando ante instancias nacionales e internacionales en demanda de justicia. Pero esta lucha, así lo reconoce ella, no hubiera sido posible sin la ayuda de la abogada Paola Barriga, quien la acompañó, no sólo como su defensora legal, sino que fue un apoyo moral en su dolor y le ayudó a sobrellevar la pérdida de su hija.

“Ha sido duro todo este proceso, nos ha servido a ambas, ambas hemos podido salir victoriosas, hoy veo en Martha un sentimiento  de perdón, algo increíble, pero que creo es un ejemplo para la sociedad de que se puede perdonar y vivir en paz”, dice la jurista.

Esta batalla judicial, si bien posibilitó condenar a los responsables de la muerte de su hija, le costó, por otro lado, perder a su esposo, quien no pudo entenderla y se separó de ella hace muchos años dejándola sola en su lucha. Martha se consuela a sí misma y dice que tal vez fue bueno para ella el que su pareja la dejara, porque así pudo dedicarse por completo a seguir de cerca el proceso judicial.

Prefiere no recordar su vida al lado de su esposo, porque dice que hay más momentos tristes que felices. Se casó con el padre de sus tres hijas a los 18 años, en 1976, sin siquiera salir bachiller. Trabajó mucho para sostener a su familia porque sus ingresos económicos eran restringidos. Tuvo a su primera hija en 1977 y dos años después a la segunda. Patricia nació después de muchos años, cuando sus hermanas tenían 12 y 10 años. “Era la más chiquita, por eso tal vez era la más mimada, la más querida”, recuerda. 

En su rostro se dibuja una sonrisa cuando recuerda su niñez. Ella nació en Jujuy, Argentina, a donde sus padres se fueron en busca de mejores condiciones de vida, como lo hacen miles de bolivianos. Su familia regresó a La Paz cuando ella tenía dos años y se establecieron en la zona norte de esta ciudad, cerca de la conocida plaza Riosinho. 

Hoy trabaja con la que fue su abogada, a quien tiene mucho agradecimiento porque no sólo la ayudó moralmente, sino económicamente al no cobrar sus honorarios. Su situación económica que atravesaba cuando inició la demanda judicial,  le obligó a alquilar el pequeño departamento que posee e irse a vivir en dos habitaciones en una azotea y así poder cubrir los costos del proceso.

De su mente no se borrarán todas las penurias que pasó, pero lo que vivió la ha fortalecido y quiere que muchas madres en su misma situación o niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual, reciban el apoyo que se requiere en estas circunstancias, no solo asesoramiento legal, sino ayuda sicológica.  Ese deseo se está consolidando en la creación de la Fundación Patricia Flores para que a través de esta entidad se pueda luchar contra la impunidad.

Hoy existen miles de casos de niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual y de otras que han muerto tras ser vejadas, cuyos responsables no han sido castigados y han quedado impunes. Las cifras sobre violencia sexual no son nada alentadoras. Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que entre enero de 2014 y julio de 2015, se registraron en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) 1.290 casos contra menores de 18 años. De estos, 1.223, es decir un 94 por ciento, las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres.

El crimen de Patricia Flores pudo tener una condena gracias, fundamentalmente, al incansable batallar de su madre  que no cesó hasta conseguir justicia. Esta lucha ha sido reconocida por la Defensoría del Pueblo que en 2014 la distinguió por su aporte a la defensa de los derechos humanos en la búsqueda de que la muerte de su hija no quede impune.

Lily Cortez: “Soy la wawa del Defensor”, por Raquel Otálora

Es la principal dirigente de las trabajadoras sexuales, ahora promueve derechos humanos y lucha contra el proxenetismo, la trata y tráfico de personas, en particular de mujeres, y la vulneración de derechos.

Finalmente se encontraba en Cochabamba, el viaje le pareció corto desde La Paz, quería estar lo más lejos posible del infierno de violaciones y vejaciones al que había sido sometida por su padrastro desde sus 12 años, cuando su madre murió. Esperanzada creyó que su padre la ayudaría, pero sólo pagó tres días de un alojamiento y desapareció. Mientras deambulaba por la plaza principal de Cochabamba sin saber qué hacer, una mujer le ofreció trabajo en un supuesto restaurante, este encuentro le cambió la vida. Así comienza su relato Lily Cortez, nombre convencional, como ella dice lo usaba de noche, como hacen las trabajadoras sexuales. 

En algún momento se le escapa una lágrima al recordar que apenas tenía 17 años cuando Isabel, la persona que le ofreció trabajo, la entregó a un grupo de hombres y la obligó a estar con ellos a golpes. 

Han pasado más de 25 años desde entonces y ahora Lily es fuerte, decidida, empoderada y dirige la Organización de Trabajadoras Nocturnas - Bolivia (OTN), su lucha empezó con un grupo de trabajadoras sexuales, en La Paz y El Alto, ante los abusos policiales y de los dueños de lenocinios. 

La líder cuenta que “en la Policía había una oficina donde nos matriculaban, como a delincuentes, nos sacaban fotos de frente y de perfil, pagábamos por trabajar, cada viernes la Policía venía a los locales nos pedían plata a todas, nos arrestaban, nos golpeaban, nos echaban con agua”.

