Gabriel Calla murió víctima de la delincuencia; ahora su familia es víctima de la justicia, por Nancy Vacaflor Gonzales

Hace ocho años, Gabriel Calla, de 21 años, fue asesinado. Este 3 de mayo se cumplió otro año de su muerte y desde que su familia llegó a la morgue a reconocer su cuerpo. La retardación es uno de los factores que más ha perjudicado a la conclusión del caso. 

“Me han quitado a quien más amaba. Le prometí (a Gabriel): ‘¿sabes, qué voy a hacer? Les voy a encontrar a esos infelices. Te prometo. Les voy a poner donde tienen que estar, donde no hagan daño’”, juró Martha Ibañez en la tumba de su sobrino Gabriel Calla Ibañez, asesinado hace ocho años.

Hasta la fecha, la mujer de 68 años no pudo honrar el compromiso, no porque no hiciera lo suficiente para conseguir que los asesinos materiales del joven y los cómplices del hecho fueran enviados a la cárcel, sino porque la retardación de justicia sigue manteniendo en vilo a la familia.

Era la madrugada del 3 de mayo de 2008. Gabriel, su enamorada y tres de sus amigos se retiraban de un concierto, cuando fueron interceptados por un vehículo del que bajaron Jaime Torres, Cristian y Alberto Sarmiento, y Linda Callejas, quienes frustraron en pocos minutos la vida y el futuro de Gabriel.

Los amigos y la pareja de “Gabo”, como le llamaban, fueron golpeados hasta quedar inconscientes, pero él no tuvo la misma suerte; lo torturaron, le hicieron cortes en los pies y los brazos, lo apuñalaron en el omoplato y cerca del corazón, y, para asegurarse de su muerte, le pisaron en las costillas y en la herida.

Aunque Bolivia no está entre los países más violentos de la región, la tasa anual de criminalidad para el 2015 es de 10,8 por cada 100.000 habitantes, una cifra que para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, es auspiciosa porque se redujo respecto a 2012, cuando era 12,1 por cada 100.000 habitantes.

Para la familia del joven, a quien lo conocían por su pasión por el rock y por ser estudiante de biología, estos datos no son un consuelo, porque desde su muerte no cesó la búsqueda de justicia en los casi 1.300 días con el fin de que los victimadores sean detenidos. Y en ese afán lucharon con poco éxito contra las chicanas y la dilación de los administradores de justicia.

Martha se convirtió en una investigadora más; cubrió las deficiencias del Ministerio Público que por falta de logística y por su poca voluntad política no puede cumplir eficientemente con su labor. Se encargó de encontrar las pruebas para sostener la imputación y la acusación.

Rastreó la ubicación del principal autor del asesinato, Jaime Torres, con todos los riesgos de enfrentarse con un “delincuente callejero”, y condujo a los investigadores para su detención en abril de 2009.

Exploró hasta dar con el segundo acusado, Alberto Sarmiento, quien, para evadir a la justicia, ingresó al servicio militar en Riberalta, en el departamento de Beni. Ni la distancia ni los recursos que le significó viajar hasta allí con un policía la retuvo para ir en su búsqueda. En diciembre de 2010, el hombre fue detenido y trasladado a La Paz.

Cristian Sarmiento huyó del país. En Rio de Janeiro (Brasil) cumple una condena por asesinato de un ciudadano de ese país. “Son personas que no tienen límites, porque la vida no vale nada para ellos”, comenta Martha, que rompe en llanto una y otra vez.

Gabriel no fue la única víctima. Su sufrimiento y partida los padece su familia, que ha convertido ese dolor en una causa por buscar que la Justicia condene a los asesinos, encubridores y cómplices a 30 años de prisión sin derecho a indulto en una cárcel de máxima seguridad.

“No es venganza, es justicia”, dice la tía, que mientras tuvo con vida a su sobrino lo amó como si fuera su propio hijo. 

Mientras, los padres del joven, Hernando Calla y Gaby Ibañez, no pudieron celebrar el reciente cumpleaños de Gabriel, el 1 de abril, cuando iba a cumplir 29 años.

El registro de la impunidad

El papá de Gabriel, Hernando Calla, lleva un registro de la “impunidad y la injusticia”. Anotó las veces que la fiscalía, el juzgado y la defensa de los acusados suspendieron innumerables audiencias, que dilatan la sentencia por el asesinato de su hijo.

El juicio oral se extendió un año y medio, desde marzo de 2014 hasta septiembre de 2015. Pero los amargos momentos de pisar los tribunales no han terminado. La familia Calla Ibañez sigue esperando desde noviembre pasado, hace seis meses, la audiencia en la que se dicte la sentencia ejecutoriada.

El caso fue conocido por los fiscales Sergio Céspedes, Susana Boján y Elsi Villafranqui, el mismo que radica en el Tribunal 5to de Sentencia con la juez Nancy Bustillos. Ellos tienen la responsabilidad de administrar justicia sobre Torres, Sarmiento y sobre su cómplice Callejas. 

Más de 50 audiencias fueron suspendidas. Atribuibles a la ausencia de los fiscales, de los jueces, de los acusados, de los testigos, entre otros. Las “famosas notificaciones”, son otra de las causas de dilación en los procesos, comenta Martha. 

“Todo es un negocio”, concluye Martha, la mujer jubilada que contó con el tiempo para hacer seguimiento día a día del engorroso proceso legal. Conoce los movimientos de la Policía, la Fiscalía y el Tribunal Departamental de Justicia.

La súplica para que el caso no se quede sin fiscales

Se apoyó en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, tocó las puertas de los medios de comunicación, pidió ayuda a quien fuera necesario, para contar la desesperada situación de su familia.

Hablar de la gratuidad de la justicia le parece un chiste. Ella sacó fotocopias de todas las audiencias para evitar que se pierdan o sean manipuladas las actas. Desconfía de la administración de la justicia y de los fiscales; como la mayoría de litigantes que van en romería a los juzgados. 

Esta sensación no es solo de la familia de Gabriel, según una investigación de la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública y la Embajada de Suecia, basado en una encuesta para el barómetro de las Américas 2014, de 3.053 personas el 54% considera que la retardación de justicia se debe a que los jueces y oficiales de diligencia de los tribunales son corruptos.

De acuerdo al registro del Consejo de la Magistratura en 2013, de 250.000 juicios penales que se abrieron, 611 (0,24%) obtuvieron una sentencia. Esta familia es víctima de este sistema.

Martha lucha por cumplir la promesa de justicia a su asesinado sobrino

Hace ocho años Gabriel Calla de 21 años fue asesinado. Este 3 de mayo se cumplen ocho años desde su muerte y desde que su familia llegó a la morgue a  reconocer su cuerpo.

