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miércoles, 18 de mayo de 2016

85% de mujeres en el área urbana de La Paz no denuncia violencia, por Marianela Mercado, Clelia Choque, Juan Carlos Ferreyra y Krsna Cáceres

¿Qué es lo que falla en Bolivia?

A pesar de la celebración social que se realizó en Bolivia por la puesta en vigencia de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348 del 9 de Marzo de 2013) en la actualidad y desde hace más de tres años, pocos intentos se hicieron para que se respete y se cumpla a cabalidad la mencionada norma jurídica.

También existe la Ley Nº 1674 del 15 de diciembre de 1995, “Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica”, aprobada por el gobierno del ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada, pero ninguna de las dos leyes mencionadas han tenido la suficiente fortaleza para frenar las condiciones de violencia a las mujeres, que aún están sometidas porque muchos de estos casos no son denunciados, quedando impunes y a la libertad de que estos victimarios sean reincidentes violentos y atenten nuevamente contra la sociedad.

Una cadena de obstáculos genera retardación de justicia, por Yanira Paniagua, Carmiña Moscoso, Gustavo Morales y Olga Zeballos

En los juzgados de El Alto una gran cantidad de litigantes ocupan oficinas, pasillos, y patios con sus allegados o solos, a la espera de no ser sorprendidos con alguna actuación inadecuada de alguno de los administradores de justicia o simplemente demandar alguna audiencia, bajo la lógica de lograr justicia.

La recarga procesal en juzgados es determinante para la retardación de justicia. Informes anuales de 2012, 2013 y 2014 del Consejo de la Magistratura demuestran datos alarmantes de ciudades y provincias de casos que ingresan a los juzgados, casos que se encuentran sin sentencia  y algunos que todavía se encuentran en proceso judicial.


Embarazo en adolescentes, vulneración de sus derechos, por Teófila Guarachi, Susana Moya, Víctor Hugo Huanca y Freddy Poma

Fue difícil enfrentar la maternidad a tan corta edad por la presión de su familia, maestros y compañeros de colegio.

Elena, al igual que muchas adolescentes embarazadas, tiene que enfrentar a una sociedad discriminadora y prejuiciosa. A pesar de las dificultades, encontró sentido a su vida.

“Yo tengo por quien luchar y por quien salir adelante”.

Elena es una de las 90.000 adolescentes que se embaraza diariamente en Bolivia, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).


El Autismo no discrimina, es solo una condición de vida, por Reyna Mojica y Mary Jesús Soria

Elida Hidalgo, madre de un niño con autismo se dio cuenta de que su bebe presentaba ciertas características diferentes a las de un niño regular a los pocos días de nacido. Gastón, su segundo hijo, rechazaba el contacto físico de la madre.

El TEA (Trastorno del Espectro Autista) o más conocido como autismo, es un trastorno en el desarrollo de un niño que afecta el área del lenguaje, la interacción social y la conducta. La detección temprana es muy importante para mejorar la calidad de vida de un niño con autismo. El trabajo conjunto con  psicólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas y padres de familia son necesarios para que el niño pueda ser integrado paulatinamente a la sociedad, así lo manifestó el pediatra neurólogo infantil, Gastón Schmidt.

De agresores a víctimas, historias de adolescentes en conflicto con la ley, por Raquel Otálora y Jorge Luis Alurralde

La vulneración permanente a sus derechos, la violencia policial y un enfoque punitivo de la justicia y la sociedad acaban con la vida de los adolescentes y jóvenes en recintos penitenciarios, mientras esperan su sentencia definitiva.

Ser autoridad mujer en una Bolivia machista, por Nancy Vacaflor, Rosario Paz y Karen Gil

La alcaldesa de Collana, Bertha Quispe Mamani, desde febrero de este año no puede ingresar a la capital de ese municipio paceño, donde un sector de la población exige su renuncia. Éste es sólo un caso de violencia política contra las mujeres en Bolivia, donde se registran dos denuncias de asesinatos a concejalas. 

martes, 17 de mayo de 2016

Silvia Guarachi, una historia de explotación laboral, por Víctor Hugo Huanca

Silvia Guarachi, una historia de explotación laboral, por Víctor Hugo Huanca

Claudia Lecoña, la abogada que a diario ve cómo se dilatan los casos Caranavi y Chaparina, por Yarmila Tarquino

Ha podido constatar la vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas en los procesos penales de Caranavi (2010) y Chaparina (2011), la retardación de justicia y la exclusión de las autoridades de gobierno de ese entonces.



El 7 y 8 de mayo del año 2010, pobladores del municipio de Caranavi, en una protesta social mantuvieron bloqueado el acceso a esta población y la carretera al norte paceño durante más de una semana, reclamaban la construcción de la planta de cítricos por parte del gobierno. Los manifestantes fueron reprimidos y en la intervención policial perdieron la vida Fidel Hernani, que sufrió el golpe de una granada de gas, y David Callizaya, por impacto de balín, por lo que se abrió una investigación penal denominada “caso Caranavi”, en contra de autoridades de gobierno y funcionarios policiales, por varios delitos. 

El 25 de septiembre de 2011, una marcha indígena  se trasladaba desde Trinidad hasta La Paz, en contra de la apertura de una carretera por el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). En el lugar denominado Chaparina, efectivos de la Policía Boliviana intervinieron esta marcha con violencia y excesivo uso de la fuerza. Por este caso se abrió un proceso penal a cargo de una comisión de fiscales que en 2012 resolvió separar de la investigación al entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y posteriormente a otros implicados.

Ambos casos al presente son atendidos de manera gratuita por la abogada Claudia Lecoña y el Dr. Quiroz, del buffet de abogados “Quiroz y Asociados”. La defensora, desde la gestión 2009, es voluntaria de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de La Paz, a la fecha ocupa el cargo de Secretaria Jurídica de la Asamblea, donde diariamente se reciben denuncias de vulneración a los derechos fundamentales de todo ser humano, personas discapacitadas, adultos mayores, niños, y mala administración de justicia. A raíz de esto se envían notas para pedirles a las autoridades correspondientes que cumplan con su trabajo y el respeto a los derechos de las personas que acuden a la Asamblea.

La normativa procesal penal establece plazos para el desarrollo de un proceso penal (3 años), a la fecha ambos procesos han sobrepasado el plazo, sin que exista una sentencia condenatoria en contra de los autores de los delitos denunciados, mucho menos haya una persona detenida o cautelada por estos hechos. Al contrario, las víctimas son privadas del acceso efectivo a la justicia, la abogada de las víctimas es impedida de revisar los cuadernos de investigación y control jurisdiccional; por lo que se produce la violación al debido proceso, retardación de justicia, impunidad a las autoridades de gobierno, injerencia política del Órgano Ejecutivo, entre otros aspectos. 

A raíz de la retardación de justicia, a solicitud de las mujeres indígenas y la abogada Lecoña, en representación de las víctimas, el Consejo de La Magistratura de La Paz, ha emitido el informe de la auditoría jurídica realizada al expediente del caso Caranavi, donde se ha determinado responsabilidades para las autoridades que conocieron este caso tanto fiscales como jueces. También se determinó que hubo retardación de justicia y vulneración de derechos de las víctimas, sin embargo, hasta la fecha las autoridades llamadas por ley no han iniciado las acciones legales correspondientes.

Sin embargo, la profesional señala “cual si fuéramos delincuentes, el gobierno nos ha iniciado diferentes acciones penales, que a la fecha han sido rechazadas o quedaron sin movimiento, se nos intentó incriminar en hechos absurdos”, por lo que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un informe en la gestión 2010, realizando un pronunciamiento a nivel internacional por la persecución ilegal por parte del estado Boliviano a mi persona, como abogada defensora de las víctimas de estos hechos”.