Cansadas del abuso denunciaron los hechos a la Defensoría del Pueblo, que realizó una investigación de oficio, presentó un Recurso de Inconstitucionalidad contra la Policía y ganó, desde entonces la lucha de las trabajadoras sexuales no paró pese a las amenazas y amedrentamiento. La institución defensorial formó líderes y apoyó la conformación de cinco organizaciones a nivel departamental de trabajadoras sexuales que se constituyeron en el referente para la conquista de sus derechos. 

Lily dirige el sector desde hace 14 años, lideró varias movilizaciones en defensa de los derechos de estas mujeres, logrando así que se frenen los abusos policiales, que los dueños de los locales les paguen aguinaldo y que las traten con respeto. “En todo esto, la Defensoría siempre está a mi lado, en mi formación como líder, apoyando la lucha, por eso digo yo soy la wawa del Defensor del Pueblo y esta organización también, porque nosotras trabajamos bajo el paraguas de la defensa de los derechos de las mujeres”, afirma Lily.

Reconoce que su liderazgo le trajo costos familiares, pues sus hermanos la negaron, le pidieron que no salga públicamente, pero ella decidió hacerlo. Dice sentirse feliz porque sus dos hijas, ahora profesionales, le acompañan en su lucha. “Me costó que entendieran, pero lo hicieron”, asegura mientras su rostro se llena de felicidad cuando habla de sus hijas y de sus nietos.

Ahora,  Lily Cortez sale en los medios de comunicación, firme, defendiendo los derechos de las más de 50.000 mujeres que están en esta actividad, así como de las adolescentes y jóvenes que son engañadas y violentadas. 

Recientemente presentaron un proyecto de ley para regularizar el trabajo sexual que fue tratado en una de las Comisiones de la Cámara de Diputados, en cuyo recorrido estuvo la Defensoría del Pueblo manifestando que cualquier norma referida a esta población, debe priorizar la protección de derechos de las mujeres, antes que a propietarios y administradores.

La luchadora asegura que el acompañamiento de la institución defensorial les marcó el camino para que ahora ellas batallen por los derechos de miles de mujeres. “Las trabajadoras sexuales luchamos contra la trata y tráfico de personas, hacemos intervenir locales clandestinos donde explotan a menores, tenemos buzas trabajadoras sexuales que denuncian la explotación”, comenta orgullosa Lily y empieza a relatar los desafíos que tienen a nivel nacional e internacional. 

Antes de terminar de contar su historia, se para y dice “lo bueno es que ahora somos más, tenemos nuevas hijas de la Defensoría que seguirán la lucha por los derechos de las mujeres”.

lunes, 16 de mayo de 2016

Fortunata, a los 92 años, aprende a escribir y enseña a vivir, por Marianela Mercado N.

“No existe edad para aprender”. A sus 92 años Fortunata Huanca  empezó a alfabetizarse, a sus 95 años  lamenta no seguir aprendiendo por los achaques de la edad. 


Nació, según refieren, el 1921 en  una pequeña población del altiplano paceño  cerca del lago Titicaca.  Después de haber dejado casi toda su vida en los surcos de la chacra de papa, oca, habas y otros productos de la agricultura altiplánica, a sus 95 años se ve pequeña y encorvada, pero  vivaz y con ansias de aprender todo lo que el analfabetismo le ha negado en casi un siglo de vida.

Nunca fue más cierto el viejo dicho popular que reza “no  existe edad para aprender”, doña Fortunata Huanca es ejemplo  viviente de voluntad y determinación para salir del enclaustramiento de la ignorancia formal a pesar de la adversidad, a sus 92 años  de vida durante la gestión  2012  se incorporó al programa de Alfabetización “Yo puedo”, emprendido  por el Ministerio de Educación.

Las nuevas necesidades de sus ocho hijos y su  limitada economía la llevan a la ciudad  de El Alto en busca de  oportunidades para su familia, actualmente vive  casi sola, en la  precariedad de una casita en zona Mariscal Sucre, calle Florida, a casi  dos horas  de viaje desde la denominada Ceja en esa ciudad.

Su edad  y el haber quedado  al  cuidado de una de sus hijas, que la acompaña sólo dos días  en la semana, no han impedido que reclame su derecho de acceder a la escolarización,  su derecho de aprender a leer y escribir tal como establece  la Constitución Política del Estado (CPE) Art. 84, donde se propone “erradicar  el analfabetismo”  en la lectoescritura.

“Quiero seguir aprendiendo  pero  ya no escucho bien. Me da pena, ya  no puedo ir desde que he caído a un hueco  y mi pie  me duele, no tengo  quien me lleve…”  lamenta Fortunata que, a sus 95 años, ve frustrado su deseo de seguir aprendiendo. “Pero sigo haciendo tareas…”  dice entusiasta. 

A iniciativa del vecindario de la zona Mariscal Sucre se construyó la  “Auqui Uta”, la casa del abuelo, que luce inconclusa con un galpón  con una lata vieja por puerta, ventanas sin  protección, menos vidrios, donde los viejitos  deben soportar el  frio altiplánico,  un plástico  transparente  con papel de empaque  por debajo como pizarra improvisada,  bloques de adobe y algunas piedras  por pupitre. Ese es el lugar donde  Fortunata Huanca  y sus compañeros abuelos  comparten la experiencia de aprender a leer  y escribir.