“Me han quitado a quien más amaba. Le prometí (a Gabriel) ‘¿sabes qué voy a hacer? Les voy a encontrar a esos infelices. Te prometo. Les voy a poner donde tienen que estar, donde no hagan daño’”, prometió Martha en la tumba de su sobrino, Gabriel Calla Ibañez, asesinado hace ocho años.

Hasta la fecha, Martha de 68 años no cumplió su promesa, no porque no hiciera lo suficiente para mandar a la cárcel a los asesinos materiales y a la cómplice del hecho; sino porque la retardada justicia sigue manteniendo en vilo a la familia Calla Ibañez.

Era la madrugada del 3 de mayo de 2008, Gabriel, su enamora y tres de sus amigos se recogían después de un concierto, cuando fueron interceptados por un vehículo, del que bajaron Jaime Torres, Cristian y Alberto Sarmiento y Linda Callejas quienes frustraron en pocos minutos la vida y el futuro de Gabriel.

Los amigos y la pareja de “Gabo” fueron golpeados hasta perder la memoria, pero él no tuvo la misma suerte. Le torturaron, le hicieron cortes en los pies y los brazos, lo apuñalaron en el omoplato y cerca del corazón, para asegurarse de su muerte le pisaron en las costillas y en la herida.

La destrozada familia, del joven apasionado por el rock y estudiante de biología, no descansó un solo minuto de los casi 1.300 días, para que los victimadores sean detenidos, lucharon contra las chicanas y la dilación de los administradores de justicia.

Martha se convirtió en una investigadora más, cubrió las deficiencias del Ministerio Público que por falta de logística y por su poca voluntad política no puede cumplir su labor eficientemente. Se encargó de encontrar las pruebas para sostener la imputación y la acusación.

Rastreo la ubicación del principal autor del asesinato, Jaime Torres con todos los riesgos de enfrentarse con un “delincuente callejero” y condujo a los investigadores para su detención en abril de 2009. 

Exploró hasta dar con el segundo acusado, Alberto Sarmiento, quien para evadir a la justicia ingresó al servicio militar en Riberalta en el departamento de Beni. Ni la distancia ni los recursos que le significó viajar hasta allá con un policía retuvo a Martha, para ir en su búsqueda. En diciembre de 2010 fue detenido y conducido a La Paz.

Cristian Sarmiento huyó del país, en Río de Janeiro-Brasil cumple una condena por asesinato a un ciudadano de ese país. “Son personas que no tienen límites porque la vida no vale nada para ellos”, cuenta Martha, que rompe en llanto, los ojos no se han secado y el dolor parece que nunca terminará.

Gabriel no fue la única víctima, también lo es su familia, que han convertido el sufrimiento en una causa porque por justicia condene los asesinos, encubridores y cómplices a 30 años sin derecho a indulto en una cárcel de máxima seguridad.

“No es venganza, es justicia”, dice la tía que ama al sobrino perdido como su fuera su propio hijo. Mientras que sus padres Hernando Calla y Gaby Ibañez no pudieron celebrar el reciente cumpleaños de Gabriel, que este pasado 1 de abril cumpliría 29 años. 

Gabriel Calla Ibañez permanece intacto en la memoria de su familia, lloran su ausencia, pero aprendieron a sobrevivir una vida privada de un ser amado que espera porque los jueces y fiscales hagan justicia.

Gregorio Iriarte, una lucha de paz con el arma de la palabra, por Wilfredo Milan Mamani Cusicanqui

Fue el vocero de los mineros. Llegó a hablar hasta con Barrientos para reclamarle la situación de miseria en la que vivían. Donde iban promovía el diálogo, la paz, el acuerdo. Todo eso para defender la vida.

Encontró un país agobiado por los conflictos políticos y sociales y por las ambiciones de poder, gobernado por dictaduras militares, donde la represión era una constante. Aunque él había sufrido en carne propia los rigores de la “guerra civil española” y los inicios de la segunda guerra mundial, el ambiente no dejaba de ser inquietante para el recién llegado, el sacerdote jesuita Gregorio Iriarte.

La cruda realidad de los trabajadores, las mujeres, los niños, los campesinos le llevaron definitivamente a un compromiso más concreto en favor de los pobres, de los perseguidos, de los exiliados. 

El contexto geográfico-histórico-político  en el que vivía Bolivia entre 1964 a 1981 marcó la personalidad de Gregorio Iriarte  Pozueta. Una vez ordenado sacerdote en España (1950) parte para Latinoamérica. Se establece 12 años en Argentina, pasa a Uruguay y posteriormente a Bolivia (1964). Llega a la mina Siglo XX, departamento de Potosí. En ese tiempo gobernaba el Gral. René Barrientos Ortuño que, el mismo año  siendo vicepresidente de Víctor Paz Estensoro dio el golpe de Estado y decretó la rebaja de sueldos y salarios a todos los trabajadores mineros.

Marcial Mancilla, extrabajador de la Radio Pio XII, cuenta que Iriarte, en la situación que vivían los mineros, era el único vocero que acudía casi de forma diaria a la Gerencia de la empresa para reclamar por los descuentos arbitrarios, despidos injustificados, allanamiento de hogares y persecución civil y militar a muchos trabajadores. 

Asimismo relata que “Barrientos era sagaz, astuto y fiel a la “doctrina de seguridad nacional” y actuaba bajo los dictámenes de Estados Unidos. Para mitigar la situación política con los mineros, Barrientos convocó a  Gregorio a su residencia presidencial”. 

En ese encuentro con el Presidente, Mancilla comenta que “Gregorio reclamó con vehemencia por la situación de miseria e intimidación que vivían los mineros”. Marta Orsini, autora de un libro de testimonios sobre Iriarte, declara que “solicitó por la libertad de Federico Escobar (dirigente minero)” y menciona que  “fue el primer enfrentamiento y conflicto que presenció y vivió  Gregorio Iriarte”.

Mancilla, afirma que “Gregorio Iriarte tenía una profunda vocación de servicio a su prójimo sin tomar en cuenta su militancia política o su credo religioso. De carácter férreo cuando se trataba de defender a los humildes y desposeídos. Su don de gentes y, sobre todo, su formación religiosa, se ponían de manifiesto en la defensa de los derechos humanos”.

Otro hecho histórico fue la llegada clandestina de Ernesto Che Guevara (1966) y la conformación del movimiento guerrillero de corriente antiimperialista. Según Marta Orsini, Gregorio en sus conversaciones repetía los versos que había escrito: “Minerito boliviano, que mala vida te espera. O mueres de silicosis. O en la noche te balean…”. 