“Es el estado por mandato de la Constitución y las normas internacionales quien debe garantizar y realizar el cumplimiento de los derechos fundamentales, además de crear políticas para que se pueda ejercer libremente estos derechos, sin embargo, pese a que las víctimas se encuentran cansadas de tanta dilación, seguiremos en la lucha por la defensa de los derechos fundamentales, y si el caso no es resuelto en Bolivia, acudiremos a instancias internacionales para hacer valer los derechos de las víctimas, reconocidos y protegidos por normas internacionales”, indica la abogada.

Desde el cargo que ocupa actualmente en la asamblea constantemente envía informes anuales, que contienen un resumen de los casos atendidos, fundamentación y protestas por vulneración a derechos humanos, mismos que se envían a las autoridades, Fiscal General, Consejo de la Magistratura, Régimen Penitenciario, ministerios, todos relacionados con vulneración de derechos humanos.

En su deber de colaborar con la sociedad, con el estudiante de las leyes y con el ciudadano de a pie, en coaautoría con el Dr. Quiroz se ha esforzado por la producción intelectual, habiendo realizado la publicación de varios libros entre ellos, “Constitución Política Del Estado Con Comentarios, Doctrina Y Jurisprudencia”, “Manual De Procesos Constitucionales”, “Código Procesal Constitucional Comentado”, “Código de Procedimiento Penal concordado y comentado y Derechos Humanos”, “Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, “Doctrina De Derecho Constitucional Moderno” .

Ximena y su hijo discapacitado son víctimas de la retardación en la búsqueda de una pensión, por Yanira Paniagua

Ella es madre de un joven de 25 años que padece discapacidad degenerativa. El padre se niega a pagar pensiones. Y, pese a que hay tres órdenes de aprehensión en su contra, hasta ahora Ximena no siente que se haya hecho justicia porque no recibe las pensiones.


Ximena Foronda, de 45 años, se encuentra en un proceso legal de manutención familiar y, hace cuatro años, sufre retardación de justicia. Su ex pareja se niega pagar pensiones para su único hijo, que sufre discapacidad degenerativa.

Con una actitud firme, Ximena relata que el proceso judicial que vive es  desgastante emocionalmente y económicamente. Ella es la tutora de su hijo de 25 años, que sufre un grado de autismo dependiente con epilepsia. 

“Yo gasto entre 1.500 a 1.800 bolivianos al mes en medicamentos para mi hijo, es por eso que solicité ayuda a su padre”, cuenta.

El artículo 116 del Código de Familias y del Proceso Familiar señala que la asistencia familiar se determina en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria y a los recursos económicos y posibilidades de quien deba prestarla, y será ajustable según la variación de estas condiciones. La autoridad judicial fijará la asistencia familiar en un monto fijo, porcentual o en modo alternativo.

El progenitor  se niega  pagar pensiones porque no acepta la discapacidad de su hijo y culpa a la madre de esa situación. 

La ex pareja pudo rehacer su vida  y tuvo otra  hija en perfectas condiciones de salud, argumento que utiliza para culpar a Ximena por un supuesto problema genético que, según él, heredó el hijo de ambos.

Por otro lado Ximena, pudo percibir cierto favoritismo hacia el demandado por parte del juez debido a que un familiar de la ex pareja era amigo del juez que está a cargo del caso.

“Llegó una temporada donde salían los informes y la contraparte apelaba por tanto volvía a entrar a despacho del juez hasta el punto que no sabía en qué situación estaba mi caso. Un día no aparecía mi expediente así que me hice de coraje tuve que enojarme, filmar los hechos y  enfrentarme al juez, debido a esto él tuvo más cuidado con mi caso porque fue notificado con una llamada de atención. De alguna forma  esta situación te hace sacar fuerzas que tú no sabías que tenías”, cuenta.

En algún momento la demandante menciona que tuvo que guardar sus valores éticos y morales pagando coimas y de esta forma poder agilizar su caso. 

“Te obligan a ser corruptos, uno aprende a desenvolverse en ese espacio, si bien se cree en la justicia y en lo correcto, también aprendes a ser incorrecto. Aprendes a no aplicar tus valores. Por ejemplo un día me dijeron que pueden agilizar mi trámite si daba 100 bolivianos e iba a estar listo al día siguiente y por mi desesperación le ofrecí el doble del monto si lo hacía para el mismo día”, cuenta.

El único avance en todo este tiempo fue el divorcio. También salió el monto de las pensiones, pero este derecho solo fue pagado una vez, puesto que luego, la ex pareja preparó una contrademanda para librarse de las pensiones.

Hasta el momento, el ex esposo tiene tres órdenes de apremio, pero por las apelaciones que plantea no existe ningún avance. De acuerdo con el nuevo Código de las Familias, cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis meses, y en su caso el allanamiento del domicilio de la parte obligada.

Ximena cuenta que durante el matrimonio también fue víctima de violencia, sin embargo debido a todo el tema de retardación descarta la posibilidad de presentar denuncias contra su ex pareja.

Rosalía Lazo, pasó de ser explotada a dirigente de las trabajadoras del hogar, por Teófilo Ramírez

Cuando empezó a trabajar, su patrona no le daba libre ni los domingos. Luego fue conociendo sus derechos y haciéndolos respetar, hasta que se convirtió en dirigente del sector y administradora de un restaurante en el que se acoge a las compañeras que fueron despedidas de su trabajo.


Rosalía Lazo nació en provincia Umasuyo, cantón Walata. “Cuando era niña ni el sol ni la helada me hacía nada, era dura, no sentía nada. Illampu Achachila, que es una montaña nevada, me cuidaba”. Era cocinera, pasteaba las ovejas, desde niña. Ella no sabía leer ni escribir, mucho menos conocía la escuela.

“A mis 14 años me he venido del campo a la ciudad de La Paz, dejando a mis animales, las pampas y montañas, las lindas flores del campo, abandonado a mis padres, así me he venido”.

Ella indica que un 6 de mayo del año 1991, empezó a desenvolverse como trabajadora del hogar, en una casa donde la patrona no le permitía descansar los días domingos, los días de feriados, menos le daba vacaciones. “Durante cinco años he sido explotada así”. Rosalía Lazo en ese tiempo no conocía qué era la Constitución ni las Leyes para hacer respetar sus derechos.

En 1995 ella escucha hablar de un lugar donde enseñaban a coser polleras y mantas. Era el  Sindicato de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de San Pedro (SITRAHO San Pedro-La Paz). Por aprender a coser y conocer otras cosas  asiste al sindicato, donde empieza a entender qué eran los Derechos Humanos, la Constitución Política del Estado y otras leyes como  la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar, Ley 2450,  Día Nacional del Trabajadora y el Trabajador Asalariado del Hogar, Ley 181, Derechos Humanos y otros convenios internacionales. Una vez que conoce sus derechos de inmediato empieza a reclamar a su empleadora para que cumpla con lo que dicen las normas, lo que logra luego de mucho tiempo.

Ella en el sindicato asiste  a cursos de macramé, de cocina, panadería, y luego ella es quien capacita a sus compañeras en las técnicas que ella ha aprendido.

También empieza a asistir al Centro Alternativo CEA, donde por fin termina su bachillerato el año pasado.

Hace años en  un congreso del Sindicato de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de San Pedro (SITRAHO San Pedro-La Paz) es elegía Secretaria de Relaciones del mismo. Ahora ella administra un restaurant que se ha conseguido gracias a un proyecto de ayuda denominado “Comida Ecológica”. Este negocio es para las SITRAHO S P-L P porque se alberga a las compañeras sin trabajo o que fueron despedidas.

