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martes, 17 de mayo de 2016

Víctor Hugo Carvajal fue uno de los 100 periodistas perseguidos en las dictaduras, por Reyna Gabriela Mojica Calsina

Era dirigente del gremio y, en ese papel, decía su palabra en favor de la democracia. Por eso, sufrió los rigores de los gobiernos de facto de Hugo Banzer Suárez y Luis García Meza Tejada.


Con las cicatrices físicas y emocionales que le dejaron las torturas a las cuales fue sometido por el régimen de Banzer, Víctor Hugo Carvajal, periodista retirado, recuerda como fue perseguido, torturado y exiliado en la década de los 70 y 80 por luchar contra la dictadura militar.

“Ya estaba señalado, pero me ficharon cuando hablé en el décimo cuarto congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia allá en el distrito minero de siglo XX, en ese entonces era parte del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz y por azares del destino ese día manifesté mi pensamiento progresista, que estaba en contra de la doctrina de la seguridad nacional impuesta por los golpistas”.

Carvajal comenzó  como ayudante de noticias internacionales de EFE (agencia de noticias española), Associated Press (agencia de noticias norteamericana) y del periódico matutino Presencia. Al principio de la década de los 60, su tutor fue Alfonso Claure, quien lo guío para que pueda desarrollar su trabajo, pues en aquella época no existía la carrera de Comunicación Social en Bolivia. Posteriormente fue periodista de planta del mismo periódico y corresponsal de la Agencia de Noticias Alemana  DPA (Deutsche Presse Agentur) y de Radio Fides.

Paralelamente a su carrera periodística su vida sindical comenzó a perfilarse, empezó siendo miembro del Comité Sindical de su periódico, pasando posteriormente por el Sindicato de trabajadores de La Paz y la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, pero no se quedó ahí, pues fue miembro activo tanto de la Acción Boliviana Ciudadana, donde se estudiaba y analizaba la Ley General del trabajo entre otras cosas, como de la Iglesia y Sociedad para América Latina, que en ese tiempo era como la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.

Lo tomaron preso el 1 de septiembre de 1971, a los diez días de implantarse el régimen de Banzer. “Me sacaron de mi casa en mitad de la noche policías civiles” y lo acusaron de pertenecer al Ejercito Liberal Nacional y ser miembro activo del Partido Comunista, manifestó Carvajal. Fue torturado y preso por más de un año en el Ministerio del Interior, la Prefectura del Departamento de La Paz, en Villa Victoria, Senkata y Viacha, desde donde lo exiliaron rumbo a Ecuador.

Volvió a Bolivia en el breve restablecimiento democrático, pero cuando se instauró el régimen de García Meza tuvo que declarase en la clandestinidad por seis meses y formar parte de la resistencia, saliendo del país por el lago Titicaca. “Salí en un botecito de totora rumbo a Perú, de esos chiquititos que hay, y de ahí me fui a Venezuela donde mi familia se encontraba, porque ya teníamos un plan, si nuevamente había un golpe yo desaparecería y nos encontraríamos en Caracas con mi esposa y mis hijas”. Pues en ese país encontró trabajo después de ser exiliado la primera vez, con la ayuda de paisanos y la Agencia de Información Alemana.

Él no fue el único, 99 periodistas más corrieron la misma suerte con las dictaduras militares, entre ellos su hermano René Carvajal, así como Carlos Arze, Heliodoro Ayllón, Luis Antezana, Luis Alcázar, Milton Añez, Jorge Arce, Carlos Arce, Eduardo Ascarrumz, Irving Alcázar, Pablo Arrieta, Alberto Bailey, Amalia Barrón, José Valdivia, Freddy Caballero, Teddy Córdova, Jorge Calvimontes, Amado Canelas, José Centellas, Carlos Decker, Hugo Díaz, Clovis Díaz, Javier Echenique, Alberto Garnica, Juan del Granado, José Gonzáles, Rafael Lineo, Gabriel Lípez, José Luque, Juan León, Jorge Mansilla,  Marcial Mansilla, Mirna Murillo, Augusto Montesinos, Víctor Mayorga, Mario Marañón, Eduardo Ojeda, René Olivares, Gonzalo Otero,  Oscar Peña, Antonio Peredo, Iván Paz, Marcelo Quiroga, Daniel Rodríguez, Raúl Rivadeneira, Mario Rueda, Carlos Rossel, René Rocabado, Gustavo Sánchez, Gloria Sélum, Jorge Suárez, Luis Soruco, Hugo Serrano, Pedro Shimose, Norma Sevillano, Juan Salazar, Carlos Soria, Andrés Soliz, Víctor Sandoval, José Vargas, Eduardo Vásquez, Humberto Vacaflor, Ramiro Velasco, Rolando Vizcarra, Rudy Vizcarra, Gilberto Villarroel, David Zapata, Nataniel Álvarez, Carlos Andrade, Carmelo Andrade, Luis Andrade, Freddy Arispe, Verónica Basaure, René Bilbao, Waldo Barriga, Alcira Cardona, Willy Camacho, Roberto Cuevas, Pablo Cuentas, Jacobo Liberman, Juan López, Gonzalo López, Walter Montero, Ernesto Miranda, Luis Morán, Clovis Meneses, Harold Olmos, Mario Otero, Walter Patiño, Juan Pereira, Diego Suárez, Fernando Saavedra, Alberto Torrico, Adolfo Ugalde, Luis Salinas, Arturo Von, Gróver Vega y Teodoro Orozco, según el Folleto anónimo que circuló en 1977 y que posteriormente fue difundido por la Comisión Boliviana de Justicia y Paz.