En ese año “el 23 de junio, los mineros de Siglo XX se reunieron para analizar el problema salarial y el apoyo a la guerrilla. (El Partido Comunista no apoyó la guerrilla). Acabada la reunión, los mineros volvieron a sus hogares para celebrar la tradicional fogata de San Juan y cerca de media noche, los soldados de los regimientos Ranger y Camacho cercaron Llallagua y Siglo XX, abrieron fuego, dejando un saldo de 27 muertos y mucho heridos”, funesto hecho que hoy se conoce como la masacre de San Juan. 

A su paso por Radio Pio XII como director en el periodo de 1964 a 1968, según Filemón Escobar, “Gregorio Iriarte no solamente tenía  el mejor equipo de locutores y de periodistas, como Lalo Lafaye, Aida Flores, los hermanos Balderas, sino que él llevó la radio al área rural en el idioma no solamente castellano, sino quechua y aymara”.

Deja las minas de Siglo XX porque es destinado a La Paz (1970) donde vivió una serie de dictaduras como las del Ovando y Hugo Banzer Suarez. La dictadura de  Banzer duró casi siete años y fue la más dura. En 1974 se dio la “Masacre de Tolata”, después de un auge económico por la subida de los precios de los minerales.  Vino la devaluación económica muy dura y la población comenzó a reaccionar. En Tolata y Epizana las protestas fueron respondidas con bala. Se inicia la huelga histórica con cuatro mujeres mineras con algunos sacerdotes como Luis Espinal y Xavier Albo. “Gregorio Iriarte estuvo ayudando la parte logística y orientando el modo de seguir”.

Gregorio Iriarte manifiesta en una de sus cartas a Marta: “prefiero contestarte ahora mismo porque el mañana es incierto (…) tu cartita ha sido como una bocanada de aire fresco en medio de un ambiente asfixiante…”

En los salones de la Parroquia de Cristo Rey se comienzan a redactar textos sobre el movimiento indígena-campesino del cual Gregorio es el autor. El segundo texto que se publica es sobre Justicia y Paz, que es firmado por Amparo Carbajal, fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH). “Nos comenzamos a reunir para hacer la auténtica Asamblea Permanente de Derechos Humanos” y continúa “no le gustaban las palabras de bueno o malo, para él siempre era la vida, la vida tenía la expresión más sagrada de que hay esperanza, que hay amor. Aunque veía el sufrimiento y el dolor, para él siempre era esa lucha por una Bolivia mejor, por una Bolivia justa”.

Iriarte por medio de sus  acciones y escritos hizo conocer la realidad en que vivía Bolivia. María Eugenia Cárdenas, en su testimonio, dirá que “el arma que utilizó Gregorio para las luchas  para la justicia social y la democracia, fue la palabra”. 

Reynaldo Peters, el abogado que hizo valer sus derechos en un pedazo de papel higiénico, por Mary Jesús Soria

Durante la dictadura de Banzer fue apresado por oponerse a un pacto político del MAS, con ADN y la Falange. Sufrió torturas, quedó con secuelas en la vista y estuvo a punto de ser fusilado. Su hábeas corpus escrito en un papel higiénico ahora es memoria del mundo.

Han pasado 44 años de aquel día en el que Bolivia despertó entre ruidos de metralletas y tanques que anunciaban el golpe de estado de Hugo Banzer Suarez. Estudiantes, líderes universitarios, campesinos, obreros y jóvenes poblaron las cárceles del país solo por pensar en libertad y justicia social, todo había cambiado partir del 21 de agosto de 1971.

Una de las víctimas de la dictadura militar de Banzer fue el ciudadano Reynaldo Peters Arzabe, perseguido políticamente por sus ideas democráticas, fue privado de su libertad, al igual que muchas personas que se atrevieron a gritar su verdad.

Las raíces de un líder

Un 23 de febrero de 1946, nació este hombre en las entrañas de la tierra minera, Oruro, al compás de la danza de los diablos y morenos, en medio de cohetillos y agua de Carnaval. Esto, según su padre, Germán Peters Olivares (destacado personaje de la tierra de los Urus), fue determinante en el carácter alegre, positivo e indomable de Reynaldo Peters.

Inició sus estudios en el colegio Alemán de Oruro, concluyó su bachillerato en el Colegio Nacional Bolívar de La Paz. Cuando apenas tenía 10 años ya mostraba innatos impulsos de liderazgo, por lo que se hizo integrante de las brigadas prejuveniles, lo que le llevó a dar un discurso dirigido a los Convencionales del Nacionalismo Revolucionario, sorprendiendo por su corta edad.

“Reynaldo en  sus  primeros  pasos  en  política  junto a sus  amigos Oscar  Cornejo  y   Edmundo  San Martín (El Negro) tenía un  periódico   que se   llamaba “El Estudiante” y como mejor podían hacían periodismo con contenidos, entrevistas, comentarios   de  líderes del   Nacionalismo Revolucionario”:Germán Peters

Pasaron los años y llegó a ser Presidente de la Federación de Estudiantes de Secundaria de La Paz y luego Dirigente Nacional. Junto a su directiva protagonizó una manifestación contra el alza del precio de las libretas escolares, esto originó una represión de los policías, que terminó en detenciones. Entre los presos estaba Peters, quien pasó una noche y medio día detenido por el famoso General San Román, comenta su padre.

No fue fácil el ingreso a la Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Derecho, tuvo que enfrentarse a los fachos que manejaban la Universidad, pasó a formar parte de una aguerrida organización que funcionaba con el nombre de Avanzada Universitaria y que en la época de Barrientos y Ovando se convertiría en el referente político más importante de la resistencia. Ellos escribían periódicos con nombres tales como: Voz Universitaria, Voz Campesina y Voz Obrera.

La vida de Reynaldo iba pasando entre libros, exámenes, actividad política, lucha en las calles, detenciones por insurrecto al régimen dictatorial, heridas de golpes, allanamientos por luchar por sus ideales y hasta premios en Festivales de poesía rebelde y revolucionaria. En esa época, junto a varios líderes políticos, obreros, campesinos e intelectuales, redactó un documento histórico titulado “Organizarse y Armarse”, documento crítico que mereció su persecución. Encabezó además el Movimiento Universitario que originó la famosa “Revolución Universitaria”; eran los años 70. La Universidad era considerada por los golpistas como el antro del comunismo.

“Mi hijo Reynaldo siempre fue un guerrero defendiendo imposibles, pero  triunfando”.

Tenía 25 años, era Presidente del Comité Revolucionario de la Facultad de Derecho. “Este fue el principal motivo para que me tomaran preso, al no estar de acuerdo con el pacto político que realizó el MNR con ADN y Falange Socialista Boliviana, fui Jefe Nacional de la Juventud, estos fueron motivos suficientes para la gente de la Derecha del MNR, que estaba metida con el golpe de Banzer era la que no me quería en la filas del MNR”, rememora ahora Peters.

