Bolivia podría perder aproximadamente el 80% de fondos para atención y medicación de las personas con VIH/sida si el Fondo Mundial retira su apoyo hasta el mes de agosto del presente año.
Bolivia, luego de una ardua gestión de la sociedad civil, personas que viven con VIH/sida y el Gobierno central, logró ser país “elegible” para recibir fondos durante la gestión 2014 – 2016, tiempo durante el cual el Estado debería asumir las responsabilidades para la atención y medicación de las personas con VIH/sida.
En agosto de este año, fenece el tiempo de apoyo que da el Fondo Mundial, y el Estado Boliviano no está preparado para asumir esa responsabilidad con las personas con VIH/sida.
Si bien actualmente, el Estado ha destinado una partida del Tesoro General de la Nación para la medicación y atención de las personas con VIH/sida, es insuficiente y los esfuerzos en temas de medicación han sido generalizados sin considerar las características diferentes que tienen la población enferma, dijo Marcela Cabezas, suplente ante la Red Latinoamericana de Personas que Viven con VIH.
A este insuficiente recurso hay que apuntar que Bolivia ha suscrito compromisos para erradicar la enfermedad del VIH hasta el año 2020. El primero de ellos, relacionado a las metas “90-90-90”, firmado en el Primer Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el Continuo de Atención del VIH, que se desarrolla hasta el 28 de mayo en la ciudad de México. Hasta ese año se debería diagnosticar al 90% de personas con VIH y de esas personas, que 90% reciban su tratamiento antirretroviral (ARV) continuo y de ese grupo el 90% debería lograr una carga viral indetectable (Fuente www. paho.org).
El segundo compromiso firmado por Bolivia, el 20 de agosto de 2015 en Rio de Janeiro, en el Segundo Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el Continuo de Atención, fue el de: “Mejorar la prevención combinada del VIH para fortalecer el continuo de la prevención y la atención”, con el fin de consolidar en cada país las nuevas metas de prevención del VIH y cero discriminación y poner fin al sida como amenaza de salud pública para 2030. (Enlace Llamado a la Acción: Segundo Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el Continuo de Atención; 2015).
Estos compromisos ambiciosos para el país sólo podrán ser alcanzados si existe una voluntad política del Gobierno, una participación activa de la sociedad civil y de las personas que viven con el VIH/sida, dijo Edgar Valdez, Director del Instituto para el Desarrollo Humano.
El trabajo de estos tres componentes debe ser conjunto y coordinado, caso contrario, esto va a repercutir en los factores económicos y sociales que afectarán principalmente a la población que tiene la infección y a la sociedad civil que podría contraer esta enfermedad, mencionó Valdez.
Si bien existe la ley 2739, más conocida como la Ley del Sida, donde se promueve justamente la participación de estos tres actores, liderizados por el Gobierno Central a través de sus entes matrices, no se ha visto la predisposición de una erogación completa y correcta de fondos para esta enfermedad y no se ha promovido una participación efectiva de la sociedad civil y de las personas que viven con VIH, anoto Valdez.
Actualmente, según datos del Programa Nacional ITS/VIH/sida y Hepatitis Virales, existen más de 15.000 personas registradas que contrajeron el VIH/sida, de los cuales el 81% está con VIH. Esta población está dispersa en las ciudades capitales, principalmente del eje central, y en el área rural.
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