Actualmente todos los periodistas que sufrieron en las dictaduras fueron discriminados por el gobierno de Evo Morales, pues, en palabras de Carvajal, fueron eliminados de las listas todos los trabajadores del gremio periodístico por razones desconocidas, debido a lo cual no perciben la restitución moral y económica establecida por la “Ley de resarcimiento excepcional a víctimas de la violencia política en períodos inconstitucionales” (Ley 2640), como tantos otros que conforman la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad, la Justicia y Memoria Histórica del pueblo Boliviano.

viernes, 13 de mayo de 2016

El Gobierno mantiene una retórica agresiva contra los medios de comunicación, por Nancy Vacaflor Gonzales

Los llama enemigos, mentirosos y otros calificativos. La Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH en su informe de 2014 recomienda a las autoridades estatales deben evitar la “estigmatización y la descalificación” a los periodistas y medios de comunicación.


El poder político del gobierno de Evo Morales instaurado hace 10 años, ha mantenido un discurso de desafectos hacia los medios de comunicación, a los que concibe como instrumentos de la derecha, por lo tanto opositores y enemigos.

Los calificativos han sido expresados en diferentes discursos y momentos a lo largo de esta década. El gobierno en sus vocerías más importantes no ha dudado en utilizar los micrófonos para advertir a la población que muchos medios de comunicación masivos “mienten”, pero también son “opositores”.

Presidente Evo Morales: “Quiero decirles sin ningún miedo el único opositor que tenemos en Bolivia son algunos medios de comunicación después de cinco años creamos un Ministerio de Comunicación para decir la verdad, con la verdad combatir la mentira, que la verdad se imponga y no la mentira de algunos medios de comunicación” (Agencia de Noticias Fides 20 de marzo 2011).

Paralelamente, el Gobierno sostiene que la libertad de expresión está garantizada y como en ninguna otra etapa democrática la prensa escrita, la televisión y la radio se han manifestado libremente y sin censura. 

Sin embargo, el Gobierno descargó su responsabilidad en los medios de comunicación cada vez que enfrentó una crisis política. Está demás mencionar el conflicto por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el denominado ‘gasolinazo’, los comicios electorales y ahora el caso Zapata, solo para poner algunos ejemplos más notorios.

El presidente Morales durante el conflicto de los indígenas de tierras bajas que se opusieron a la construcción de una carretera por su territorio, dijo que los medios eran sus principales opositores y los acusó de magnificar el caso. Citó por ejemplo a las radios Panamericana, Erbol y el diario Página Siete. 

Presidente Evo Morales: “Exageraron y siguen exagerando”. “Algunos medios de comunicación solo sirven para mentir, mentir y mentir” (El Deber 28 de septiembre 2011). 

La autoridad reprochó desde ese tiempo hasta hoy, un titular del periódico Página Siete durante el conflicto por el TIPNIS, en el que citaba la muerte de un niño. Aunque el medio rectificó la información, las autoridades sostienen que fue un hecho intencional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 2014, hizo notar como una preocupación la “estigmatización y descalificación” en las declaraciones públicas de altas autoridades estatales.

El 13 de octubre de 2011 en una conferencia de prensa el Mandatario calificó a las emisoras radiales Erbol y Fides como sus “primeros enemigos”, argumentando que son administradas por la Iglesia Católica. La reacción se produjo por una pregunta de un periodista de uno de esos medios.