La libertad se esfumó

“Llegué de México, donde estuve haciendo mi curso de doctorado, a la semana de haber llegado al país me tomaron preso, yo estaba ordenando mis papeles en mi oficina de Abogado, cuando irrumpieron los agentes del Departamento de Orden Político, (DOP), me dijeron que los acompañara porque había una denuncia en contra mía, porque yo había girado un cheque sin fondos a mi dueña de casa y ella había puesto la denuncia, cosa bastante rara porque la dueña de casa era mi suegra, y yo no tenía chequera, no tenia cuenta corriente, ya cuando me llevaron a la DOP, me dijeron que habían varias denuncias en contra mía por actividades políticas subversivas”, continúa el relato.

“Se presentaron seis agentes, todos con metralletas, me invitaron entre comillas, a que los acompañe a rendir mis declaraciones, una invitación particular, porque yo me veía rodeado de ametralladoras y fusiles, cualquier movimiento que pueda hacer, ponía en riesgo mi vida, a partir de ese momento empecé a pensar en libertad, yo quería escaparme, empecé a bajar las gradas del edificio de la calle Comercio, esquina Genaro Sanjinés, no quise subir al Jeep, me llevaron a pie custodiado, caminé y mientras lo hacía gritaba: ¡Me están tomando preso! la gente escuchaba”.

“En ese momento vestía con traje, corbata,  me hicieron sacar los cordones de los zapatos, el cinturón, dejé los bolígrafos, papeles, carnet de identidad y la corbata”.

El tropezón

El tropezón, así se llamaba la celda en la que estuvo Peters, lugar que encerró gritos, sangre, dolor y muerte de muchos que por ahí pasaron.

“El primer día no me tomaron declaración, sí el segundo día, afirmaban que tomé contacto con el exterior, con Juan Lechín Oquendo y Siles Suazo, y que estaba tramando un Golpe de Estado a Banzer, me incomunicaron en la celda llamada “El Tropezón”, que quedaba en los bajos de la Prefectura, ahora la Gobernación, ahí me tuvieron por dos semanas, en calidad de detenido incomunicado, no podía tener comunicación absolutamente con nadie y ahí fue que se me ocurrió presentar un Habeas Corpus, muchos de mis compañeros  me decían que no debería hacerlo, porque habrían represarías en contra de mi familia y que además corría peligro mi vida, muy a pesar de ello, quise presentar mi recurso en el papel que había que era el papel higiénico”.

 “Toda persona   que   creyera  estar   indebida o  ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre con poder  notariado o sin él, ante la Corte Superior de Distrito o ante cualquier  Juez  de Partido, a elección suya, en demanda    de  que  se  guarden  las   formalidades   legales…” (Art. 18 de la Constitución Política del Estado) Waldo Albarracín Sánchez. 

Derritiendo un repuesto de bolígrafo encontrado en una esquina de la celda, empieza a escribir en el papel higiénico, el recurso de Habeas Corpus. Al pie estampa su firma y especifica su domicilio como la celda El Tropezón de la DIP.

“Mi esposa recogió la ropa sucia, ahí envié el papel en medio de mis calcetines, en la requisa no encontraron nada, tenía 15 días de no haberme cambiado, pero mi esposa si lo encontró y presentó ese papel higiénico como si se tratara de un pasaporte a la libertad de su esposo”, recuerda. 

Durante 12 días no hubo golpes, pero cuando le llevaron al Ministerio, bajaba del Jeep y el agente que le custodiaba le dio un culatazo en la nuca, causándole una lesión irreversible en la vista. “Se me fue degenerando la visión”, dice. Son muchas las operaciones que se realizó a raíz de ello. 

“Los médicos me dieron calmantes, las otras presas me ayudaron, ahí me permitieron ver a mi esposa y a mi primer hijo, el oculista el Dr. Pescador quien se enteró de mi dolencia, hizo que me trasladen a otro lugar, me llevaron con otros presos políticos a la Isla de Coati o Isla de la Luna, ahí estuve desde el mes de marzo a noviembre de 1972, junto a tres presos nos volvieron a trasladar a La Paz, nos llevaron al Ministerio de Gobierno, ahí me desmayé al bajar, pensaron que me dio un infarto, me llevaron al Hospital Militar como preso hasta el mes de diciembre, los médicos de turno eran mis compañeros de colegio, ellos brindaron informe de mi estado delicado de salud”.

Su familia corría peligro

Se estructuró el aparato represivo que sembró el terror de la población con víctimas, desaparecidos, muertos, torturados prisioneros, exiliados, perseguidos despedidos, prescindidos de sus lugares de estudio, de vivienda, se suprimió la libertad de prensa y expresión, se ejerció una campaña de acción para eliminar a los opositores.

El segundo hijo de Peters acababa de nacer. La que fue su primera esposa, Rosario Sánchez Becerra, afirma que los servicios de la represión habían llegado a la Clínica con una orden de detención, las enfermeras y el ginecólogo evitaron que se la llevaran. “Sacamos a mi hijo temiendo que sea secuestrado o desaparecido, posteriormente salí disfrazada de hombre para burlar la vigilancia”.  

“Aprovechando algún descuido pude ver a mi segundo hijo recién nacido estando detenido aun, me operaron del problema estomacal, mientras mis compañeros de la Isla de Coati fugaron al Perú, los que no pudieron huir, fueron apresados, fue entonces que reforzaron la guardia, seis tiras en la puerta del Hospital”, recuerda Peters.

Nos llevaron al Panóptico en calidad de presos aislados, no teníamos contacto con los presos comunes, nos pusieron en libertad debido al decreto de amnistía para la Navidad de ese año. 

Torturas

Las torturas a las que fueron sometidos los compañeros de celdas calaron en las venas de Peters, así relata una de las escenas: “Me llevaron al Bosquecillo de Pura Pura para fusilarme, me enmanillaron, grilletes en los pies y me ataron a un árbol, los agentes me pidieron que diga mis últimas palabras: Viva Bolivia Carajo, dije, fue ahí que escuché los balazos y pensé que estaba en manos de Dios, me echaron agua fría y me llevaron a Viacha, ahí me quejaba porque me dolía mucho la cabeza y la frente”.

“Los perseguidos y prisioneros de políticos fueron tratados como enemigos de guerra, se creó el Departamento de Orden Público DOP, ente encargado de realizar la represión política constituido por paramilitares que reclutaban su personal entre el hampa de la ciudad de La Paz. No hay cifras exactas, se calcula que entre agosto de 1971 y julio de 1978, la dictadura habría asesinado a 200 personas, encarcelado a 14.750 personas, por ofensas contra el régimen y otras 19.140 personas fueron obligadas a salir del exilio. La represión no solo se centró en opositores políticos y dirigentes sindicales, sino que detuvo a periodistas, abogados, economistas, ingenieros, religiosos y religiosas de diferentes creencias que fueron reprimidos por realizar su labor de un modo que el gobierno consideraba subversivo”, Ronald Grebe.