Rosa es buena compañera y maneja muy bien, menciona  Paulina Pari, una de las trabajadoras del hogar, mientras que Flavia Choqueticlla Mendoza, Secretaria General, dice que “con ella somos muy unidas y trabaja duro, olvidándose de sus familiares, de su vida sentimental, y no se casó hasta ahora”. 

El abogado de la organización de trabajadoras del hogar, Rodrigo Maidana, indica que Rosalía “está constantemente en el sindicato apoyando a sus compañeras”.

“Sin miedo y de una manera dura lucho para  defenderlas no puedo abandonar a mis compañeras de SITRAHO S P- L P”, menciona Rosalía. “No quiero que pasen lo que yo he pasado, quiero que vivan felices todas las trabajadoras”, finaliza Lazo.

Javier Mariaca, de víctima pasó a ser acusado, por Teófila Guarachi

Detenido preventivamente en el Penal de San Pedro por el asesinato del juez Reynaldo Estrada. Él fue asaltado la misma noche que mataron al juez. Pusieron su chip en el teléfono del jurista y con esa supuesta prueba ya lleva preso un año y medio.



Han transcurrido 547 amaneceres y ocasos que los ve desde un cuarto de dos metros por dos, su penthouse como le llama Javier Mariaca, joven de 31 años que fue detenido preventivamente  en el Penal de San Pedro por el asesinato del juez Reynaldo Estrada. Después de recibirnos en la puerta de ingreso de la cárcel nos conduce a su celda a través de corredores y callejones fétidos y obscuros,  una diminuta escalera de trozos de madera que fueron adaptados nos permite llegar al que seguro fue el tumbado de una vivienda en otro tiempo,  la imagen del Sagrado Corazón de Jesús está sobre una pequeña pared de estuco y madera que le sirve de lecho, una colcha de la cual no se distingue el  color y bolsas en el piso en el que se pueden observar algunos pantalones y camisas viejas acompañan su soledad, al frente una tabla incrustada en la pared, que de seguro alguna vez fue celeste, sostiene latas y pocillos con restos de comida.

Al recibirnos sonríe y sus ojos brillan, como esperando una noticia positiva, nos da la mano e inmediatamente nos ofrece unos banquitos construidos de pedazos de madera y un fierro.

“Nunca creí que cambiaría tanto mi vida solo recuerdo que me golpearon en el piso, me patearon, me apuntaron con un arma de fuego, no logré ver con exactitud quiénes eran y ahora estoy aquí acusado de haber matado a un juez,  de ser víctima pasé a ser el malo de la película, y yo que me quejaba de que me habían robado mi celular y terminan acusándome de haber robado y matado a un juez, mi tiempo y mi vida lo estoy perdiendo aquí por algo que no sé cómo ocurrió”.

Sus ojos verdes resaltan de su rostro delgado y pálido, “no duermo, por las noches tengo miedo a que entren y me maten, los primeros dos meses en la cárcel fueron una pesadilla, estaba en el alojamiento, no tenía una celda, me quedaba despierto toda la noche porque recibía constantes amenazas y temía por mi vida, escuchaba gritos y cuando salía solo veía charcos de sangre en el piso, ahora, bueno ahora ya tengo varios amigos y aquí en mi penthouse tengo posibilidades de mirar el cielo, mi lugar preferido es el techo cuando me siento triste y recuerdo todo lo que me sucedió salgo y me echo sobre las calaminas entonces vuelvo a soñar con el día que saldré de la cárcel, ese día volveré a empezar”.

Javier cumplió 31 años en mayo, él sólo recuerda que el viernes 3 de octubre de 2014 fue a bailar junto a su novia y que bebió mucho. Al salir, cerca de las 3:45 dejó en un radio taxi a su enamorada, el mismo que la llevaría hasta su casa, minutos después fue interceptado en las calles Díaz Romero y Villalobos por tres personas quienes le tendieron en el piso, le pegaron hasta romperle la mandíbula y le amenazaron con un arma de fuego mientras le robaban la billetera y el celular.

Minutos después, el chip de su celular era introducido a el teléfono móvil de propiedad del Juez Reynaldo Estrada quien también fue asaltado y abandonado a metros de su domicilio, “nunca creí que de víctima pasaría a ser culpado de asesinato, sólo recuerdo que me asaltaron y después de un mes un grupo de policías entró en mi oficina y me empezaron a gritar, ¡dónde está el celular!, ¡dónde ocultaste el celular!,  después de ese día mi vida cambió totalmente, me llevaron a celdas judiciales, allí estuve una semana y todos me decían por qué mataste al juez y me pregunté ¿qué juez?, fue cuando me enteré que era juez, abogado y creo consejero de la magistratura, me decían ¿por qué lo asesinaste?, ¿quiénes son tus cómplices?, al principio no entendí nada, pero cuando leí mi acusación entendí que me culpaban del asesinato de un juez al que nunca había visto ni conocido  y que él también había sido asaltado el día que a mí me robaron y que en su celular activaron mi chip, era la prueba, la única prueba del delito del cual se me responsabiliza”.

Javier soñaba con ser administrador de empresas, había empezado a trabajar en Nuevatel ocho meses antes del asalto, ahora pasa clases de electricidad en el penal de San Pedro, “aquí lo que me sobra es tiempo, despierto a las seis de la mañana porque a esa hora se sirve el desayuno, un mate de manzanilla con pan, los sábados tenemos suerte porque nos dan pan con mantequilla y  a veces cuando tengo dinero alquilo una ducha y me baño, luego voy a ver tele en la celda de algún amigo y después  voy a caminar, me paro en las gradas y me apoyo en la baranda, desde allí  miro lo que pasa arriba y abajo, trato de no meterme con muchas personas porque aquí todo es problema y pueden pegarme o hasta matarme”.

“Los días lunes y miércoles paso clases de electricidad, y alguna vez leo un libro, pero parece que aquí el tiempo nunca pasa, extraño mi libertad”, aprieta sus manos entre sí y las lágrimas caen por sus mejillas, “extraño a mi familia, es lo que más extraño no me acostumbro a vivir encerrado por un delito que no cometí”, reitera.

Javier fue sometido a una serie de investigaciones y en la reconstrucción del asesinato del juez Estrada se enteró la causa de la muerte, “lo asaltaron el sábado a las cinco de la madrugada igual que a mí, pero lo encontraron con vida y murió recién el martes a consecuencia de una asfixia mecánica y un coagulo sanguíneo y fue encontrado dentro de su casa y no en la calle entonces, salió vivo del asalto,  cuando me enteré de eso, se me acabó el mundo, allí también se decía que la herida que  yo tenía, la rotura de la mandíbula, fue porque el juez se defendió, se me acusó de tantas cosas que no entendí, solo me resigne, seguro que me pasa esto por algo”.

En Bolivia el 83% de la población penitenciaria tiene detención preventiva, informó Jorge López, Director de Régimen Penitenciario. El año 2015 se puso en marcha la Ley de Descongestionamiento Penal con el objetivo de realizar las audiencias de los detenidos preventivos dentro de las cárceles, ello para evitar que sean  suspendidas por la inasistencia del Juez, Fiscal y hasta los privados que no son trasladados ante los juzgados por falta de custodios o gasolina para los vehículos.

El caso de Javier no es la excepción, ya transcurrió un año y medio de su detención preventiva y hasta la fecha no existe sentencia, no se realizó ni una sola audiencia del juicio oral, se cambiaron cuatro fiscales y tres investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, la familia de Javier solicitó en tres oportunidades la cesación de la detención preventiva, pero se la negaron porque al ser exfuncionario de NUEVATEL podría obstaculizar, según las autoridades judiciales, la investigación. Isabel Fernández, madre de Javier, asegura que gracias a la investigación que ella misma inició pudieron encontrar a los que tenían bajo su poder el celular que le fue robado al juez Estrada “por el delito también existen dos personas detenidas a quienes se encontró con el celular del juez y estas personas involucraron a su nuera, ellos revelaron que la noche que fue asaltado, los dos, el juez y la nuera, salieron a bailar y a beber”.