La incomodidad de  no contar con una mesa y  sillas, nunca afectaron su empeño para asistir a las clases de los sábados por la tarde y el cumplimiento de las tareas en el cuaderno de escritura y  lectura básica. 

Fortunata dice recordar lo que aprendió, pero a sus 95 años se le hace difícil  adquirir  nuevos conocimientos,  su memoria  ha disminuido, los achaques y un pie afectado  por una caída  la dejan rezagada. Sin embargo, aún se esfuerza en repasar  lo aprendido.

El programa de alfabetización  para adultos mayores que se realizaba en la “Auqui Uta” hasta el  2014 estaba a cargo de cuatro profesores del servicio  de educación fiscal,  una de ellas Hilda Condori la maestra de Fortunata, quien afirma haber compartido una maravillosa experiencia de haber aprendido de la sabiduría de la vejez al compartir  enseñando  lectura y escritura.

Recuerda la profesora Hilda Condori cuando conoció a Fortunata, el año 2012 a sus 92 años, como  una persona vivaz, amable pero con miedo de enfrentar nuevas vivencias,  cargando la soledad de la vejez  y pocas palabras en castellano. Pero quería aprender a leer y escribir.

A pesar de ser el  aymara su lengua originaria y no haber conocido otra forma de expresión verbal, Fortunata   ha aprendido a escribir su  nombre y  a firmar en castellano, a reconocer los recibos de luz, agua, y gas domiciliario, a  contar y sumar números naturales, recursos que actualmente le son de mucha utilidad al momento de hacer sus cuentas en la soledad de su vejez  y en un contexto social que exige mucho más sin miramientos por la edad. 

“Ya no tengo fuerzas para caminar ni trabajar, me siento mal, me estoy curando,  estoy viejita ya no salgo a la calle”, lamenta Fortunata.

En un  gesto de desprendido  cariño  y admiración por la entereza  de la anciana,  la profesora Hilda Condori durante  un año asistió a la casa de Fortunata para continuar con su labor de alfabetización. Pero, el ciclo del programa educativo  a su cargo,  penosamente, ha concluido y por otra la salud de Fortunata ha decaído. 

“Quiero seguir aprendiendo  pero  ya no escucho bien. Me da pena, ya  no puedo ir desde que he caído a un hueco  y mi pie  me duele, no tengo  quien me lleve... Pero sigo haciendo tareas”, lamenta Fortunata que a sus 95 años ve frustrarse su deseo de seguir aprendiendo.  

Con el grupo de adultos mayores  alfabetizados de la zona Mariscal Sucre se ha  logrado avanzar  las  vocales,  monosílabas,  bisílabas un poco de trilíteras,  este aprendizaje básico le ha permitido  a Fortunata como  a otros abuelos de su curso darles más seguridad para vivir. 

“Ella era muy  activa alegre,  traía sus tareas se acercaba  a los profesores de otros grupos  les pedía que le enseñen más. Su problema ahora es su edad no puede caminar, ya no escucha  ni puede ver bien  por la edad”, comentan Catalina de 82 años  y Onofrio de casi 80 años, quienes en su tiempo libre  durante la siembra y  cosecha  de papa  cumplen con la tarea escolar. 

Si bien el proceso de alfabetización para adultos mayores  iniciado por el Ministerio de Educación ha concluido en la zona Mariscal Sucre, se han  abierto  nuevas expectativas de continuar este  trabajo mediante instituciones  de  beneficencia.  

Fortunata Huanca  tal vez ya no pueda  volver a participar de esta experiencia y aprender más como aún quisiera, pero abuelos  como  Catalina  y Onofrio podrán llegar a los 95 años  leyendo y escribiendo en castellano como sueñan.

Amparo Carvajal: “Cuando decidí quedarme en Bolivia, cambié mi vida”, por Lucy A. Rossi S.

Llegó a Bolivia con la orden Mercedarias Misioneras de Bérriz, visitó cárceles, defendió a los más humildes, compartió lo que tenía y decidió quedarse en el país. Desde entonces han pasado 45 años, en los que ha dedicado su vida a defender los derechos humanos, desde tiempos dictatoriales hasta los actuales. 


Una computadora, una cómoda antigua bien conservada sobre la que está un televisor, algunos adornos y un portarretrato con una foto antigua de su familia, en la que se observa a sus padres posando junto todos sus hermanos; una mesa de noche hecha de mimbre y un catre cubierto con una colcha tejida de colores. Es el dormitorio de un pequeño departamento de la zona de Sopocachi, donde vive Amparo Carvajal Baños, la actual Presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz (APDHLP).

Su lento caminar anuncia que por ella han pasado los años, pero en cuanto empieza hablar una energía se apodera de ella, mostrándose incansable como si aún tuviera los 30 años con los que llegó a Bolivia, como parte de la orden Mercedarias Misioneras de Bérriz. 

Soy hija de una dictadura

“En el país vasco, trabajando, me di cuenta de lo que la gente había sufrido en la guerra y cómo estaba en el exilio. Yo llego (a Bolivia) el 71 y el dictador franco muere el 76, yo nazco cuando termina la guerra civil española, o sea, yo soy hija de una dictadura. Entones siempre he dicho que el país vasco para mí ha sido como un despertar, ha sido un kínder, un preescolar; cuando yo llego a Bolivia había golpeado Banzer y ahí empieza la escuela política mía”, cuenta Amparito, como la llaman quienes la conocen y tienen amistad con ella.