Libre solo por tres meses

“Me quedé en La Paz, abrí mi bufete de abogados, planteando Habeas Corpus, realicé denuncias ante los gobiernos internacionales, los cuales me buscaron para saber mi verdad, a partir de ahí, me tomaban preso cada tres meses, acusándome de tener contactos con el extranjero, pasaba más preso que libre”, cuenta.

“El mantener su fe en Dios y en un pedazo de papel higiénico cambió su vida y la de más de 350 personas que  recobraron su libertad en un estado de dictadura, lucho  por sus ideales”.

Reconocimientos

Son varias las organizaciones del mundo del Derecho que se han manifestado para resaltar y destacar este acto de valor civil. El año 2006 el Consejo de la Abogacía Española le entrego la Presea “Gran Collar de los Derechos Humanos, el 2013 la Organización de los Derechos Humanos Martin Luther King le concedió la Medalla de los “Derechos Humanos en Única Clase”, fue distinguido como “Miembro de Número y Honor” de varios colegios y Academias de Derecho en América Latina y Europa y para este 2016 MOWLAC (El Comité Regional para América Latina y el Caribe) del Programa Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco) decidió incorporar al Habeas Corpus en Papel Higiénico como Patrimonio Documental del Mundo.

Fortunata, a los 92 años, aprende a escribir y enseña a vivir, por Marianela Mercado N.

“No existe edad para aprender”. A sus 92 años Fortunata Huanca  empezó a alfabetizarse, a sus 95 años  lamenta no seguir aprendiendo por los achaques de la edad. 

Nació, según refieren, el 1921 en  una pequeña población del altiplano paceño  cerca del lago Titicaca.  Después de haber dejado casi toda su vida en los surcos de la chacra de papa, oca, habas y otros productos de la agricultura altiplánica, a sus 95 años se ve pequeña y encorvada, pero  vivaz y con ansias de aprender todo lo que el analfabetismo le ha negado en casi un siglo de vida.

Nunca fue más cierto el viejo dicho popular que reza “no  existe edad para aprender”, doña Fortunata Huanca es ejemplo  viviente de voluntad y determinación para salir del enclaustramiento de la ignorancia formal a pesar de la adversidad, a sus 92 años  de vida durante la gestión  2012  se incorporó al programa de Alfabetización “Yo puedo”, emprendido  por el Ministerio de Educación.

Las nuevas necesidades de sus ocho hijos y su  limitada economía la llevan a la ciudad  de El Alto en busca de  oportunidades para su familia, actualmente vive  casi sola, en la  precariedad de una casita en zona Mariscal Sucre, calle Florida, a casi  dos horas  de viaje desde la denominada Ceja en esa ciudad.

Su edad  y el haber quedado  al  cuidado de una de sus hijas, que la acompaña sólo dos días  en la semana, no han impedido que reclame su derecho de acceder a la escolarización,  su derecho de aprender a leer y escribir tal como establece  la Constitución Política del Estado (CPE) Art. 84, donde se propone “erradicar  el analfabetismo”  en la lectoescritura.

“Quiero seguir aprendiendo  pero  ya no escucho bien. Me da pena, ya  no puedo ir desde que he caído a un hueco  y mi pie  me duele, no tengo  quien me lleve…”  lamenta Fortunata que, a sus 95 años, ve frustrado su deseo de seguir aprendiendo. “Pero sigo haciendo tareas…”  dice entusiasta. 

A iniciativa del vecindario de la zona Mariscal Sucre se construyó la  “Auqui Uta”, la casa del abuelo, que luce inconclusa con un galpón  con una lata vieja por puerta, ventanas sin  protección, menos vidrios, donde los viejitos  deben soportar el  frio altiplánico,  un plástico  transparente  con papel de empaque  por debajo como pizarra improvisada,  bloques de adobe y algunas piedras  por pupitre. Ese es el lugar donde  Fortunata Huanca  y sus compañeros abuelos  comparten la experiencia de aprender a leer  y escribir.

La incomodidad de  no contar con una mesa y  sillas, nunca afectaron su empeño para asistir a las clases de los sábados por la tarde y el cumplimiento de las tareas en el cuaderno de escritura y  lectura básica. 

Fortunata dice recordar lo que aprendió, pero a sus 95 años se le hace difícil  adquirir  nuevos conocimientos,  su memoria  ha disminuido, los achaques y un pie afectado  por una caída  la dejan rezagada. Sin embargo, aún se esfuerza en repasar  lo aprendido.

El programa de alfabetización  para adultos mayores que se realizaba en la “Auqui Uta” hasta el  2014 estaba a cargo de cuatro profesores del servicio  de educación fiscal,  una de ellas Hilda Condori la maestra de Fortunata, quien afirma haber compartido una maravillosa experiencia de haber aprendido de la sabiduría de la vejez al compartir  enseñando  lectura y escritura.

Recuerda la profesora Hilda Condori cuando conoció a Fortunata, el año 2012 a sus 92 años, como  una persona vivaz, amable pero con miedo de enfrentar nuevas vivencias,  cargando la soledad de la vejez  y pocas palabras en castellano. Pero quería aprender a leer y escribir.

A pesar de ser el  aymara su lengua originaria y no haber conocido otra forma de expresión verbal, Fortunata   ha aprendido a escribir su  nombre y  a firmar en castellano, a reconocer los recibos de luz, agua, y gas domiciliario, a  contar y sumar números naturales, recursos que actualmente le son de mucha utilidad al momento de hacer sus cuentas en la soledad de su vejez  y en un contexto social que exige mucho más sin miramientos por la edad. 

“Ya no tengo fuerzas para caminar ni trabajar, me siento mal, me estoy curando,  estoy viejita ya no salgo a la calle”, lamenta Fortunata.

En un  gesto de desprendido  cariño  y admiración por la entereza  de la anciana,  la profesora Hilda Condori durante  un año asistió a la casa de Fortunata para continuar con su labor de alfabetización. Pero, el ciclo del programa educativo  a su cargo,  penosamente, ha concluido y por otra la salud de Fortunata ha decaído. 

“Quiero seguir aprendiendo  pero  ya no escucho bien. Me da pena, ya  no puedo ir desde que he caído a un hueco  y mi pie  me duele, no tengo  quien me lleve... Pero sigo haciendo tareas”, lamenta Fortunata que a sus 95 años ve frustrarse su deseo de seguir aprendiendo.  