Al despedirnos, Javier mira el cielo desde el techo de su celda a la que le quitó un pedazo de calamina, “si retrocediera en el tiempo nunca iría ese día a bailar, pero por algo me ha tocado enfrentar esta situación, cuando salga volveré a enfrentar mi vida y a cumplir mis sueños”.

¿Dónde está Keyla, la bebé que perdió a un madre en un feminicidio?, por Susana Mercedes Moya López

A seis meses del feminicidio de Sara, todavía no hay rastros del cuerpo de su pequeña hija Keyla Sinaí. El feminicida asegura que la mató a la niña también, sin embargo, la Fiscalía cree que podría estar viva.


Sara Evelyn tenía 22 años cuando su ex pareja la mató el 6 de octubre de 2015. Sara estudiaba Auditoría en la Universidad Mayor de San Andrés y cursaba el cuarto año de la carrera. Durante su estadía universitaria pudo obtener la “beca comedor” que le ayudaba a sobrellevar los costos de sus estudios.

Desde niña asistía con entusiasmo a su iglesia evangélica y fue allí, en su “congregación”, que conoció a la amiga del alma que le acompañaría hasta el final de sus días. Gisela y Sara fueron amigas desde los 13 años, hablaban de sus planes, pero sobre todo disfrutaban asistir a las reuniones de la congregación. 

Gisela cuenta que Sara cantaba muy bonito y estaba aprendiendo a tocar la guitarra, el papá de Sara cuenta que alguna vez se sentó al borde de su cama y comenzó a tocar la guitarra que le había regalado años atrás. 

Luis Javier Morales Herrera, de 22 años, comenzó a salir con Sara durante tres meses intensos y a la vez tormentosos. Anoticiado de que Sara recibía algo de dinero de la “beca-comedor”, le pedía prestado Bs 50 y nunca le decía para qué los necesitaba. Cuando Sara le contó a Luis Javier que estaba embarazada, tomó la noticia muy mal y le dijo que debía interrumpir el embarazo. Sara, decidida a seguir con la gestación hasta el final, le dijo que no haría lo que él le pedía; entonces comenzaron las amenazas de muerte hacia ella.

Entre 2013 y 2015 se reportaron cerca de 270 feminicidios en el territorio nacional, según datos del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem). Los departamentos que encabezan la lista son Cochabamba, Santa Cruz y La Paz; y las edades de las víctimas con mayor recurrencia son de  21 a 30 años. Durante el primer semestre de la pasada gestión la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FLCV) informó que en el departamento de La Paz se presentaron 4.022 denuncias de agresión física y 2.516 de violencia psicológica hacia mujeres.

Por un tiempo, Sara dejó de recibir noticias de Luis Javier y durante el sexto mes de gestación se enteró que su expareja tenía otra relación; y a la vez tenía otros hijos con distintas chicas. Eso le causó indignación y de algún modo logró ponerse en contacto con todas ellas y al hacerlo se enteró que él no era responsable con ninguno de sus hijos. 

“Decía que no se iba a burlar de ella; que tenía que ser responsable con su hija” contó Gisela.

Un día recibió una llamada que le devolvió la esperanza de seguir con su lucha y conseguir que el padre biológico de Keyla Sinaí se hiciera responsable. De acuerdo con el testimonio del padre de Sara, aquella fatídica mañana de octubre, recibió la llamada de la madre de Luis Javier, quién le prometió que ella sería la intermediaria entre Sara y su hijo para que finalmente la bebé Keyla de siete meses pudiera acceder a  un monto de dinero mensual.

En Bolivia la asistencia familiar mínima equivale al 20% del salario mínimo, es decir que el monto mínimo es de 331 bolivianos. Este monto puede ser incrementado cada gestión de acuerdo con la necesidad del hijo o hija. En cuanto a los apellidos, el nuevo Código de Familias y Procesos Familiares permite la elección y orden libre de los mismos en acuerdo mutuo de los progenitores. 

Cuando Keyla nació, Sara supo inmediatamente que debía esforzarse con más ímpetu para salir adelante. Sus padres, de condición humilde, hicieron lo mejor que pudieron para que nada le faltase a medida que Sara crecía. Al mismo tiempo que estudiaba en la universidad, Sara consiguió un  trabajo de medio tiempo  atendiendo cabinas telefónicas por el centro de la ciudad, donde conseguía un salario de 20 bolivianos por día.

Antes del nacimiento de Keyla, Sara había organizado un babyshower para recibir a la pequeña. “Llegó con tantas cosas que me sorprendí, supe que mi hija podía conseguir sus objetivos con esfuerzo”, contó el papá de Sara.

Sin embargo, todos los sueños que Sara tenía se vieron frustrados cuando accedió a aquel encuentro en el que Luis Javier Morales Herrera finalmente conoció a la pequeña Keyla Sinaí. De acuerdo con las investigaciones, en el feminicidio de Sara se involucró la pareja con la que el acusado mantenía una relación: María José Quisberth Flores, acusada de haber participado como cómplice de la muerte de Sara y de la presunta muerte de la bebé. 

Según las declaraciones de la imputada, el cuerpecito de Keyla fue dejado la mañana del 9 de octubre en un contenedor de basura de la plaza Arandia de la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz. Mientras que el cuerpo sin vida de Sara fue hallado el 7 de octubre por inmediaciones de la avenida Arica de la zona Rosas Pampa de la ciudad de El Alto. 

En el proceso investigativo, la familia de Sara encontró varios obstáculos que hasta ahora impiden poder hallar justicia frente a lo sucedido. En febrero de este año se llevó a cabo la inspección técnica ocular para conocer detalles sobre la muerte de Sara, sin embargo, los imputados se negaron a participar en la reconstrucción de los hechos, pese a que habían admitido ser autores del feminicidio.

A pesar de haber buscado durante semanas en el botadero de basura de Alpacoma, el cuerpo de Keyla nunca fue hallado. Según la empresa de Saneamiento y Servicios Ambientales (Sabempe) día  a día se depositan 500 toneladas de basura en el lugar.  En declaraciones a los medios, el fiscal Rudy Terrazas dijo que se maneja la posibilidad de que la bebé Keyla se encuentre todavía con vida debido a las contradicciones en las declaraciones de ambos imputados. De hecho, durante las últimas semanas se realizaron algunos allanamientos en la localidad de Patacamaya para esclarecer la posible desaparición de la bebé. 

“Siento dentro mío que mi nieta vive y siempre que me llaman a mi celular sobre el hallazgo de alguna bebé salgo corriendo para ver si es Keyla”, contó consternado el padre de Sara, quién acababa de llegar de la ciudad de Cochabamba después de haber seguido un rastro falso sobre la bebé.

Transcurrieron seis meses desde el feminicidio de Sara Evelyn Peñaranda y la desaparición de su hija Keyla Sinaí de siete meses, quién en la actualidad habría cumplido 1 año de edad. 

Martha Velásquez, la madre que perdonó al asesino de su hija, por Rosario Paz Monasterios

No obstante el dolor que aún siente cada vez que piensa en su pequeña y los años de sufrimiento que vivió buscando que se haga justicia, decidió perdonar y lo hizo amparada en su fe. Hoy, después de 17 años, no duda en que volverán a reunirse y que esta vez será para siempre.