Llegó a Bolivia en noviembre de 1971 y pasó su Navidad visitando cárceles. Al año siguiente empezó a desempeñarse como profesora y directora de una unidad educativa, a la par de su labor humanitaria en defensa de los más humildes y de los presos políticos que en ese entonces llenaban los centros de reclusión del país. 

“Cuando decidí quedarme en Bolivia, cambié mi vida. Mis compañeras (de la orden) no entendían cómo podía andar sola y visitando cárceles. Lo que yo más admiro es que me reconocen (en Bolivia) la permanencia indefinida y la titulación. Entro como directora en la Escuela Fernando Bravo como directora para llevar una escuela, tenía y me gustaba el compromiso con los niños. Viajé dando cursos con mejoramiento docente, dando clases de psicología y pedagogía. Venía tan cargada de emociones y vivencias tan humanas que eso me daba una tranquilidad, cuando se fueron (las mercedarias) y me quedé, nunca me sentí sola”, dice la activista de los derechos humanos.

Historia de vida

 “Tengo una computadora y cada día entro en Word y digo empezaré a escribir y siempre me tropiezo. Hay que saber escribir y cuando me preguntan si todas las experiencias las tengo guardadas, les digo que sí, que las tengo bien guardadas en mi mente” 

Verónica Sánchez, activista de la Asamblea, afirma que “Amparo es una persona entregada a defensa de los derechos humanos de las personas más vulnerables, lo admirable es su consecuencia. Ella con sus 77 años es un ejemplo a seguir, hay que escucharla, ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo creo que las nuevas generaciones tendrían que aprender a mirar gente como ella, porque hace lo que dice y dice en consecuencia con lo que hace; y eso ya es una virtud en extinción; todavía hay gente como ella que puede dar testimonio de vida.

Al referirse a la APDHLP, la activista señala que “en cualquier gobierno se ha denunciado las violaciones a los derechos por parte del Estado, pero como nunca antes, durante la gestión de Evo Morales esta situación ha querido afectar la vida orgánica de la Asamblea, porque nosotros venimos haciendo el mismo trabajo de siempre: difusión de los derechos y denuncias. Eso lo venimos haciendo desde 1976, pero hoy día, el gobierno no acepta las denuncias que hacemos, porque en el discurso se muestran defensores de los derechos, pero en la práctica no lo hace. Y quien denuncia es la Asamblea de Derechos Humanos, por lo tanto, la Asamblea se ha convertido en un verdadero escollo, por lo que ha intentado intervenir (la APDHLP) utilizando grupos de choque, mal utilizando a los movimientos sociales afines al gobierno y claro arremeten contra la Asamblea de la peor manera”

Carvajal ha sido reelecta como Presidenta de la APDHLP, como resultado del XXI Congreso Ordinario desarrollado a finales de marzo. Esta institución, que viene denunciando las violaciones de los derechos en tantos casos emblemáticos como Caranavi, Chaparina, Apolo y tantos otros, así como casos particulares.  

Datos

En su Informe Anual (2015-2016) que realiza Amnistía Internacional da cuenta que los atropellos a los DDHH continúan en el país en temas como la impunidad de las víctimas de las dictaduras (1964-1982); la ausencia de un mecanismo independiente que registre e investigue las denuncias de tortura, como el caso de Juan Bascopé; la no aplicación de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en 2014 que suprime la obligación de obtener autorización judicial para abortar en casos de violación; la investigación de la represión de Chaparina; la amenaza del gobierno de expulsar a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), por denunciar la violaciones de derechos por parte del Estado y las deficientes instalaciones higiénicas, el acceso a atención de la salud y al suministro de alimentos y el hacinamiento en las centros penitenciarios. 

Para Virginia Cordero la silla de ruedas no es un límite y eso lo aprendió en Canadá, por José Antonio Condori

Por un caso de negligencia médica pasó su niñez entre hospitales y médicos. Luego, la vida quiso que viajara a Canadá, donde recibió educación, motivación y condiciones para desenvolverse plenamente. Ahora es un ejemplo a seguir.

La prueba más contundente de que es posible seguir adelante es Virginia del Carmen Cordero Blanco, que enfrenta la vida en silla de ruedas. Es una mujer fuerte que lucha por seguir sus sueños y, en ese andar, todos los días vence los obstáculos arquitectónicos de la ciudad de La Paz.

Vive y lucha para que la sociedad dé oportunidades a las personas con discapacidad, reconociendo sus fortalezas. 


Su silla de rueda a motor tiene un detalle llamativo, en una esquina un artículo peculiar en forma de “mariposa” le brinda luz por las noches para que los choferes puedan verla y no atropellarla como en alguna ocasión ocurrió.

La forma de mariposa –de esta su herramienta– para ella es significativa, porque considera que las personas con discapacidad son como gusanitos que se arrastran, pero que en cualquier momento se convierten en mariposas cuando encuentran sus potencialidades internas.

