Funcionarios públicos, amedrentados por el No, por Karen Gil

Denuncian amedrentamientos y despidos a funcionarios públicos, tras el triunfo del No a la reelección de Evo Morales en 2019. Defensor del Pueblo señala vulneración a los derechos de expresión y a trabajar.

A dos días del referéndum sobre la reelección del presidente Evo Morales, a Laura Vaca (nombre ficticio) y al resto de sus compañeros de trabajo les reunieron para felicitarles por haber apoyado en la campaña por el Sí, pero también les dijeron que, como ganó el No, revisarían si habían apoyado esa postura por las redes sociales. "Nos han amenazado que si habíamos hecho campaña por el No nos iban a botar", relata. Ante tal advertencia, sus colegas cerraron sus perfiles de facebook, pero Laura solo borró algunos “me gustas” de ciertas publicaciones. Una semana después, el director le pidió su renuncia.

“Me dijo que uno se llega a enterar de todo y que el Ministerio de Economía había enviado unos reportes de mi face donde (figuraba que) yo había hecho campaña por el No. Tampoco me mostró los reportes, lo único que yo hice por el face era poner like a algunas noticias (…) pero no era nada malo porque no era directamente en contra del Presidente”, cuenta indignada por teléfono.

Laura ingresó a trabajar desde el tercer trimestre de 2015 en una de las entidades dependientes del Ministerio de Economía sin ningún aval político, pero fue obligada a renunciar a fines de febrero junto a un colega, quien el año pasado compartió en su perfil de facebook algunas noticias, en criterio de su jefe, de la oposición. 

Tras la derrota del sí con 48,7% frente a 52,3% del No en el referéndum que viabilizaría el cambio del artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) para habilitar la candidatura de los actuales mandatarios en 2019, el Gobierno atribuyó ese hecho al uso de las redes sociales para desprestigiar a Evo Morales. Luego, a inicios de marzo, el Presidente cuestionó a los funcionarios públicos por haber votado por el No y haber hecho campaña mediante las redes sociales. 

“Hay algunos funcionarios que hicieron campaña por el No, eso quiere decir que no están con el proyecto, con el programa 2025. Entonces, como no están de acuerdo, que dejen trabajar a otros”, sentenció Morales. Argumentó que las bases del MAS le instaron a “cernir y purgar” a los empleados públicos que no tienen "conciencia social ni compromiso político”.

En esa misma línea, días después, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, se sumó al pedido: "Lo mínimo que les pedimos a esos funcionarios del Estado es que compartan los ideales del Gobierno, de lo contrario, lo más lógico es retirarse".

Para el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, ambas declaraciones significan una "flagrante violación a la libertad de expresión, a la libertad de pensar. Me parece un exceso del poder porque no se puede controlar el derecho que tiene el ciudadano de votar, si votó en democracia hay que respetar al que votó diferente". 

Si bien en la institución de Laura, de unas 20 personas sólo se pidió la renuncia a dos, ella cuenta que muchos de sus ex compañeros y funcionarios de otras reparticiones del Estado están molestos por las advertencias y amedrentamientos de las autoridades, pero que no pueden hacer nada porque necesitan trabajar.

En ese sentido, Villena considera que las posturas de Morales y de Montaño son intimidatorias y que atentan al derecho laboral protegido por la CPE.

“La gente está en su capacidad trabajar y tiene el derecho de llevar el sustento necesario para su familia, para él mismo, como sujeto, como persona, como profesional y como funcionario público. De manera tal que estos hechos tienen que ser cuestionados con toda claridad”, asevera.

Villena también pide a las autoridades gubernamentales a que se abstengan de este tipo de observaciones e intimidaciones porque van en detrimento de la democracia.

Laura explica que el director de la institución en la que trabajaba les dijo a ella y a su compañero que renuncien ese mismo día. “Mi compañero le pidió que le dé dos semanas para que pueda conseguir otro empleo porque tiene hijos, pero él no le quiso escuchar”, explica y su voz aún suena asustada.

Campañas y aportes voluntarios

Pero las presiones no son de ahora. Varias instituciones dependientes del Gobierno nacional obligaban a participar activamente a los funcionarios públicos a hacer campaña por el Sí. Esa medida está en contradicción de la Ley del estatuto del funcionario público, que prohíbe, en su artículo nueve, “realizar actividades políticas partidarias y de interés particular durante la jornada laboral o en el ejercicio de sus funciones".  

Lucía (nombre ficticio), una funcionaria de un Ministerio, comenta que por cada oficina de su institución al menos debía ir una persona a cada actividad de campaña porque había un control interno y que, aunque no había ninguna advertencia explícita, prefería cumplir para precautelar su puesto de trabajo. Cuenta que, incluso, a ella y a otros de sus colegas se les capacitó para ser delegados de mesa por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el día electoral, pero que ella se excusó y que hasta el momento no hubo ningún tipo de represalia.

En el trabajo de Laura, también les obligaban a hacer campaña los fines de semana y noches, y les decían que si no estaban de acuerdo podrían retirarse del trabajo. “’Que nadie estaba obligado, que si no quieren apoyar al partido, tienen las puertas abiertas’”, recuerda. Incluso pedían a las embarazadas que si no podían ir debían enviar a algún familiar.

Además de las campañas, los funcionarios públicos debían pagar un aporte económico del 5% de su salario mensual. En la oficina de Laura por mes se llegaba a recaudar más de 5.000 bolivianos de 15 empleados.

Pese que la época electoral ya pasó, Lucía explica que se continúa cobrando los aportes y que nadie les da un informe de qué se hace con el dinero y que obviamente no figura en una planilla legal.

Hasta el momento, Laura es una de las pocas personas que se atrevió a denunciar a los medios de comunicación, pese a que se enteró que hay una lista negra con los nombres de los funcionarios que denuncian y que no podrán ser empleados en el aparato estatal al menos en la gestión de Morales. Sin embargo, no se atreve a denunciar al Ministerio de Trabajo porque considera que como es parte del Gobierno no tendrá muchas posibilidades de obtener justicia.

Mientras tanto, Laura está desempleada y busca opciones en la empresa privada o quizás inicie un negocio propio, pero lo que tiene claro es que, por la mala experiencia, el sector público no es una opción para trabajar sin miedos.