Con el grupo de adultos mayores  alfabetizados de la zona Mariscal Sucre se ha  logrado avanzar  las  vocales,  monosílabas,  bisílabas un poco de trilíteras,  este aprendizaje básico le ha permitido  a Fortunata como  a otros abuelos de su curso darles más seguridad para vivir. 

“Ella era muy  activa alegre,  traía sus tareas se acercaba  a los profesores de otros grupos  les pedía que le enseñen más. Su problema ahora es su edad no puede caminar, ya no escucha  ni puede ver bien  por la edad”, comentan Catalina de 82 años  y Onofrio de casi 80 años, quienes en su tiempo libre  durante la siembra y  cosecha  de papa  cumplen con la tarea escolar. 

Si bien el proceso de alfabetización para adultos mayores  iniciado por el Ministerio de Educación ha concluido en la zona Mariscal Sucre, se han  abierto  nuevas expectativas de continuar este  trabajo mediante instituciones  de  beneficencia.  

Fortunata Huanca  tal vez ya no pueda  volver a participar de esta experiencia y aprender más como aún quisiera, pero abuelos  como  Catalina  y Onofrio podrán llegar a los 95 años  leyendo y escribiendo en castellano como sueñan.

Amparo Carvajal: “Cuando decidí quedarme en Bolivia, cambié mi vida”, por Lucy A. Rossi S.

Llegó a Bolivia con la orden Mercedarias Misioneras de Bérriz, visitó cárceles, defendió a los más humildes, compartió lo que tenía y decidió quedarse en el país. Desde entonces han pasado 45 años, en los que ha dedicado su vida a defender los derechos humanos, desde tiempos dictatoriales hasta los actuales. 

Una computadora, una cómoda antigua bien conservada sobre la que está un televisor, algunos adornos y un portarretrato con una foto antigua de su familia, en la que se observa a sus padres posando junto todos sus hermanos; una mesa de noche hecha de mimbre y un catre cubierto con una colcha tejida de colores. Es el dormitorio de un pequeño departamento de la zona de Sopocachi, donde vive Amparo Carvajal Baños, la actual Presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz (APDHLP).

Su lento caminar anuncia que por ella han pasado los años, pero en cuanto empieza hablar una energía se apodera de ella, mostrándose incansable como si aún tuviera los 30 años con los que llegó a Bolivia, como parte de la orden Mercedarias Misioneras de Bérriz. 

Soy hija de una dictadura

“En el país vasco, trabajando, me di cuenta de lo que la gente había sufrido en la guerra y cómo estaba en el exilio. Yo llego (a Bolivia) el 71 y el dictador franco muere el 76, yo nazco cuando termina la guerra civil española, o sea, yo soy hija de una dictadura. Entones siempre he dicho que el país vasco para mí ha sido como un despertar, ha sido un kínder, un preescolar; cuando yo llego a Bolivia había golpeado Banzer y ahí empieza la escuela política mía”, cuenta Amparito, como la llaman quienes la conocen y tienen amistad con ella.

Llegó a Bolivia en noviembre de 1971 y pasó su Navidad visitando cárceles. Al año siguiente empezó a desempeñarse como profesora y directora de una unidad educativa, a la par de su labor humanitaria en defensa de los más humildes y de los presos políticos que en ese entonces llenaban los centros de reclusión del país. 

“Cuando decidí quedarme en Bolivia, cambié mi vida. Mis compañeras (de la orden) no entendían cómo podía andar sola y visitando cárceles. Lo que yo más admiro es que me reconocen (en Bolivia) la permanencia indefinida y la titulación. Entro como directora en la Escuela Fernando Bravo como directora para llevar una escuela, tenía y me gustaba el compromiso con los niños. Viajé dando cursos con mejoramiento docente, dando clases de psicología y pedagogía. Venía tan cargada de emociones y vivencias tan humanas que eso me daba una tranquilidad, cuando se fueron (las mercedarias) y me quedé, nunca me sentí sola”, dice la activista de los derechos humanos.

Historia de vida

 “Tengo una computadora y cada día entro en Word y digo empezaré a escribir y siempre me tropiezo. Hay que saber escribir y cuando me preguntan si todas las experiencias las tengo guardadas, les digo que sí, que las tengo bien guardadas en mi mente” 

Verónica Sánchez, activista de la Asamblea, afirma que “Amparo es una persona entregada a defensa de los derechos humanos de las personas más vulnerables, lo admirable es su consecuencia. Ella con sus 77 años es un ejemplo a seguir, hay que escucharla, ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo creo que las nuevas generaciones tendrían que aprender a mirar gente como ella, porque hace lo que dice y dice en consecuencia con lo que hace; y eso ya es una virtud en extinción; todavía hay gente como ella que puede dar testimonio de vida.

Al referirse a la APDHLP, la activista señala que “en cualquier gobierno se ha denunciado las violaciones a los derechos por parte del Estado, pero como nunca antes, durante la gestión de Evo Morales esta situación ha querido afectar la vida orgánica de la Asamblea, porque nosotros venimos haciendo el mismo trabajo de siempre: difusión de los derechos y denuncias. Eso lo venimos haciendo desde 1976, pero hoy día, el gobierno no acepta las denuncias que hacemos, porque en el discurso se muestran defensores de los derechos, pero en la práctica no lo hace. Y quien denuncia es la Asamblea de Derechos Humanos, por lo tanto, la Asamblea se ha convertido en un verdadero escollo, por lo que ha intentado intervenir (la APDHLP) utilizando grupos de choque, mal utilizando a los movimientos sociales afines al gobierno y claro arremeten contra la Asamblea de la peor manera”

Carvajal ha sido reelecta como Presidenta de la APDHLP, como resultado del XXI Congreso Ordinario desarrollado a finales de marzo. Esta institución, que viene denunciando las violaciones de los derechos en tantos casos emblemáticos como Caranavi, Chaparina, Apolo y tantos otros, así como casos particulares.  

Datos

En su Informe Anual (2015-2016) que realiza Amnistía Internacional da cuenta que los atropellos a los DDHH continúan en el país en temas como la impunidad de las víctimas de las dictaduras (1964-1982); la ausencia de un mecanismo independiente que registre e investigue las denuncias de tortura, como el caso de Juan Bascopé; la no aplicación de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en 2014 que suprime la obligación de obtener autorización judicial para abortar en casos de violación; la investigación de la represión de Chaparina; la amenaza del gobierno de expulsar a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), por denunciar la violaciones de derechos por parte del Estado y las deficientes instalaciones higiénicas, el acceso a atención de la salud y al suministro de alimentos y el hacinamiento en las centros penitenciarios. 