Su “hija”

Tiene más de 50 años y vive acompañada de su hija Leydi. Así se llama la perrita que la acompaña desde la navidad del 2013, cuando la encontró frente a la Terminal de Buses de Cochabamba amarrada de sus patitas. Desde ese momento se convirtió en su única familia. Actualmente vende tarjetas para celulares por mayor y menor para vivir y pagar sus gastos.

Es la quinta hija de su familia, tiene vagos recuerdos de su niñez. Su madre le contó que un resfrío y la negligencia de los médicos de la Caja Nacional de Salud, hicieron que sus piernas queden paralizadas, dejando sus alegrías de niña por un lado y sufriendo operaciones, inyecciones y demás tratamientos que se hacen en un hospital. 

Niñez de hospital

Sufrió 17 operaciones hasta antes de cumplir los 15 años, fue enyesada en diferentes posiciones, incluso torciendo sus extremidades para que cuando crezca se demuestre que tenía secuela de poliomielitis, una enfermedad deformante. Trabajó mucho psicológicamente para olvidar y lidiar con los sentimientos de culpa de su madre.

Toda  su educación primaria la pasó entre en la cama de un hospital y médicos, no faltaron buenas personas, inquilinos de sus padres, que la apoyaron con estudios al salir del hospital, el joven Ernesto y la señorita Norma como les recuerda Virginia, profesores que llevaban libros y le tomaban evaluaciones.

Al salir por completo del hospital, ella se sentía extraña dentro de su propia familia. En ese momento su hermana decide llevarla a Canadá, donde salió bachiller, se tituló en Psicología de pares (personas con discapacidad que puedan ser psicólogas de otras personas con discapacidad) y Artes Plásticas, al llegar nuevamente a Bolivia estudió Publicidad, Comunicación Social y actualmente estudia Teología; además no descarta estudiar Derecho.

Su viaje a Canadá cambió su vida, conoció la Filosofía de Vida Independiente donde las personas con discapacidad tienen inclusión social, el Estado por norma hace que las mutuales que venden edificios y departamentos estén obligadas a construir un edificio con todas las accesibilidades para que las personas con discapacidad o para que personas de la tercera edad puedan acceder a ese servicio y puedan vivir dignamente.

Canadá le demostró que ella podía ser una persona con todas las facultades para realizar sus objetivos. Aprendió a jugar básquet, tenis, practicó fisiculturismo, batió un record, porque Virginia pesando 27 kilos levantó 78 kilos en los Juegos Sudamericanos en Perú. 

Incluso, practicó paracaidismo. Para ella practicar el baile deportivo es algo importante porque hace que su cuerpo se mantenga firme. Hace poco cumplió un sueño de su niñez, al ritmo de la kullawada movió su silla de ruedas participando con la Familia Galán en el Carnaval de Oruro.

Desborda alegría

Ella es una persona muy alegre, considera que un día es una oportunidad de vida que Dios le dio, le encanta escuchar música y de vez en cuando se va al Karaoke a cantar, también le gusta jugar básquet, pero lo que más le encanta es bailar y pintar, aunque por ahora no tenga mucho tiempo.

Virginia tiene el anhelo de que todas las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que se tienen en Europa: una vida digna, que puedan ser profesionales, puedan acceder a un trabajo y tengan las infraestructuras urbanas adecuadas además de un cambio de conducta en la sociedad, donde entiendan que una discapacidad jamás se recupera, no son enfermos, son personas con discapacidad y deben aprender a vivir con ello toda su vida.

AUTOESTIMA

Virginia considera que pedir un bono al Gobierno, como lo están haciendo los discapacitados movilizados, no es lo adecuado porque rebaja la autoestima y dignidad de los seres humanos, lo que se debería pedir es una renta digna y un trabajo adecuado para que las personas con discapacidad puedan valerse por sí mismas y no depender y ser sobreprotegidos por sus padres o familia, como la mayoría. 

Para Virginia todos estamos en la casa del jabonero, “el que no cae resbala”, así como cualquier persona puede caer preso por cualquier circunstancia siendo culpable o no, así como no existe la justicia, de esa misma manera cualquiera de nosotros por accidente, asalto o por error médico, violencia intrafamiliar o doméstica puede quedar con una discapacidad permanente.

“Cualquier persona puede estar en una silla de ruedas… cualquiera puede ser discapacitado, perder la vista, el oído, en fin… por eso antes de juzgar debemos pensar eso. Los medios de comunicación no ayudan mucho, pueden hacer más tratando y explicando lo que realmente somos las personas con discapacidad”, comentó.

Sed de justicia en la llajta, por María Inés Escalera

Vivir en el corazón de Bolivia, en la ciudad capital por excelencia de la gastronomía, donde son infaltables sus ya característicos sabores del pan con su llajuita, o el rico mote con quesillo, su inigualable quilquiña y su famosa Taquiña, además de las originales Sajra Horitas y los Platitos de la Tarde, con un clima agradable casi todo el año y donde se puede llegar a diferentes lugares a pie, además de la genial “Yapita”, marca registrada de los cochabambinos, que es el aumento que se les pide a las caseritas de cualquier producto que uno compre. Una hermosa tierra que cobija a propios y extraños, de la que es muy fácil enamorarse, pero que está flagelada por registrar el mayor índice de Feminicidios a nivel nacional, además de varios casos de violencia física, psicológica y sexual, y donde se clama por justicia.