Desde hace 17 años que los ojos de Martha Velásquez se llenan de lágrimas al sólo mencionar el nombre de su hija, Patricia, quien hoy tendría 27 años. Era la menor de tres hermanas y cuando apenas tenía 10 años fue asesinada tras ser abusada sexualmente en su colegio, un fatídico 27 de agosto de 1999. Ese día cambió su  vida.

Fueron 15 años de dolorosa peregrinación demandando justicia por la muerte de su hija, Patricia Flores. Martha Velásquez pudo sentir alivio cuando el asesino de su pequeña, Odón Mendoza, el ex regente de la escuela Vicenta Juaristi Eguino, donde la pequeña estudiaba,  fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto, una condena, asegura ella, que pudo haberse dictado mucho tiempo atrás. Pero el dolor continúa.

“No me siento feliz por esa sentencia, he logrado llegar a la verdad, me siento aliviada, pero no estoy feliz porque siento que falta algo dentro de mí, me siento vacía y sola, hoy estoy sola”, comenta con la voz entrecortada.  Solo esboza una sonrisa cuando dice que un día la volverá a ver y podrá abrazarla. “Sé que mi hijita está esperándome, que un día la volveré a ver, sé que ha de ser así; la biblia dice que nuestros seres queridos no están muertos, que algún día nos vamos juntar con ellos”.

La herida que le dejó la pérdida de su hija le llevó a buscar consuelo y alivio en varias partes, hasta que lo encontró en la iglesia cristiana a donde asiste desde hace cinco años. Dice que fue una gran ayuda conocer más de la palabra de Dios, porque eso le ayudó a perdonar a los responsables de la muerte de su hija. “Yo les perdono, yo no les puedo juzgar, ellos van a dar cuenta a Dios, yo les perdono de corazón”, dice.

Hoy, el principal responsable de ese crimen, se encuentra cumpliendo una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto en una celda del penal de Chonchocoro en el municipio de Viacha. Finalmente, después de 15 años, el 19 de agosto de 2014, el Juzgado Segundo Penal Liquidador de La Paz dictaminó la pena máxima para el regente de la escuela Juaristi Eguino, donde Patricia estudiaba y donde su cuerpo fue hallado sin vida con signos de haber sido vejada sexualmente.

También fueron sentenciadas, por incumplimiento de deberes, la ex directora de esa unidad educativa, Dora María del Rosario Villarroel, a cinco años de prisión, y las porteras del colegio Margarita Uzeda y Berna Ponce, a un año de reclusión cada una. 

Matha lamenta que, en el primer caso, casi dos años después de haberse dictado la sentencia, ésta no se ejecute debido al amparo que presentó la defensa legal de la ex autoridad educativa y que hasta la fecha no tiene un fallo. En el segundo caso, ambas personas se beneficiaron del perdón judicial, porque su pena es menor a tres años.

Esta sentencia es el resultado de la lucha contra la impunidad que emprendió Martha, la recompensa al calvario que tuvo que vivir peregrinando ante instancias nacionales e internacionales en demanda de justicia. Pero esta lucha, así lo reconoce ella, no hubiera sido posible sin la ayuda de la abogada Paola Barriga, quien la acompañó, no sólo como su defensora legal, sino que fue un apoyo moral en su dolor y le ayudó a sobrellevar la pérdida de su hija.

“Ha sido duro todo este proceso, nos ha servido a ambas, ambas hemos podido salir victoriosas, hoy veo en Martha un sentimiento  de perdón, algo increíble, pero que creo es un ejemplo para la sociedad de que se puede perdonar y vivir en paz”, dice la jurista.

Esta batalla judicial, si bien posibilitó condenar a los responsables de la muerte de su hija, le costó, por otro lado, perder a su esposo, quien no pudo entenderla y se separó de ella hace muchos años dejándola sola en su lucha. Martha se consuela a sí misma y dice que tal vez fue bueno para ella el que su pareja la dejara, porque así pudo dedicarse por completo a seguir de cerca el proceso judicial.

Prefiere no recordar su vida al lado de su esposo, porque dice que hay más momentos tristes que felices. Se casó con el padre de sus tres hijas a los 18 años, en 1976, sin siquiera salir bachiller. Trabajó mucho para sostener a su familia porque sus ingresos económicos eran restringidos. Tuvo a su primera hija en 1977 y dos años después a la segunda. Patricia nació después de muchos años, cuando sus hermanas tenían 12 y 10 años. “Era la más chiquita, por eso tal vez era la más mimada, la más querida”, recuerda. 

En su rostro se dibuja una sonrisa cuando recuerda su niñez. Ella nació en Jujuy, Argentina, a donde sus padres se fueron en busca de mejores condiciones de vida, como lo hacen miles de bolivianos. Su familia regresó a La Paz cuando ella tenía dos años y se establecieron en la zona norte de esta ciudad, cerca de la conocida plaza Riosinho. 

Hoy trabaja con la que fue su abogada, a quien tiene mucho agradecimiento porque no sólo la ayudó moralmente, sino económicamente al no cobrar sus honorarios. Su situación económica que atravesaba cuando inició la demanda judicial,  le obligó a alquilar el pequeño departamento que posee e irse a vivir en dos habitaciones en una azotea y así poder cubrir los costos del proceso.

De su mente no se borrarán todas las penurias que pasó, pero lo que vivió la ha fortalecido y quiere que muchas madres en su misma situación o niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual, reciban el apoyo que se requiere en estas circunstancias, no solo asesoramiento legal, sino ayuda sicológica.  Ese deseo se está consolidando en la creación de la Fundación Patricia Flores para que a través de esta entidad se pueda luchar contra la impunidad.

Hoy existen miles de casos de niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual y de otras que han muerto tras ser vejadas, cuyos responsables no han sido castigados y han quedado impunes. Las cifras sobre violencia sexual no son nada alentadoras. Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que entre enero de 2014 y julio de 2015, se registraron en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) 1.290 casos contra menores de 18 años. De estos, 1.223, es decir un 94 por ciento, las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres.

El crimen de Patricia Flores pudo tener una condena gracias, fundamentalmente, al incansable batallar de su madre  que no cesó hasta conseguir justicia. Esta lucha ha sido reconocida por la Defensoría del Pueblo que en 2014 la distinguió por su aporte a la defensa de los derechos humanos en la búsqueda de que la muerte de su hija no quede impune.

Víctor Hugo Carvajal fue uno de los 100 periodistas perseguidos en las dictaduras, por Reyna Gabriela Mojica Calsina

Era dirigente del gremio y, en ese papel, decía su palabra en favor de la democracia. Por eso, sufrió los rigores de los gobiernos de facto de Hugo Banzer Suárez y Luis García Meza Tejada.


Con las cicatrices físicas y emocionales que le dejaron las torturas a las cuales fue sometido por el régimen de Banzer, Víctor Hugo Carvajal, periodista retirado, recuerda como fue perseguido, torturado y exiliado en la década de los 70 y 80 por luchar contra la dictadura militar.

“Ya estaba señalado, pero me ficharon cuando hablé en el décimo cuarto congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia allá en el distrito minero de siglo XX, en ese entonces era parte del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz y por azares del destino ese día manifesté mi pensamiento progresista, que estaba en contra de la doctrina de la seguridad nacional impuesta por los golpistas”.

Carvajal comenzó  como ayudante de noticias internacionales de EFE (agencia de noticias española), Associated Press (agencia de noticias norteamericana) y del periódico matutino Presencia. Al principio de la década de los 60, su tutor fue Alfonso Claure, quien lo guío para que pueda desarrollar su trabajo, pues en aquella época no existía la carrera de Comunicación Social en Bolivia. Posteriormente fue periodista de planta del mismo periódico y corresponsal de la Agencia de Noticias Alemana  DPA (Deutsche Presse Agentur) y de Radio Fides.