Para el director ejecutivo de Erbol, Augusto Peña, ya no es de extrañarse y dice que los periodistas “están acostumbrados” a las permanentes alusiones de altas autoridades de Estado, lo que no influye en el tratamiento de las noticias.

“No hay temor ni intimidación”, relata Peña, quien no descarta que la red de radios que dirige acuda a la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar el atropello a los derechos que les garantiza la Constitución Política del Estado.

En relación al tema, la CIDH tiene conocimiento de este caso y lo menciona en su informe anual de 2014. En sus recomendaciones, recuerda que “los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”.

E insiste que las expresiones de altas autoridades estatales no constituyan, en palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”.

Son incontables las veces que el vicepresidente Álvaro García Linera se ha referido a los medios de comunicación. Los calificativos son desde mentirosos hasta tontos.

Vicepresidente Álvaro García Linera: “Coloco a Página Siete como un periódico opositor, solo eso justifica esta metida de pata (la publicación sobre su libreta). Mentirosos y tontos: (Samuel) Doria Medina, Página Siete, senador Arturo Murillo y señor (Andrés) Gómez (exdirector de Erbol)”. (ANF enero 2016).

La autoridad también aseguró en mayo de 2012 que en las cadenas de televisión existe una suerte de “dictadura mediática”, en esa oportunidad alentó para que más medios comunitarios funcionen para contrarrestar la mentira.

Las autoridades de Gobierno también observan que los medios de comunicación den cobertura a exautoridades que son investigadas y que están fuera del país. 

Presidente Evo Morales: “Qué pena que algunos medios de comunicación sean los mensajeros, los portavoces de los delincuentes que se escapan de la justicia boliviana y opinan desde afuera, desde Estados Unidos o de un país sudamericano, hablando del tema del narcotráfico”. (El Deber marzo 2015).

No obstante, la Relatoría recuerda a las autoridades “la importancia de crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones. Y que la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, son condiciones fundamentales de cualquier sociedad democrática”.

La Constitución Política del Estado impulsada por el partido gobernante y aprobada en un referéndum con amplia mayoría garantiza a los bolivianos a “expresar y difundir libremente  pensamientos y opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual y colectiva”. 

En los comicios de 2015, el Gobierno culpó a los medios de comunicación y también a las redes sociales de amplificar el caso Zapata con fines electorales. Las autoridades acusaron a algunos medios de impulsar una “guerra sucia” junto a las redes sociales en contra de la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, advirtió e insinuó la desaparición de algunos medios de comunicación y para ello recordó lo que pasó con el periódico La Prensa, del que dijo que “desapareció por haber cometido el pecado capital de mentirle al país”, aunque no precisó cuál fue la mentira; y en ese sentido se preguntó: “¿Cuántos medios de prensa van a desaparecer como consecuencia de esta osadía temeraria de mentirle al país?”, dijo el 4 de marzo de este año.

Las máximas autoridades de Estado ante las informaciones difundidas por los medios se han autodefinido como víctimas, porque los medios habrían asumido un rol político que incluso han suplantado a los partidos políticos de oposición. La acusación no ha sido una sola vez.

La Relatoría recuerda que la libertad de expresión debe garantizar no solo respecto a las informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas, “sino en cuanto a las que ofenden, chocan o inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”.

Aunque el Gobierno justifica sus manifestaciones públicas en contra de los medios como el “derecho” que tienen para desenmascarar las mentiras de los medios de comunicación y sus nexos con los partidos políticos de oposición.

Augusto Peña observa que el Gobierno centralice sus críticas solo en contra de algunos medios de comunicación y niega que el objetivo de esta red sea partidaria. “No nos sentimos opositores, somos un medio de información. No podemos ser tildados de opositores. Pero tampoco mentirosos, nos manejamos con la verdad”, afirma.

Es más, en este mismo informe la Relatoría hace recomendaciones generales para todos los Estados donde sus autoridades podrían haber incurrido en declaraciones que “estigmaticen o descalifiquen” y las exhorta a “contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia  y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas y estigmatizadas”.

La asfixia económica a medios de comunicación pasa factura a los periodistas, por Karen Gil

Recortes de personal, pagos atrasados, salarios bajos, impedimento de crecimiento y autocensura son algunas de las consecuencias que viven los periodistas y los medios de comunicación privados que no pueden acceder a la pauta publicitaria del Estado, principalmente, por su visión crítica al actual Gobierno.