La realidad tan cruel y lacerante en Cochabamba de llevar la delantera en muertes de mujeres en la mayoría de los casos a manos de sus parejas, muchas veces dejando en la orfandad a niños inocentes que viven en adelante con la privación de disfrutar del inmenso amor de madre que tenían derecho a gozar, o dejando a familiares con la irreparable pérdida de un ser amado. De cualquier manera son casos donde las personas buscarán justicia y la mayoría no la encontrará, porque no hay un justo sistema del sistema de justicia.

La condición de mujer en nuestro país, como en otros países latinoamericanos, se ve ensombrecida aún por el machismo, que provoca demasiadas diferencias entre hombres y mujeres, por lo que ellas, día a día deben luchar por hacer prevalecer sus derechos que le permitan desenvolverse en estas sociedades y ejercer distintos roles sin ser discriminadas por su condición de género.

Sin embargo, históricamente en el mundo, la mujer ha demostrado una fortaleza admirable para salir adelante en situaciones adversas. En Bolivia, específicamente la Llajta, es fiel testigo de la lucha de sus valerosas Heroínas de la Coronilla, que ha situado a esta ciudad en alto por su lucha de libertad y de sus derechos, un ejemplo cautivador para nuestros vecinos latinoamericanos en especial, mujeres de quienes las nuevas generaciones  y en general las personas deben seguir el ejemplo para enfrentar los problemas que les sobrevengan.

En nuestra realidad existen grupos a quienes se les vulneran sus derechos sin que logren obtener justicia, esos grupos son mayormente: niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y también las mujeres, y basta para muestra un botón, echar un pequeño vistazo a alguna experiencia que pueda reflejar la vivencia de muchas otras personas que pudieran atravesar situaciones de vulnerabilidad, por eso a través del siguiente relato se presenta uno de muchos casos.

En Cochabamba es menester que a nuestro paso y en el ajetreo diario de nuestras actividades nos encontremos casi siempre con señoras, en su mayoría, que con un carrito cargado de naranjas, mandarinas y pomelos, nos ofrezcan un refrescante juguito que calma por un ratito nuestra sed y que de yapita  nos recarga  el cuerpo de bastante Vitamina C, que puede ser  preventivo a resfríos que con la pronta llegada del invierno podríamos evitar.

Aunque ya estamos en Otoño y el clima debía apuntar a bajar poco a poco en temperatura, siguen muy marcadas las tardes calurosas y que hacen expresar a las personas la típica frase ¡Qué calor!, sea que camines y te la repitas a ti mismo (a) varias veces, o si subes al micro, la persona que te hable, lo primero que dirá, quizás será, ¡qué calor que hace, Dios mío…!. La verdad de las cosas es que si tenemos sed por tanta calor, hay formas de saciarla, pero lamentablemente para la sed de justicia, muchas veces no las hay.

Para Cecilia (nombre ficticio para proteger su identidad), madre de dos hijos y dedicada a la actividad de la venta de jugos, con su carrito, jamás logró saciar la búsqueda de justicia de su tormentosa vida de abuso físico, psicológico y sexual que vivió por más de 10 años, antes de escaparse y dejarlo a su esposo-agresor, para poner ella misma solución a su vida y la de sus hijos, porque entendió que nunca lograría justicia.

En enero del 2004 como muchas mujeres ilusionadas en casarse, ser feliz y tener una familia, Cecilia se casó, a sus 21 años y pronto sería bendecida con su primer hijo, en junio del mismo año fue mamá, durante este tiempo ella recuerda que su esposo, Roberto (nombre ficticio), ya la maltrataba insultándola sin ningún motivo, y sin contar a nadie lo que sucedía, la señora soportaba en silencio lo que poco a poco se tornaría en una vida llena de violencia.

Teniendo tan sólo meses de nacido su bebé, la pareja de Cecilia la empezó a golpear y lanzarle objetos, incluso golpeaba a su bebé. De acuerdo a los relatos de la señora, Roberto comenzó a tratarla cada vez con mayor torpeza y no medía el daño que le causaba tanto a ella como a su pequeño hijo, sin embargo al cumplirse su primer aniversario de matrimonio, él pidió que ella lo perdone por todo lo malo que vivieron y que sigan juntos, entonces con la esperanza de que su vida mejoraría, ella aceptó lo que sería en adelante un flagelo cotidiano sin siquiera sospecharlo.

En el tercer año de su vida conyugal, es decir, en el 2006, en una noche como cualquier otra, llegó furioso, gritando y destruyendo todo objeto a su paso el agresor de Cecilia, que sin ninguna explicación, tan solo insultándola, comenzó a golpearla y este lamentable episodio terminó con el brazo fracturado de la joven mujer, que luego de escapar del lugar y llegar a emergencias de un hospital fue atendida y orientada por el médico para que denuncie esta situación y que ella no podía seguir así con un niño pequeño, mucho menos porque debía pensar en la nueva vida que llevaba en su ser. 

Cecilia estaba embarazada de su segundo hijo y la violencia que vivía aumentaba cada vez, su vida  no mejoró  como le prometió su  esposo, pero  a pesar de la guía del doctor que le dio las pautas para frenar este círculo vicioso de violencia, la señora no realizó ninguna denuncia.