Paralelamente a su carrera periodística su vida sindical comenzó a perfilarse, empezó siendo miembro del Comité Sindical de su periódico, pasando posteriormente por el Sindicato de trabajadores de La Paz y la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, pero no se quedó ahí, pues fue miembro activo tanto de la Acción Boliviana Ciudadana, donde se estudiaba y analizaba la Ley General del trabajo entre otras cosas, como de la Iglesia y Sociedad para América Latina, que en ese tiempo era como la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.

Lo tomaron preso el 1 de septiembre de 1971, a los diez días de implantarse el régimen de Banzer. “Me sacaron de mi casa en mitad de la noche policías civiles” y lo acusaron de pertenecer al Ejercito Liberal Nacional y ser miembro activo del Partido Comunista, manifestó Carvajal. Fue torturado y preso por más de un año en el Ministerio del Interior, la Prefectura del Departamento de La Paz, en Villa Victoria, Senkata y Viacha, desde donde lo exiliaron rumbo a Ecuador.

Volvió a Bolivia en el breve restablecimiento democrático, pero cuando se instauró el régimen de García Meza tuvo que declarase en la clandestinidad por seis meses y formar parte de la resistencia, saliendo del país por el lago Titicaca. “Salí en un botecito de totora rumbo a Perú, de esos chiquititos que hay, y de ahí me fui a Venezuela donde mi familia se encontraba, porque ya teníamos un plan, si nuevamente había un golpe yo desaparecería y nos encontraríamos en Caracas con mi esposa y mis hijas”. Pues en ese país encontró trabajo después de ser exiliado la primera vez, con la ayuda de paisanos y la Agencia de Información Alemana.

Él no fue el único, 99 periodistas más corrieron la misma suerte con las dictaduras militares, entre ellos su hermano René Carvajal, así como Carlos Arze, Heliodoro Ayllón, Luis Antezana, Luis Alcázar, Milton Añez, Jorge Arce, Carlos Arce, Eduardo Ascarrumz, Irving Alcázar, Pablo Arrieta, Alberto Bailey, Amalia Barrón, José Valdivia, Freddy Caballero, Teddy Córdova, Jorge Calvimontes, Amado Canelas, José Centellas, Carlos Decker, Hugo Díaz, Clovis Díaz, Javier Echenique, Alberto Garnica, Juan del Granado, José Gonzáles, Rafael Lineo, Gabriel Lípez, José Luque, Juan León, Jorge Mansilla,  Marcial Mansilla, Mirna Murillo, Augusto Montesinos, Víctor Mayorga, Mario Marañón, Eduardo Ojeda, René Olivares, Gonzalo Otero,  Oscar Peña, Antonio Peredo, Iván Paz, Marcelo Quiroga, Daniel Rodríguez, Raúl Rivadeneira, Mario Rueda, Carlos Rossel, René Rocabado, Gustavo Sánchez, Gloria Sélum, Jorge Suárez, Luis Soruco, Hugo Serrano, Pedro Shimose, Norma Sevillano, Juan Salazar, Carlos Soria, Andrés Soliz, Víctor Sandoval, José Vargas, Eduardo Vásquez, Humberto Vacaflor, Ramiro Velasco, Rolando Vizcarra, Rudy Vizcarra, Gilberto Villarroel, David Zapata, Nataniel Álvarez, Carlos Andrade, Carmelo Andrade, Luis Andrade, Freddy Arispe, Verónica Basaure, René Bilbao, Waldo Barriga, Alcira Cardona, Willy Camacho, Roberto Cuevas, Pablo Cuentas, Jacobo Liberman, Juan López, Gonzalo López, Walter Montero, Ernesto Miranda, Luis Morán, Clovis Meneses, Harold Olmos, Mario Otero, Walter Patiño, Juan Pereira, Diego Suárez, Fernando Saavedra, Alberto Torrico, Adolfo Ugalde, Luis Salinas, Arturo Von, Gróver Vega y Teodoro Orozco, según el Folleto anónimo que circuló en 1977 y que posteriormente fue difundido por la Comisión Boliviana de Justicia y Paz.

Actualmente todos los periodistas que sufrieron en las dictaduras fueron discriminados por el gobierno de Evo Morales, pues, en palabras de Carvajal, fueron eliminados de las listas todos los trabajadores del gremio periodístico por razones desconocidas, debido a lo cual no perciben la restitución moral y económica establecida por la “Ley de resarcimiento excepcional a víctimas de la violencia política en períodos inconstitucionales” (Ley 2640), como tantos otros que conforman la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad, la Justicia y Memoria Histórica del pueblo Boliviano.

Lily Cortez: “Soy la wawa del Defensor”, por Raquel Otálora

Es la principal dirigente de las trabajadoras sexuales, ahora promueve derechos humanos y lucha contra el proxenetismo, la trata y tráfico de personas, en particular de mujeres, y la vulneración de derechos.

Finalmente se encontraba en Cochabamba, el viaje le pareció corto desde La Paz, quería estar lo más lejos posible del infierno de violaciones y vejaciones al que había sido sometida por su padrastro desde sus 12 años, cuando su madre murió. Esperanzada creyó que su padre la ayudaría, pero sólo pagó tres días de un alojamiento y desapareció. Mientras deambulaba por la plaza principal de Cochabamba sin saber qué hacer, una mujer le ofreció trabajo en un supuesto restaurante, este encuentro le cambió la vida. Así comienza su relato Lily Cortez, nombre convencional, como ella dice lo usaba de noche, como hacen las trabajadoras sexuales. 

En algún momento se le escapa una lágrima al recordar que apenas tenía 17 años cuando Isabel, la persona que le ofreció trabajo, la entregó a un grupo de hombres y la obligó a estar con ellos a golpes. 

Han pasado más de 25 años desde entonces y ahora Lily es fuerte, decidida, empoderada y dirige la Organización de Trabajadoras Nocturnas - Bolivia (OTN), su lucha empezó con un grupo de trabajadoras sexuales, en La Paz y El Alto, ante los abusos policiales y de los dueños de lenocinios. 

La líder cuenta que “en la Policía había una oficina donde nos matriculaban, como a delincuentes, nos sacaban fotos de frente y de perfil, pagábamos por trabajar, cada viernes la Policía venía a los locales nos pedían plata a todas, nos arrestaban, nos golpeaban, nos echaban con agua”.

Cansadas del abuso denunciaron los hechos a la Defensoría del Pueblo, que realizó una investigación de oficio, presentó un Recurso de Inconstitucionalidad contra la Policía y ganó, desde entonces la lucha de las trabajadoras sexuales no paró pese a las amenazas y amedrentamiento. La institución defensorial formó líderes y apoyó la conformación de cinco organizaciones a nivel departamental de trabajadoras sexuales que se constituyeron en el referente para la conquista de sus derechos. 

Lily dirige el sector desde hace 14 años, lideró varias movilizaciones en defensa de los derechos de estas mujeres, logrando así que se frenen los abusos policiales, que los dueños de los locales les paguen aguinaldo y que las traten con respeto. “En todo esto, la Defensoría siempre está a mi lado, en mi formación como líder, apoyando la lucha, por eso digo yo soy la wawa del Defensor del Pueblo y esta organización también, porque nosotras trabajamos bajo el paraguas de la defensa de los derechos de las mujeres”, afirma Lily.

Reconoce que su liderazgo le trajo costos familiares, pues sus hermanos la negaron, le pidieron que no salga públicamente, pero ella decidió hacerlo. Dice sentirse feliz porque sus dos hijas, ahora profesionales, le acompañan en su lucha. “Me costó que entendieran, pero lo hicieron”, asegura mientras su rostro se llena de felicidad cuando habla de sus hijas y de sus nietos.