Mauricio Espinoza (nombre cambiado) es periodista hace 10 años. Cuando inició su labor cubría un área informativa, ahora tiene que hacer “malabares” para cubrir dos o hasta tres áreas al día. Muchas veces, en coordinación con la radio en la que trabaja, prioriza las noticias debido al poco tiempo, otras veces llega a cubrir casi todas, pero no con mucha profundidad. En los últimos años, varios medios de comunicación hicieron recortes de personal y otros ajustes a falta de suficientes ingresos económicos, a causa de que el Gobierno no pautea sus publicidades en los mismos generando una asfixia económica.

El año pasado, la  Asociación Nacional de Prensa de Bolivia (ANP) denunció que el Gobierno de Evo Morales intentaba asfixiar económicamente a los medios de comunicación que —en su criterio— hacían política y no periodismo. Si bien el Gobierno negó dicha asfixia, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, —en una interpelación sobre el tema en la Asamblea Legislativa Plurinacional— reconoció que “hay discriminación positiva” en la asignación de publicidad gubernamental.

Según los datos del partido político Unidad Demócrata (UD), el año pasado, los medios televisivos ATB, PAT y BTV accedieron al 55% de toda la publicidad estatal, la cual en 2015 fue de 216 millones de bolivianos, según datos del Ministerio de Comunicación. 

Mientras tanto, varios medios no reciben pauta publicitaria por parte del Gobierno, lo que significa una importante pérdida porque, según estudios especializados, entre el 70% y 80% de la publicidad general que perciben las empresas mediáticas proviene del Estado.

Por ese motivo, en agosto del año pasado, Amalia Pando, periodista con vasta trayectoria, dejó la radio Educación Radiofónica de Bolivia (Erbol), tras 10 años de trabajo, para que de alguna manera se destrabe la asfixia económica al medio. “La política del Gobierno es la clausura de Erbol, se lo digo con toda claridad”, escribió en su carta de renuncia.

Al respecto, en febrero de este año, en el documento “Principios sobre regulación de la publicidad en el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos”, la CIDH estableció que “en el caso de la distribución de la publicidad oficial, se configura un caso de censura indirecta cuando la misma es realizada con fines discriminatorios de acuerdo a la posición editorial del medio incluido o excluido en ese reparto y con el objeto de condicionar su posición editorial o línea informativa”.

Los medios afectados más visibles son: Erbol, el periódico Página Siete y la Agencia de Noticias Fides (ANF), que además en varias ocasiones fueron calificados por las principales autoridades del país como “medios opositores”, “medios de la oposición” o “medios mentirosos” y que, en opinión de sus directores, publican información que disgusta al Gobierno.  

“Somos medios de comunicación, no somos un partido político. No estamos compitiendo o peleando contra él (Gobierno). Estamos haciendo un trabajo, nos podemos equivocar un momento, toda institución y todo ser humano se equivoca, pero en ningún momento con intención”, explica el director general de la ANF, el padre Sergio Montes. Recuerda que el trabajo periodístico es evidenciar lo que está mal o escondido y que por eso el poder se siente interpelado e inquieto.

Pero, además de los recortes del Estado, los medios señalan que no cuentan con mucha publicidad porque algunas empresas privadas no publicitan sus servicios o productos en dichos medios. “Hay una intención de asfixiar a los medios mediante recorte total de la publicad del Estado, pero también hay presión a la empresa privada para que deje de anunciar en esos medios y no faltan las empresas que se prestan a eso por temor, probablemente, a dejar de hacer negocios con el Gobierno”, afirma el director de Página Siete, Juan Carlos Salazar.

Esta situación ocasiona que los medios de comunicación no cuenten con la suficiente liquidez económica, por ello atraviesan por un momento de “sobrevivencia”, lo que les limita a realizar su trabajo periodístico, lo que a su vez influye en la calidad informativa. 

Recortes de personal 

A raíz de la crisis económica por la que atraviesan, Página Siete, Erbol y otras radioemisoras —por ejemplo, en la que trabaja Mauricio, que pidió no se mencione su nombre completo— vieron la necesidad de recortar el personal.

Salazar indica que Página Siete, probablemente, redujo su nómina en un 50% en comparación a su fundación en 2010, cuando la mayoría de las secciones contaban con tres o cuatro reporteros. La reducción fue paulatina, frente a las renuncias del personal no se volvió a cubrir todos los cupos. Esto provocó el cierre de algunos productos para abrir otros; se crearon tres suplementos en los dos últimos años.