Al día siguiente, Roberto llegó a su casa como si nada hubiera sucedido y fue cuando al ver a su esposa con el brazo enyesado, la amenazó de muerte si contaba algo a su familia o iba a la policía. Entonces comenzó un  nuevo maltrato psicológico hacia Cecilia, quien  con  mucho dolor hizo lo que le dijo su agresor y permitió así que la violencia vuelva a ser el pan de cada día.

Con  el transcurrir  del  tiempo, no  contento  con  agredir  constantemente a  su  esposa, Roberto además golpeaba y maltrataba a sus hijos, teniendo ella que internar en una ocasión a su hijo mayor y dando excusas en el hospital de que el niño fue, quien al caerse se había lastimado su pie, al punto de provocarse una fractura. Eso sucedió en el 2009, días antes del día del niño, que es cuando más ese pequeño debía haber disfrutado en familia del amor de sus padres, pero no fue así, y a pesar de tanta violencia, la mamá del niño no se atrevió a denunciar a su esposo, porque de nuevo él la amenazó con matarla, a ella y a sus dos hijos, lo que produjo un estado de pánico en la señora, dejando las cosas como estaban.

Los siguientes años pasaron entre golpes, maltratos psicológicos y sexuales, su esposo, dedicado a la albañilería, desaparecía por largos periodos de tiempo, periodos que Cecilia trabajaba en diferentes lugares y así llevaba su vida al lado de sus dos hijos. Sin embargo, el 2013, Roberto volvería a vivir a su casa trayendo con él a su primo, prácticamente un desconocido para ella, y en quien no confiaba porque vivía con ellos sin trabajar y bebiendo todo el tiempo.

La vida de Cecilia se vio duramente afectada porque fue golpeada y violada por Roberto y su primo. Estas agresiones fueron imposibles de soportarlas sin reaccionar para dejar atrás tanto vejamen, dolor, tristeza, pánico, que antes impidieron que ella ponga fin a su agonía. Es cuando Cecilia decidió enfrentar su realidad y escapó con sus dos hijos en la primera oportunidad que tuvo, luego pidió ayuda a una amiga que conociendo su historia, le brindó un cuarto en su casa para que viviera ahí con sus pequeños.

Después de esas agresiones que sufrió Cecilia, contó a su amiga todo lo que había sufrido y quien le insistió que denuncie a sus agresores por seguridad de ella y de sus dos hijos. Entonces con la esperanza de lograr justicia, la señora junto a sus dos pequeños, siguiendo el consejo de su amiga fue directamente hasta el Ministerio Público. 

Muy temprano hizo fila para una ficha que repartían para poder ingresar a las oficinas y realizar su denuncia, luego de horas en la fila, fue atendida por una señorita, que le preguntó cuándo fue agredida, y que si tenía la denuncia por escrito en un folder amarillo, con tres copias y pruebas de sus agresiones, a lo que Cecilia solo respondió que no tenía nada de lo que le pedía y se fue de ahí.

Al salir de las oficinas y darles de comer a sus hijos unas galletas y refrescos en bolsa que pudo comprar, empezó a hablar con una mujer que estaba sentada a su lado y que le dijo que mejor era ir a la policía, le dio la dirección y Cecilia dispuesta a buscar justicia fue hasta donde le había dicho la otra señora. Llegó a la Fuerza de Lucha Contra la Violencia (FELCV), ahí pidió que le ayuden, le hicieron esperar mucho tiempo, entraban y salían, pero no la atendían, al final, ella les dijo que tenía que denunciar a sus agresores y por eso estaba ahí, recién le hicieron caso. 

Cecilia contó todo  lo que  había  vivido  al lado de  su esposo hasta  lo último  que pasó, luego la llevaron a otro escritorio y nuevamente le preguntaron qué pasaba, ella volvió a decirles a los policías todo el sufrimiento que tuvo desde hace 10 años y que quería denunciar a Roberto y al primo de él. De esta manera recién escribieron su denuncia, sin embargo hasta este momento y como sucede con muchas víctimas de violencia, la denunciante fue revictimizada, porque no se debe permitir que relate más de una vez las agresiones que sufrió, ya que esto es revivir todo el sufrimiento, no es ninguna novedad, se conocen muchos casos que parecen repetitivos por parte de policías que permiten que las víctimas pasen por esto.

Pasaron varios días, Cecilia iba a la FELCV para saber cómo iba su denuncia y que harían para ayudarla, pero no recibía respuesta ya que la policía que atendió su caso, había sido cambiada de destino, por esta razón el caso no había seguido adelante. La denunciante luego de volver varias veces y cansada de no tener información sobre su denuncia, pidió que otra persona se haga cargo, así fue, pero la nueva policía que le toco, recién había sido integrada a esta unidad, no sabía cómo llevar adelante el caso, por lo que le pidieron que vuelva en tres días para que en ese tiempo se informen bien de la situación y luego puedan ayudarla.

Durante este tiempo ningún personero de la institución hizo posible que la señora reciba el debido tratamiento psicológico, pasaron por alto tan importante necesidad de que ella tenga una atención especializada para poder mejorar su situación emocional y seguir adelante en la vida. La FELCV cuenta con profesionales en psicología, que trabajan justamente con víctimas de violencia física, psicológica y sexual, sin embargo a Cecilia jamás se le brindó apoyo psicológico a pesar del conocimiento de su caso por el personal de esta institución.