Ahora,  Lily Cortez sale en los medios de comunicación, firme, defendiendo los derechos de las más de 50.000 mujeres que están en esta actividad, así como de las adolescentes y jóvenes que son engañadas y violentadas. 

Recientemente presentaron un proyecto de ley para regularizar el trabajo sexual que fue tratado en una de las Comisiones de la Cámara de Diputados, en cuyo recorrido estuvo la Defensoría del Pueblo manifestando que cualquier norma referida a esta población, debe priorizar la protección de derechos de las mujeres, antes que a propietarios y administradores.

La luchadora asegura que el acompañamiento de la institución defensorial les marcó el camino para que ahora ellas batallen por los derechos de miles de mujeres. “Las trabajadoras sexuales luchamos contra la trata y tráfico de personas, hacemos intervenir locales clandestinos donde explotan a menores, tenemos buzas trabajadoras sexuales que denuncian la explotación”, comenta orgullosa Lily y empieza a relatar los desafíos que tienen a nivel nacional e internacional. 

Antes de terminar de contar su historia, se para y dice “lo bueno es que ahora somos más, tenemos nuevas hijas de la Defensoría que seguirán la lucha por los derechos de las mujeres”.

Xavier Albó, el jesuita que le dio discurso al proceso de cambio y que ahora le hace un desplante, por Olga Zeballos

Llegó a Bolivia en el año de la revolución nacional. De inmediato empezó a trabajar con los campesinos, luego con los indígenas. Su vasta producción intelectual sustenta una parte del discurso del Movimiento al Socialismo. Albó, a lo largo de los últimos años, se convirtió en un crítico del Gobierno. Pese a eso, fue condecorado con el Cóndor de los Andes, donde sacó a relucir con más fuerza sus críticas.


Para entender la influencia de Xavier Albó en la política boliviana debemos remontarnos al tiempo de su llegada al país en 1952, el año de la revolución nacional. Tal parece que la vida del sacerdote jesuita está ligada íntimamente al acontecer político de estos últimos 50 años, marcados por el golpe de Banzer, la huelga de hambre para recuperar la democracia en el gobierno de Banzer, la cercanía para la creación de la confederación de trabajadores campesinos de Bolivia, y su ligazón con el katarismo y, por último, su ligazón con el actual proceso de cambio, que en un inicio llevó las posturas de Albó en cuanto a la plurinacionalidad y las autonomías indígenas, su aparente ruptura con el gobierno y por último el reconocimiento que recibió con el Cóndor de los Andes, presea impuesta por el mismo Evo Morales.

Esta línea de desarrollo político también hay que añadir la línea de su producción intelectual desde un inicio totalmente campesinista al igual que las corrientes de izquierda que veían al campesino como parte de una lucha de clases, hasta llegar a un final totalmente pachamamista como dirían los detractores de este sacerdote jesuita.

Su llegada al país

Xavier Albó Corrons nació el 4 de noviembre de 1934 en La Garriga (Catalunya, España), más que español él se dice “catalán, para ser más preciso”.  En 1951 se hizo miembro de la Compañía de Jesús. Emigró a Bolivia en 1952, en agosto de ese año, cuatro meses después de la revolución del 9 de abril.

Bolivia vivía en ese entonces una efervescencia revolucionaria muy fuerte, el MNR había tomado el poder con una sublevación popular después de que el gobierno de Mamerto Urriolagoitia desconociera la elección en la que había ganado Paz Estensoro. Bolivia vivía en ese momento una realidad diferente, se veía mucha presencia indígena en las calles y sobre todo en la plaza Murillo, no olvidemos que antes de la revolución y dada la situación de opresión que vivía el campesino e indígena no podía ingresar a las principales plazas de las ciudades más importantes, no hay que olvidar que había letreros que decían “prohibida la entrada a indios y perros”. 

Ese era el ambiente cuando llegó Albó a Bolivia y él cuenta: “Me invitaron a escoger donde ir a hacer misión y dije yo me apunto para ir a Bolivia. Yo pensaba más en la India, jamás pensé quedarme en España y menos en Catalunia, pensé en la India, pero Luis Espinal fue destinado a la India pero a la final termino en Bolivia, porque en la India no toleraban tener misioneros” .

 En la década del 50 y 60, Albó es un veedor crítico de la realidad además que aprovecha esos años para profesionalizarse.  Como se puede ver el hombre se armó de herramientas que décadas después darán mucho de qué hablar, pues su cercanía en el trabajo pastoral con las poblaciones campesinas de La Paz, Jesús de Machaca, la Comunidad de Corpa, concretamente en la Provincia Ingavi, le acercó a una realidad diferente que le hizo comprender el fracaso de la revolución nacional, pues si bien es cierto que “el indio se volvió campesino y era dueño de su tierra éste había sido abandonado a su suerte”.

Xavier Albó y otros dos jesuitas, Luis Alegre y Francisco Javier Santiago, fundaron en octubre de 1971 el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), tres meses después del golpe de Hugo Banzer Suarez, lo que demuestra una vez más que todo lo relacionado a Albó está íntimamente ligado a los hitos importantes de nuestra historia.

Xavier Albó fue el primer Director de CIPCA. Con relación a esta situación Albó es claro cuando indica “que la institución optó por los campesinos y no por los mineros, porque eran una mayoría demográfica, además los mineros ya tenían conciencia de clase” El CIPCA quería “buscar los caminos más eficaces para que los campesinos de Bolivia encuentren cauces propios para su desarrollo estructural y su integración en el país”.

Ya para finales del gobierno de Banzer Albo, junto al cura jesuita Luis Espinal Camps hacen parte de la huelga de hambre liderada por Domitila Chungara y las amas de casa mineras  Aurora de Lora, Nelly de Paniagua, Angélica de Flores y Luzmila de Pimentel, medida que representó el fin de la dictadura militar del general Banzer en la navidad de 1977.

Toda la década del 80 encontramos las obras escritas por Albo: Achacachi, medio siglo de luchas campesinas; El futuro de los idiomas oprimidos; desafíos de la solidaridad aymara y muchas más donde ve a los campesinos como actores importantes del desarrollo del país. 

A mediados de los 80 ya se ve en la obra de Albó una mayor aproximación hacia los sectores indígenas y no solo campesinos. En su producción intelectual aparecen los aymaras, indígenas y es así que se producen trabajos como “Chukiyamu: La cara aymara de La Paz”,  “Bolivia Plurilingüe: guía para planificadores y educadores”;  “pueblos indios en la política”; todos correspondientes a algunos cuadernos de investigación elaborados por Albó en CIPCA.

Encontramos en Albo un compromiso progresista con los anhelos de los sectores empobrecidos y marginados, solo así podemos entender su participación en la huelga de hambre que derrocó a Banzer y Albó es bien claro cuando habla de Espinal: “vivíamos en la misma casa, en el mismo cuarto, en realidad para mi Luis Espinal es un modelo de cristiano comprometido”. Ese compromiso ha hecho de Albó alguien que estuvo comprometido en todo lo que hace al devenir político de los campesinos en un principio y a los indígenas en una etapa posterior.

En el primer gobierno del MAS, en la etapa donde Evo Morales tuvo una propuesta política hasta progresista trató de buscar un proceso descolonizador en el país, para ello se aprobó una nueva Constitución, se aprobó la obligatoriedad que para ser autoridad política se debía hablar por lo menos un idioma nativo, se formalizó como símbolo nacional a la Wiphala, se instauraron las posiciones indígenas en Tiwanacu, aunque para ello tuvieron que “recrear” lo que los ideólogos del MAS entendían por “posesión indígena”. Fue una década bastante interesante en lo que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas a los que Albo dice apoyar, pero ese primer ímpetu gubernamental indígena se fue diluyendo año tras año y en la actualidad toda esa vertiente indígena en el gobierno del MAS quedó en la historia. 