Lo mismo ocurrió en Erbol, que para mantener su estructura institucional necesita generar “buena cantidad de dinero” y al verse limitado de la publicidad estatal —que hasta antes de 2012 era 70% del total y ahora sólo 10%— compensa con producción de cuñas y documentales radiofónicos para Organizaciones No Gubernamentales (ONG), pero que los ingresos no son suficientes.

“Reducir personal es lo más doloroso. Una persona que debería concentrar sus actividades en una tarea, tiene que realizar ahora dos o tres tareas, porque la función de la dirección ejecutiva apunta a preservar el bien mayor, en este caso, la institución”, justifica el director ejecutivo, Augusto Peña.

Por el poco personal, Isaac Rojas (nombre cambiado), reportero de Erbol, cuenta que la carga horaria es superior a las ocho horas y que no se pagan horas extras. Además, señala que en los últimos meses desde la dirección se les repite diariamente que, por cuestiones administrativas, se reducirá al mínimo el personal. “Ellos van a elegir quién entra y quién está afuera y van a hacer contratos anuales. Es bastante desmotivador que cada día nos recuerden que (la situación) está mal y está próximo nuestro despido”, dice mientras camina presuroso a su medio.

Al respecto, Peña explica que Erbol nunca engaña a sus trabajadores “probablemente se atrase (en los pagos) o le diga al compañero ya no vamos a poder pagarte, vamos a tener que retirarte, pero siempre le dice la verdad”.

Los directores admiten que la falta de personal complica el nivel periodístico. Por ejemplo, Salazar señala que su diario está limitado en crecer y generar más productos; Peña explica que la radio no puede cubrir físicamente varios hechos a la vez y que ya no transmite 24 horas; y Montes dice que la agencia no puede hacer periodismo de investigación de manera más continua.

Los periodistas también se ven limitados en profundizar sus notas. “Al reducirse el personal, muchas veces tenemos que cubrir otras fuentes más. Y esto afecta a la calidad en el sentido en que por la cantidad de notas y la rapidez que significa la radio, las haces rápidamente, sin mucha profundidad, sin hacer un poquito de investigación, sin buscar parte y contraparte ese instante”, relata Mauricio mientras espera una conferencia de prensa.

Pagos atrasados

Carmiña Moscoso, periodista y dirigenta sindical de El Diario —medio que tampoco recibe mucha publicidad del Estado y sus principales ingresos provienen de los anuncios en sus páginas amarillas y de sus ventas— señala que actualmente su medio está retrasado con el pago de salarios. “Ahora nos adeudan dos meses, pero eso dice la ley, te da esa opción”, declara mientras espera movilidad para retornar a su casa.

Similar situación atraviesan los otros medios mencionados, pues sus directores explican que si bien cuentan con dinero contable tienen problema de liquidez, puesto que no son inmediatos los pagos por publicidad o, en caso de ANF, por el servicio que brinda a medios e instituciones. Esta situación se agrava aún más en ANF pues al ser una institución sin fines de lucro tiene el dinero justo para sus costos de operación a partir de su auto sostenibilidad que no muchas veces logra cubrir gastos.

“El retraso en pagos de los malos clientes, malos clientes son el Estado en el sentido en que sus pagos son únicos, hay que esperar que termine el contrato y todavía se tiene que esperar los procesos administrativos. Entonces no teniendo un colchón de reserva se complican las cosas porque a veces hay que retrasar pagos, obviamente eso a cualquiera le molesta e incómoda”, explica Montes.

Salarios bajos

Otra de las consecuencias del problema económico de los medios es que muchos se ven obligados a contratar periodistas con poca experiencia, inclusive aún en formación universitaria a los que se les paga un salario menor y esto a la vez repercute en el pago de los periodistas con más experiencia.

Al respecto, Salazar explica que éste es un problema general de varios periódicos del mundo, debido a la crisis periodística a partir de la llegada de la era digital, donde la información ya no es exclusiva de los periodistas y hay varios portales de información gratuitos, además de las redes sociales.  Indica que su en diario trabajan jóvenes reporteros, pero se equilibra con periodistas experimentados que se desempeñan como editores y en algunas secciones donde se requiere gente “más avezada”.

Lo mismo le sucede a Erbol que, si bien cuenta con periodistas reconocidos, contrata a reporteros en proceso de formación y a pasantes. “Cuánto quisiéramos tener en nuestra planta a periodistas con mucha experiencia, con más recorrido, pero tenemos que optar con personal que pueda tolerar nuestra escala salarial, que no significan que sean salarios bajos”, expresa Peña.