Cuando el caso fue atendido por otra policía, le dijeron a la denunciante que tenía que notificarlos a sus agresores y que para esto, ella lo haga con ayuda de un policía que encuentre en la calle y al que le pida el favor. Cecilia estaba confundida, pensó que por qué tenía que buscar a un policía en la calle, si en ese lugar habían muchos policías, a pesar de toda esta mala atención, ella lo hizo, fue con un policía hasta la casa de la que había escapado, era el único lugar donde pensó encontrar a sus agresores, no encontró a nadie y entonces de nuevo en la FELCV explicó lo ocurrido, recibió por respuesta que ella tenía que notificar sí o sí a sus agresores, sino su caso no seguiría adelante.

El hecho de tener que notificar a sus agresores y no encontrarlos, para Cecilia fue la gota que derramó el vaso y se convirtió en una barrera, porque no podía estar ella misma detrás de sus agresores para notificarlos, perdiendo mucho tiempo en eso y dejando a un lado su vida, a sus dos hijos, dejar de trabajar tantos días por tener que peregrinar de diferentes maneras en busca de justicia, sin recibir, para empezar, un trato humano debido a su situación delicada, asimismo, no haber recibido apoyo psicológico y no haber recibido el acceso al debido proceso en su caso, por el desconocimiento de los policías que prácticamente no hicieron nada por ayudar a una mujer en situación de violencia, que escapó de sus agresores y tuvo la valentía de denunciar, quizás en una institución equivocada, donde después de tanto peregrinaje todo se quedó en nada.

Cecilia se sintió en todo ese tiempo sola desde el principio, abandonada y desesperada porque tenía sed de justicia, luego de 10 años de aguantar tanta violencia y poniendo ella el punto aparte de esta vida de sufrimiento al haber sido agredida sexualmente por sus agresores y decidir escapar para reorientar su vida al lado de sus pequeños, lamentablemente fueron vanos sus esfuerzos en búsqueda de justicia, después de tanto mal trato que recibió en una institución que debía protegerla, asistirla y lograr justicia para ella, terminó por desistir de seguir adelante con la denuncia.

“Ha sido feo y me ha dolido mucho que me pegue mi marido tantas veces, desde que nos casamos, me daba miedo contar esto, me decía que no diga nada porque me iba a matar y si yo hacía algo en su contra, los iba a matar a mis hijos, por eso no lo denunciaba y cuando lo denuncié a él y a su primo por haberme violado, de nada sirvió, nunca me ayudaron, por eso no creo en la justicia, ni en los policías”, relató Cecilia con la cabeza cabizbaja, llevándose las manos a su rostro para secarse las lágrimas que ya no pudo contener.

Actualmente Cecilia, trabaja todos los días con su carrito, vendiendo jugos por las calles de Cochabamba, sus dos hijos van a la escuela en la mañana y por la tarde la acompañan hasta irse a su cuartito en la casa de su amiga a quien paga alquiler. A pesar de todo lo que ha sufrido y no haber recibido justicia, ella ha decidido seguir adelante junto a sus pequeños que son su mayor felicidad.

Muchas mujeres seguramente se verán identificadas a través de este caso de vulneración de derechos humanos, donde la víctima no tuvo acceso a la justicia. Donde en instancias como en la FELCV, las policías que trabajaban en esta unidad, trataron muy mal a varias mujeres víctimas de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, además de no darles el debido apoyo desde el momento que denunciaban a su agresor, y lamentablemente muchas policías no conocían que hacer, no tenían ni idea de los pasos a seguir cuando tenían a una víctima que quería denunciar. 

Los factores antes mencionados en varios casos han sido el pilar para que las personas que buscaban justicia y que fueron vulneradas en sus derechos, desistan de seguir adelante con la denuncia por verse ante personal que no les colaboró, lo que representa dejar a un agresor sin ser sancionado y a una víctima desprotegida, que muy posiblemente volverá a ser agredida.

Hoy en día no existe por parte de las autoridades un direccionamiento claro de cómo es el proceso que se sigue para acceder a la justicia, ni la Policía, ni el Ministerio Público se han puesto de acuerdo en cómo llevar adelante los casos. Basta ver el peregrinaje de una persona denunciante que deja de lado sus actividades diarias y debe ir de una institución a otra porque entre policías y fiscales que atienden un caso, no se ponen de acuerdo en el debido proceso, mientras que el agresor vive tranquilo y continúa reincidiendo al ejercer violencia, porque si antes golpeó, insultó o violó a una mujer, sin recibir castigo, seguirá haciéndolo.

La justicia en Bolivia es injusta, las mujeres agredidas, no logran que se sancionen a sus agresores o en otros casos obtener resarcimiento de daños, algunos profesionales del área de justicia y la misma Policía, no están debidamente capacitados y no tienen un trato humano acorde al que necesita una persona que atraviesa agresiones. Hay mucho para trabajar en la constante capacitación de diferentes instituciones que están dentro el ámbito de justicia. Además es necesaria la permanente capacitación del personal para eliminar todas las barreras que impiden proteger, ayudar y brindar apoyo a las mujeres que denuncien vivir violencia. Esto se logrará a través del debido proceso y la lucha contra otro gran problema que es la retardación de justicia.