Paulino Verástegui, el abogado que propone instituir la meritocracia en Bolivia, por Krsna J. Cáceres Morón de los Robles

Sugiere que se conforme un equipo de notables que tenga poder determinante en la designación de autoridades judiciales. La independencia del Órgano Judicial es fundamental, asegura.

Paulino Verástegui Palao fue asesor en materia penal en delitos de orden público como de orden privado. Es miembro del equipo técnico de implementación del Nuevo Código de Procedimiento Penal. Fue Director de Política Criminal y Director General de Acceso a la Justicia y Justicia Comunitaria del Viceministerio de Justicia. Consultor Asistente de la experta política de la Unión Europea de Observación electoral para el Referéndum sobre la Nueva Constitución Política del Estado del 25 de enero de 2009.

Para este profesional que tiene más de 16 años de trayectoria en el ejercicio del Derecho como abogado constitucionalista y penalista en Bolivia, establecer la meritocracia en Bolivia para la designación de Magistrados del Órgano Judicial debería ser un factor muy importante, con la finalidad de garantizar la idoneidad de las autoridades que administren la justicia en el país.

"Lo meritocrático  no es coleccionar títulos, eso es discutible. Toma en cuenta variables como el ejercicio correcto de la profesión, la formación académica, también la cuestión moral y ética en su vida privada, por lo que lo hace un profesional idóneo y un ejemplo a seguir en todo momento", indica el profesional en leyes.

Según la propuesta de Verástegui, es importante que distintas instituciones de la sociedad se sumen al proceso de preselección. Para esto se puede crear un consejo de "personalidades profesionales notables" para hacer ese trabajo, con la finalidad de sacar el asunto del terreno político y así darle un alto grado de legitimidad al proceso, lo que no solo serviría para la postulación de altos cargos del Órgano Judicial, sino también para la designación honoraria de vocales y jueces de menor rango.

"Es importante trabajar en el proceso de preselección, donde el elemento meritocrático de idoneidad y ética deben ir a la par y deben ser lo más claro posible para la población en general", afirma Paulino Verastegui, Abogado especialista en Reforma Judicial. 

En Bolivia existen leyes de lujo, a comparación de otros países de la región, pero los que fallan son los operadores de justicia. "Fallan los Recursos Humanos porque nos encontramos en una cultura cíclica de la corrupción ya que la población se acostumbró a pagar para que las cosas marchen más rápido y los profesionales que aceptan e incluso piden estos sobornos, como una acción deplorable del ejercicio de sus competencias, nos muestra tal y como somos en realidad".

En el país existe una fuerte crisis terminal de valores humanos, en la que incluso se relativiza la palabra empeñada y por ende se menoscaba el honor de esa persona por los actos que comete sin pensar en los valores éticos y morales que deben partir de cada uno. Estamos viviendo una época maquiavélica donde "el fin justifica los medios" y eso va en contra del desarrollo social de un país, porque afecta a todos y no solo a la institución o a las personas que están involucradas.

Por lo expuesto, los profesionales idóneos que postulen para ser jueces y fiscales, deberían ser escogidos por meritocracia y con altos estándares éticos y morales para ser tomados como ejemplos sociales probos e intachables.

En Bolivia la Constitución Política del Estado fue modificada 17 veces a los largo de su historia, entre los años 1831 y el 2007. El problema de la Justicia en Bolivia es que siempre ha sido manejada de manera política y partidaria con políticas de Gobierno, pero no de Estado, como en otros países donde no importa quién se haga cargo de la silla presidencial, hay aspectos intocables y troncales a la división de poderes que los hacen independientes y autónomos en sus determinadas funciones y que por ende son decisivas y deberían ser intocables dentro de un país. Según Verastegui, "en Bolivia no se cumple ni la propia Constitución Política del Estado".

En este caso debería existir un pacto social para garantizar la independencia Judicial.

Para la sociedad en general en Bolivia no existe una administración de Justicia creíble, eficiente, democrática e independiente ya que se mantiene una estructura jerárquica pesada, corrupta y la mayoría de las veces discriminadora, lo que crea una permanente crisis judicial en nuestro país. 

Según datos judiciales, 42 personas de cada 100 que van a realizar alguna gestión en el Ministerio Público, pagan algún monto económico a manera de coima, mientras que 31 de ellas lo haría en los juzgados donde se atienden sus casos.

La profunda crisis Judicial en la que está inmersa Bolivia solo saldrá de su permanente problemática cuando tanto el Órgano Judicial, como el Gobierno y la Sociedad en general hagan conciencia de este inminente hecho y se den verdaderas políticas de Estado, y no de Gobierno,  para garantizar la independencia plena de la justicia, donde ya no existan injerencias políticas, ni sean permitidas las coimas para dar una celeridad y fallo a favor de la corrupción; sino más bien solo esté presente la ética, los valores y la moral profesional y social en todo momento.

Gualberto Cusi pasó de ser autoridad a víctima del sistema judicial, por Karen Gil

El ex magistrado fue suspendido de sus funciones del Tribunal Constitucional en 2014 y ese mismo año el Gobierno vulneró su derecho a la privacidad de su salud. Ahora, su vida es “luchar, luchar y luchar”.

Por la noche, después del anuncio, Gualberto Cusi no podía dormir. La única idea que agobiaba su mente era la posibilidad de terminar con todo. Sus principales miedos: que la gente al conocer su enfermedad hable mal de él y que su proyecto de vida se frustre, estaban muy cerca. Si bien no sabía con precisión si se encontraba en el cuarto o quinto piso, miraba las ventanas de su habitación del Hospital de la Caja Petrolera y calculaba si la caída de una de ellas sería mortal. 

Ese lunes 22 de diciembre de 2014, el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, informó, en conferencia de prensa, que el entonces magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tenía VIH, noticia difundida por todos los medios de comunicación y en las redes sociales. 

Esa información fue criticada por muchas personas e instituciones de derechos humanos por vulnerar la Ley 3729, que garantiza que ese dato se mantenga en reserva inclusive después de la muerte del paciente. Aun así, el presidente Evo Morales respaldó a Calvimontes y justificó que la medida pretendía evitar que el personal de salud del nosocomio, que ignoraba del mal que aquejaba al ex magistrado, se contagie.

En los siguientes días, gracias al apoyo de sus amigos y médicos, la idea del suicidio se disolvió en la cabeza de Cusi, quien estaba hospitalizado por cuarta vez a causa de una tuberculosis ganglionar, que arrastraba más de un año.

Cuando Cusi —moreno, anteojos sobre la mitad de la nariz, sombrero negro de ala ancha— recuerda esa etapa de su vida se pone un poco nervioso y un color rojizo suave invade sus ojos, sin embargo, su voz sigue apacible y segura. 