Montes señala que la ANF se ve limitada en los pagos. “Ciertamente sufrimos de la posibilidad de ofrecer más ventajas competitivas a nivel salarios respecto a medios grandes, respecto a los medianos y pequeños estamos mejor”. Califica a sus trabajadores de comprometidos con la agencia.

¿Autocensura?

El 17 de julio de 2015, durante los conflictos entre el Gobierno y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), el periodista Jonatan Condori de Erbol fue sindicado por el vicepresidente Álvaro García de haber mentido en una publicación en su cuenta personal de twitter que señalaba: “Policías de élite y antimotines resguardan plaza Murillo, y Gobierno dialoga con alcaldes y organizaciones masistas”. Dicho post fue replicado por Samuel Doria Medina, líder del partido de oposición UD, por lo que el Gobierno lo vinculó con la radio: “¿Erbol de Doria Medina, pero ya conocemos la línea de Erbol? Erbol haciendo eco de los vende patrias”. 

Por la tarde de ese mismo día, Jonatan fue convocado por el director de la radio quien le pidió una explicación. Él indicó que tenía pruebas de ambas informaciones puesto que al twitt, publicado a las nueve de la mañana, le respaldaba dos fotografías, de las cuales una mostraba a los policías de élite a unas cuadras de la Plaza Murillo. Asimismo, le dijo que realizó entrevistas en off con los alcaldes que le explicaron que pertenecían al MAS y a organizaciones afines, y que verificó que a esa hora no había autoridades de otras fuerzas políticas, las cuales llegaron más tarde.

“Me llama el director de Erbol en la tarde, yo le expliqué. Justamente se había estado reuniendo con la ministra de Comunicación, Marianela Paco, y, entonces claro, yo eché, si vale el término, un balde de agua fría al acercamiento que Erbol estaba teniendo con el Gobierno”, explica Jonatan por primera vez públicamente este incidente. 

En dicha reunión, el director le pidió su renuncia. “Se molestó bastante y yo le pedí que me probara cuál era mi error como periodista, él simplemente me dijo que era una situación complicada”. Si bien Jonatan le pidió que lo despidiera, éste no lo hizo y él continuó trabajando por unas semanas más, pero debido a la pérdida de confianza y a que consiguió trabajo en otra radio, prefirió renunciar a la institución donde trabajó alrededor de ocho años, no consecutivos.  

“Ese fue el elemento de quiebre en esta carrera que inicié a mediados de 2006 en Erbol. Mi formación periodística y mi formación crítica la adquirí ahí, por algo es Educación Radiofónica de Bolivia, no es solamente enseña la cuestión técnica sino la formación del tipo de periodista que se debe ser: un tipo acucioso”, dice aún con nostalgia y aprecio.

Al respecto, Peña niega que la petición de renuncia se haya tratado de autocensura o de cambio de discurso político. “Cuando se pide la renuncia de un compañero es por la sumatoria de errores, fallas o faltas (…) En el caso de Jonatan, por ejemplo, si hubiera sido una consecuencia en el cambio de discurso ¿crees que estaríamos con este tipo de recursos, estaríamos en otro, como mucha gente se imaginó que iba a suceder?”, asegura. También afirma que debido a la situación política toca a los medios ser más responsables al momento de informar con la sociedad y con las fuentes.

Futuro del periodismo

Frente a este escenario, los entrevistados consideran que hay un intento de coartar la libertad de expresión por parte del Gobierno y, que por ello, la democracia está debilitada.

“La información es elemento básico para la democracia, para la transparencia, para el gobierno de la opinión pública y si ésta no tiene buena información por supuesto (el ciudadano) no va a poder actuar ni decidir bien, y en esos casos por supuesto que se va a deteriorar la calidad de democracia”, señala el periodista Andrés Gómez, conductor de “Nunca es tarde” de radio Compañera.

Asegura que si bien la calidad del periodismo disminuyó, porque en muchos casos se está haciendo periodismo complaciente, principalmente, en medios que carecen de una mirada crítica al poder, la salvación del periodismo son los periodistas.

“El periodismo va a mutar en los espacios digitales, se va a potenciar mucho más, pero los espacios individuales tienen un problema que es la sostenibilidad lo que significa una acción individual de cada periodista”, sostiene Gómez.

Salazar complementa que pese a la coyuntura el periodismo aún tiene esperanza y que la ciudanía sabe cuándo un medio miente o no. “El periodismo debe resistir, yo siempre digo, es más fácil hacer un periódico independiente que servil”, concluye.

Los regalos, “las salteñitas” y los viajes pagados por las fuentes socavan la ética en el periodismo, por Juan Carlos Ferreira

Hay reporteros que incurren en la práctica de recibir regalos, lo que está reñido con los códigos de ética de la profesión. 

