Desde hace más de 50 días, la plaza principal 14 de Septiembre de Cochabamba se ha convertido en un campamento de carpas acomodadas a lo largo del paseo peatonal por las personas con discapacidad.
El presidente de la Confederación de Personas con Discapacidad, David Cayo, dijo que esta lucha es de “vida y de dignidad” y por eso el movimiento se fue masificado con la llegada de delegaciones de todo el país, que arribaron en buses y se instalaron en el espacio físico que ocupa la vigilia en la plaza.
En Bolivia actualmente existen 53.147 personas registradas con alguna discapacidad y 42.579 carnetizadas, de las cuales el año 2014, alrededor de 19.805 se beneficiaron con la Renta Solidaria en todo el Estado Plurinacional, según la Unidad de Discapacidad del Ministerio de Salud.
Desde el 2006, Bolivia asiste a las personas con alguna discapacidad, que es una deficiencia o limitación en una actividad o algún tipo de restricción en la participación. Primeramente con el registro único, porque a través de esto se ha llegado a la calificación y carnetización; y así el Estado ha establecido beneficios con la cooperación de doce ministerios más otras entidades estatales.
Haciendo énfasis en los datos antes mencionados, el principal dirigente David Cayo, aclaró que las personas que acceden a este beneficio son una minoría, un logro que los carnetizados obtuvieron en su momento. “Nosotros que estamos en esta lucha no recibimos este beneficio”, comento.
La discriminación por causa de discapacidad impide a las personas que la padecen a acceder, por ejemplo, a una educación en condiciones de igualdad; genera la marginación durante el crecimiento, impide el acceso a un trabajo digno e incluso dificulta la conformación de una familia, sostuvo.
Los hábitos culturales generan que la actitud social hacia las personas con discapacidad esté, en el mejor de los casos, relacionada con la solidaridad más que con el respeto.
Es una realidad que las personas con discapacidad sufran día a día barreras, discriminación y exclusión en diferentes ámbitos del desarrollo humano, si bien la Constitución Política del Estado resguarda estos derechos, estos no se cumplen y son vulneradas en todos sus aspectos. “No tenemos acceso a medicamentos, que la mayoría de las veces son los que nos ayudan a seguir viviendo, tampoco tenemos trabajo, en este sentido no se respeta el Decreto Supremo que nos otorga derecho a un trabajo digno. Si queremos salir adelante tiene que ser con nuestro propio esfuerzo y mucho sufrimiento” enfatiza David Cayo.
El lunes 21 de marzo las personas con distintos tipos de discapacidad y provenientes de más de seis departamentos del país iniciaron una caravana desde la ciudad de Cochabamba hasta La Paz exigiendo una renta mensual de Bs 500.
La Ministra de Justicia, Virginia Velasco, estuvo en la Gobernación de Cochabamba buscando diálogo con ese sector y para que las personas con discapacidad desistan de iniciar la marcha hacia la sede de Gobierno, pero sin éxito.
Sin embargo, según la representante de las personas con discapacidad de Cochabamba, Rosemary Huarita, la autoridad no se presentó con una propuesta aceptable y llegó a destiempo, pues luego de más de 58 días de vigilia no hubo interés. Asimismo, David Cayó, cabeza de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad, aseguró que no hubo una invitación formal a diálogo por parte de la Ministra Velasco.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) establece derechos específicos para las personas con discapacidad, así como la sanción a toda forma de discriminación por algún tipo de discapacidad que anule o menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de sus derechos.
Tres artículos de la Constitución hacen referencia de manera exclusiva a las personas con discapacidad.
El artículo 70 establece que las personas con discapacidad gozan de los siguientes derechos:
A ser protegido por su familia y por el Estado. A una educación y salud integral gratuita. A la comunicación en lenguaje alternativo. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.
El artículo 71 indica que:
Se prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna.
El artículo 72 señala que:
El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación.
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