Tras salir del hospital, muchas personas se solidarizaron con él. Otras, cuando pasaban cerca suyo —si es que lo hacían y no desviaban sus pasos al verlo—, escupían cerca a sus pies. En ese entonces, a Cusi esas actitudes, al contrario de lo que creía cuando se enteró de su enfermedad, no le afectaron tanto. Pero ahora, a más de un año del hecho, siente los efectos.

—La verdad en ese momento no sentía tanto, quizás estaba envalentonado, pero ahora siento esos actos atentatorios contra mi vida—, dice don Gualberto, aymara de 50 años nacido en la comunidad Jilatiti Qullana del Ayllu Chama de Jesús de Machaca de La Paz. 

Cree que el objetivo del Gobierno, al develar su enfermedad en una sociedad que aún ve con mucho tabú y discriminación el VIH/SIDA, era desprestigiarlo porque su popularidad subía a partir de su disidencia. 

–El hecho de divulgar mi situación de salud ha sido mi muerte civil— afirma, tras terminar de almorzar en un restaurante de El Alto, ciudad donde vive hace más de 10 años.

Desde su suspensión del TCP, se presentó a varias convocatorias laborales tanto de universidades como de entidades del Estado pero no tuvo suerte y actualmente está desempleado, aunque a veces da clases en la Universidad Pública de El Alto, pero dice que no es un trabajo seguro.

—De frente la gente no me dice nada, pero yo sé que entre ellos generan una corriente de lo negativo de mí, principalmente la gente del MAS y otra, que no conoce la temática y me hace a un lado en todo—, explica. 

La falta de trabajo poco a poco afecta su economía, pues sus ahorros ya se le acaban y con el poco dinero que tiene no puede cubrir la alimentación reforzada que requiere para combatir su enfermedad. 

Hasta la imprudencia del Ministro, quien luego asumió la dirección de la Caja Petrolera, nadie del entorno de Cusi, con excepción de un amigo, sabía sobre su enfermedad. Para su familia, principalmente, para su madre de 94 años fue un golpe que tardó en asimilar algunos días y desde ahí fue un apoyo indispensable para don Gualberto.

—Mamá es mamá, yo ese momento valoré lo que es una mamá. Ella te entiende, te acepta como eres —dice y presiente que su progenitora no almorzará hoy hasta que él llegue a casa.

De autoridad judicial a víctima

Cusi, —quien durante su gestión siempre vestía poncho rojo y una bufanda color tierra— fue uno de los magistrados más polémicos del TCP debido a sus declaraciones, muchas veces críticas al Gobierno. Fue el primer magistrado que denunció injerencia del Ejecutivo y del Legislativo en el Sistema Judicial. Tras sus aseveraciones, en 2014, él y dos de sus colegas fueron suspendidos de sus funciones por la Asamblea Legislativa para ser sometidos a un juicio de responsabilidades. 

A Cusi y a las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez se les acusaba por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes por haber paralizado, de manera momentánea, la aplicación de la Ley del Notariado, por considerarla anticonstitucional.

—No hubo pruebas de que hayamos cometido un delito. Se trata de un juicio absolutamente político. No se han respetado ninguno de nuestros derechos y garantías.

Entre los temas que marcaron la distancia entre el Ejecutivo y Cusi estuvieron la consulta previa en el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) —Cusi fue el único disidente en el fallo de constitucionalidad de la consulta— y la reelección del presidente Morales, la cual fue enviada y declarada constitucional en el TCP tras la suspensión de las tres autoridades judiciales.

Por ello, a finales del año pasado, Cusi y Velásquez —quien renunció a su cargo por motivos de salud y depresión a causa del juicio— denunciaron al Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de persecución política e injerencia en la justicia, además Cusi dio a conocer la vulneración a la privacidad de su salud.

Pero, debido al alto número de denuncias ante esta instancia, su caso quizás recién sea analizado el siguiente año. Entre tanto, Cusi está a la espera del avance de dos demandas que interpuso en el país contra el ministro Calvimontes. La primera, por la vía administrativa, ante el Colegio Médico de Santa Cruz y la segunda, judicial, ante el Tribunal de Justicia de La Paz. Pero las dos están paralizadas. 

—Bueno una cosa es ser autoridad y otra es ser víctima de la justicia. Y ser víctima es terrible, hay veces ni siquiera coordinas bien tus ideas. Muchas veces decía, yo soy abogado no necesito uno, pero se necesita asesoramiento cuando se tiene problemas. 

Activismo por la vida

Luego de que su enfermedad se hiciera pública y fuera alejado de sus funciones, don Gualberto pasaba las noches dando vueltas en su cama hasta las dos o tres de la madrugada sin conciliar el sueño. Ahora, que ocupa su día en la defensa de los derechos colectivos, duerme a las diez u once de la noche, aunque algunas veces se queda a escribir su texto de propuestas para la aplicación efectiva de la justicia indígena, el cual espera publicar una vez encuentre financiamiento.

La mañana que se lo entrevistó informó en dos encuentros sobre las consecuencias que tendrá el Centro de Investigación Nuclear en El Alto. En su intervención en la reunión de la Federación departamental Única de Mujeres campesinas Originarias de La Paz Bartolina Sisa, contraria al Gobierno, explicó, en aymara y español, cómo los residuos de la planta, financiada por Rusia, contaminarán el agua y la tierra de varias provincias paceñas.

Encara el trabajo de información sobre esta temática con la “Comunidad Vida”, grupo que creó con Emilse Éscobar, su amiga de más de una década, con quien se volvió a reencontrar hace unos meses. Juntos caminan por varios lugares de El Alto explicando el tema. Decidieron asumir esta labor como un juego y, así, divertirse mientras luchan por el respeto a los derechos comunes.

—Es muy fuerte y tiene mucha paciencia—, relata doña Emilse quien irradia alegría y compromiso con su amigo.

A diferencia de fines de 2014, cuando asumía su defensa en la Asamblea Legislativa, donde se lo veía en silla de ruedas, con suero y oxígeno, hoy don Gualberto tiene un mejor semblante, subió de peso y su salud está estable.

Se autodefine como amante de la vida y cree que después de haber afrontado problemas de salud, valora y goza a plenitud su vida. Ahora que superó su depresión y los momentos críticos de su enfermedad, disfruta del activismo y estar con la naturaleza en las cumbres, cerros y cerca del Lago Titicaca, lugares que le dieron fuerza en los momentos más difíciles.

—La vida es luchar, luchar y luchar… por la vida, por la felicidad, por el bienestar, en varios sentidos: superarse académicamente, estar comprometido con las causas comunes— concluye y con doña Emilse se van del restaurante para continuar con su labor.