Hace tiempo que muchos sectores de la sociedad civil vienen observando el desempeño de la ética en la función periodística en el país, resultando paradójico que quienes observan a diario el trabajo que cumplen las instituciones públicas y privadas ahora son los observados.

Las actitudes que más críticas reciben y afectan al deterioro de la ética del periodista en su función habitual - haciendo además que - se lo considere poco respetable en nuestro medio, están relacionadas con las siguientes frases dichas por algunos trabajadores de la información: “que cosita nos van a invitar en la conferencia de prensa que va a brindar el ministro”, “nos esperarán con salteñitas y refresquitos”, me lo vas a guardar para cuando llegue”, “que cosita nos van a regalar a fin de año para la evaluación de gestión que haga el ministro” o “si nos llevan de viajecito no les daremos palo en la nota de prensa que saquemos en nuestro noticiero”.

Dichas acciones van en contra del Código de Ética de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que en el punto seis señala que “detrás de regalos e invitaciones a periodistas, generalmente hay un marcado interés en que por lo menos se divulgue la información que le interesa al interlocutor. Debería rechazarse  todo regalo, especialmente cuando tenga un valor significativo. Las invitaciones de fuentes gubernamentales o instituciones  a viajes para coberturas de acontecimientos noticiosos  pueden condicionar la independencia del periodista y del medio.  Los medios deberían hacer  el mayor esfuerzo para pagar los gastos de viajes de sus periodistas, quienes jamás deberían recibir pago que no sea el de su medio, por publicación de noticias. Lo contrario será soborno y corrupción”.

Lo indicado anteriormente, también está reñido con el Código de Ética Periodística del Consejo Nacional de Ética, que en el apartado  indica que los periodistas no deben “recibir remuneración, obsequio o prebenda alguna de instituciones o personas públicas o privadas que frecuenten en el ejercicio del periodismo”.

El Vicepresidente del Consejo Nacional de Ética, Mario Maldonado, hizo notar que en persona  comprobó que mucha de esa gente que actúa de esa forma poca ética y vergonzosa y a “título de periodista”, es empírica y no tiene las bases mínimas de formación académica y sentido de responsabilidad para ejercer de manera cabal la profesión de periodista.

Indicó que ese tipo de actitudes no pueden ser toleradas al interior del gremio periodístico, debiendo ser denunciadas por las instituciones afectadas ante el propio medio de comunicación social y paralelamente a las instituciones periodísticas que controlan la ética profesional de dicho oficio.

De acuerdo al Consejo Nacional de Ética Periodística de Bolivia, hasta la fecha no se recibió este tipo de denuncias que por supuesto llegan a afectar a la dignidad y respeto hacia esta profesión.

El Secretario Ejecutivo de la Federación del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, Edgardo Vásquez, prefirió no emitir opinión alegando que se encuentra en reunión muy importante.

Jorge Rocha, reportero radial de muchos años de recorrido en el rubro, admitió que “este tipo de casos se dan por diferentes factores, como es el caso de que los sueldos son muy bajos en los medios de comunicación social en especial en los radiales  a lo que se debe sumar que en muchas ocasiones y de manera seguida con el actual gobierno las conferencias de prensa se las hacen a tempranas horas de la mañana, situación que afecta a que muchas y muchos colegas no se alimenten bien en la hora del desayuno”.

En cambio para Juan Cori, reportero televisivo, comentó que estas malas conductas que hacen quedar mal a la profesión, vienen desde el hogar, porque “no hay que olvidarse que lo ético se lo adquiere en la familia y no así en la escuela u otros centros de formación”. 

El investigador canadiense Jhon Virtue, especializado en ética periodística, mediante un centenar de estudios de casos en encuentros con más de un millar de estudiantes y periodistas en 13 países de Latinoamérica, identificó tres categorías de comportamiento antiético, siendo que la primera está referida al pago ilícito a los periodistas, regalos, conflictos de intereses o uso indebido de influencias que están relacionados con el presente tema.

Suman y siguen las agresiones y restricciones al trabajo periodístico en Bolivia, por Jorge Luis Alurralde Peredo

Entre 2014 y 2015, las agresiones físicas a los periodistas subieron de 11 a 15; los casos de agresiones verbales y amenazas se elevaron de 12 a 14. Los mayores agresores son los policías, seguidos de partidarios del Gobierno.


Una comparación entre datos del 2014 y 2015 da cuenta que tanto las agresiones como las restricciones al trabajo periodístico se incrementaron en Bolivia. 

Entre 2014 y 2015, las agresiones físicas a los periodistas subieron de 11 a 15; los casos de agresiones verbales y amenazas se elevaron de 12 a 14; las restricciones al trabajo periodístico de 2 a 6 casos; la detención/encarcelamiento de 0 a 3; la intimidación/presión/vigilancia de 1 a 2; las agresiones informáticas a portales web y medios on line de 0 a 2 casos, según la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia, dependiente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), instancia que desarrolla el seguimiento y monitoreo a las agresiones y restricciones que afectan al trabajo periodístico a nivel nacional desde el 2010 y que es coordinada en la actualidad por Franz Reynaldo Chavez.

La Constitución Política del Estado en su artículo 106 garantiza a las trabajadoras y trabajadores de la prensa “la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”; sin embargo, son múltiples las dificultades para alcanzar aquello.

El mismo reporte de la ANP refiere que en el 2015 son más de 13 periodistas afectados y en cuanto a las agresiones físicas, resaltan casos como los de Erick Dávila, periodista de Radio Fides, quien a tiempo de realizar la cobertura de un atraco en Santa Cruz fue detenido por policías durante cuatro horas, sufrió agresiones físicas y decomisaron su celular y grabadora.

Mientras, en El Alto dos camarógrafos, Luis Miguel Oporto, de la Red UNO, y Erick Mayta, de Canal 34, fueron apaleados por “militantes del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS)” a tiempo de entrevistar al candidato Édgar Patana.

Tampoco el ámbito deportivo se margina de estas formas de intolerancia y violencia hacia las y los periodistas. Jochen Rojas del programa Súper deportes del Canal Guadalupe fue agredido por el futbolista del club Universitario, Richard Mercado, determinándose una baja médica de 20 días.

Tal como se verifica en el mismo reporte de la ANP, en la mayoría de los casos aparece la Policía nacional como agresora, haciendo ver que existe una responsabilidad estatal en este tipo de denuncias. Luego de la Policía, grupos partidarios del gobierno y militantes del MAS serían responsables de dichas agresiones.

Respecto de las agresiones verbales y amenazas, se distinguen casos como los de Nataly Herrera Vedia, periodista de Yacuiba, quien “recibió amenazas de violación y quema de su casa a través de mensajes de las redes sociales y generadas en teléfonos celulares de seguidores del subgobernador José Quecaña”; la amenaza de juicio hacia Amalia Pando, periodista de ERBOL, “por supuesto racismo” o una más de las agresiones verbales del alcalde cruceño Percy Fernández, quien llamó “torpes” a periodistas que cubrían la llegada del Papa Francisco a Bolivia.

El informe de la relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2015, refiere un caso singular. Carlos Ángel Quisberth, periodista de El Diario fue acusado de “obstaculizar” una investigación policial por lo que fue detenido  y “habría estado 24 horas sin comunicación y sin la posibilidad de elegir un abogado de confianza”.

El principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Mientras, en el caso de las restricciones los Tribunales Departamentales electorales de Beni y Santa Cruz, multaron a medios de sus jurisdicciones con penas que van de más de diez mil a más de 55.000 dólares, sumas que afectarían notoriamente el funcionamiento de medios como La Palabra del Beni o Radio Televisión Universal de Montero.

Respecto a este ámbito la CIDH también es clara al respecto y postula que “cuando se trata de un medio de comunicación social, las condenas civiles deben ser estrictamente proporcionadas de manera que no causen un efecto inhibitorio sobre el derecho a libertad de expresión, ya que “el temor a la sanción civil, ante la pretensión […] de una reparación civil sumamente elevada, puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal”.

Respecto de las agresiones informáticas a portales web y medios on line, el periódico digital CAMBIO “sufrió un ataque que se atribuyó el grupo Chilean Hackers” difundiéndose la falsa noticia de un accidente del presidente Evo Morales.

Por otro lado, según datos del estudio denominado “Cultura política de la democracia en Bolivia 2014. Hacia una democracia de ciudadanos”, desarrollado por la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, que forman parte de la novena encuesta LAPOP (Proyecto de Opinión Pública de América Latina), incluido en el Informe 2014 a la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Defensoría del Pueblo, la tolerancia es un factor determinante “para el ejercicio pleno de la libertad de expresión” y directamente proporcional a un mayor nivel educativo. Vale decir, que a mayor educación el grado de tolerancia es mayor, ergo la libertad de expresión aumenta.