Esta situación también hizo que Albó se vaya alejando del MAS y empiece a adoptar posturas más críticas y cada vez más duras frente al actual gobierno. Pero para sorpresa de todos, el 5 de abril de este año, Xavier Albo y Mauricio Bacardit son condecorados con el Cóndor de los Andes.

Albó, en su intervención para la recepción de la medalla, lo primero que planteó fue incluir entre los principios del "ama suwa, ama llulla, ama quilla" el no ser adulón y no callar. 


Pedro Portugal: El discurso de la condecoración fue un desplante

Pedro Portugal, director del periódico indianista Pukara, habla del rol de este sacerdote en el desarrollo de las organizaciones sociales indígenas:

¿Qué opina de la labor que viene desarrollando Xavier Albó, en las ciencias sociales? 

A nivel de las ciencias sociales, es un aporte muy interesante, es una persona con mucho dinamismo con mucha inteligencia en el conocimiento, en el relacionamiento social y se han mostrado con ello aportes muy interesantes en las ciencias sociales en Bolivia, además ha tenido una influencia política en los acontecimientos.

¿Cuál la influencia de Albó en la corriente política de los indianistas y kataristas?

Ha sido lo mismo con los movimientos campesinos e indianistas, solo que ha sido percibido y recibido de la misma manera, o de manera diferente.  Albó al ser un cientista social es un activista, un activista con aspectos muy especiales, es decir que le interesa dirigir los acontecimientos hacia las ópticas de lo que él estudia y determina, en los años 70 hubo el movimiento indígena, se tuvo una sensibilidad katarista que buscaba la articulación con gente como Albo, con la izquierda, con la iglesia, etc, otra que era muy reacia que veía una forma de ver el colonialismo de mantener el paternalismo e impedir el surgimiento de ideas propias. Albó por su carácter y su manera de ser, tuvo mayor aceptación y de sintió más a sus anchas en el sindicato campesino, de entonces y tuvo bastantes problemas por lo mismo en los dirigentes de los movimientos indianistas.

¿Qué opina de la reacción de Albó en su acto de condecoración? 

Albó y otros diseñaron los planes de gobierno en la primera gestión del gobierno las ONGs, tuvieron una injerencia muy activa, ahora la condecoración a Albó me parece un hecho político, porque Albó ha estado muy comprometido con dar línea sobre el aspecto indígena en Bolivia, línea que la asumió el gobierno, pero que lentamente y progresivamente la ha ido abandonando, eso habría que analizar por qué. 

Y la reacción de Albo tiene mucha audiencia entre la intelectualidad boliviana, es una opinión que pesa arto sobre todo en estos momentos en los que se empieza a fortificar una perspectiva negativa de intelectualidad hacia el actual gobierno, a mi modo de ver el gobierno le condecoró como una cuestión política de querer acallar sus críticas, que también condecoraron a otro cura que también juega un rol con la ONG en Santa Cruz. Solo que el gobierno no lo tomó en cuenta el carácter de Albó, ya la ruptura entre Albó y el gobierno ha sido tan fuerte y radical que les hizo un desplante, desplante que bueno fue recibido con ovaciones por parte de la oposición.

¿Xavier Albó y Jurgen Rister se dividieron el control de las organizaciones campesinas en el occidente y oriente, eso dice mucho de la autonomía de nuestras organizaciones.  No es así?

Eso muestra el rol político y director que juegan algunas personas y las ONGs, generalmente vienen extranjeros a Bolivia y muchos con muy buena preparación, pero su potencial digamos positivo que pueda tener se va disolviendo porque sin darse cuenta entran en un esquema colonial que no ha cambiado en Bolivia, en el cual ellos por ser extranjeros tienen una ventaja, el criollo sobre todo gira el rededor de ellos, que articulan a veces con ONGs en el aspecto financiero ya que es muy importante en Bolivia y lenta e imperceptiblemente aunque no haya sido su voluntad primera entran a ser directores políticos y esto a desmedro de lo que puedan hacer ellos.

Es una actitud meramente colonial, en 1983, teníamos una institución que se llamó Chitacolla, que era la única a nivel indígena que existía y fuimos invitados a una reunión en Trinidad  para un encuentro donde dirimían entre Riester y Albó, entre APCOB Y CIPCA (sus instituciones), lo que iba a ser el futuro de la organización política campesina indígena en Bolivia.  Albó defendía la tesis que todos los indígenas tenían que estar en la Confederación Campesina y Riester defendía la posición en que los Indígenas del oriente tenían que  tener una organización propia, porque tenía características diferentes con condiciones particulares.  

Ahí se dio un enfrentamiento entre las dos personas, y ganó la posición de Riester, y es importante ver como la mitología nos hace ver que los indígenas, campesinos son autónomos, pero cuando la realidad en este caso no es esa y seguramente situaciones como estas se siguen repitiendo y ojalá no se sigan dando en el futuro.

La fundación Xavier Albó, un homenaje a un hombre comprometido

 “El nombre de la Fundación Xavier Albó lo pusieron a pesar  de mi oposición, la fundación no me pertenece, solo lleva mi nombre”, dice Xavier Albó.

Lola Paredes, Responsable de la Biblioteca,   explica que fue una decisión de directorio formar en 2006 la Fundación Xavier Albó, en reconocimiento al trabajo que ha hecho, para que la biblioteca se mantenga, ya que la mayoría de las ONGs  han formado sus bibliotecas y después  han desaparecido,  y como ya no hay financiamiento, lo primero que hacen es hacer desaparecer las bibliotecas , en cambio Javier ha impulsado y prácticamente ha luchado para que la biblioteca sí se  mantenga y  que nunca  se cierre.

Gracias al impulso de Xavier es que se decide dar paso a la biblioteca,  hasta la fecha ya tendríamos más de cien mil libros.

Por eso, cuando las ONGs cierran sus bibliotecas por falta de financiamiento ven en la Biblioteca de la Fundación el lugar donde sus libros tendrán todavía utilidad, hasta este momento tenemos más o menos 15 bibliotecas que se han juntado. Por eso la fundación intenta hacer un homenaje en vida a un hombre muy comprometido con las ciencias sociales.

Gabriel Calla murió víctima de la delincuencia; ahora su familia es víctima de la justicia, por Nancy Vacaflor Gonzales

Hace ocho años, Gabriel Calla, de 21 años, fue asesinado. Este 3 de mayo se cumplió otro año de su muerte y desde que su familia llegó a la morgue a reconocer su cuerpo. La retardación es uno de los factores que más ha perjudicado a la conclusión del caso. 



“Me han quitado a quien más amaba. Le prometí (a Gabriel): ‘¿sabes, qué voy a hacer? Les voy a encontrar a esos infelices. Te prometo. Les voy a poner donde tienen que estar, donde no hagan daño’”, juró Martha Ibañez en la tumba de su sobrino Gabriel Calla Ibañez, asesinado hace ocho años.

Hasta la fecha, la mujer de 68 años no pudo honrar el compromiso, no porque no hiciera lo suficiente para conseguir que los asesinos materiales del joven y los cómplices del hecho fueran enviados a la cárcel, sino porque la retardación de justicia sigue manteniendo en vilo a la familia.

Era la madrugada del 3 de mayo de 2008. Gabriel, su enamorada y tres de sus amigos se retiraban de un concierto, cuando fueron interceptados por un vehículo del que bajaron Jaime Torres, Cristian y Alberto Sarmiento, y Linda Callejas, quienes frustraron en pocos minutos la vida y el futuro de Gabriel.

Los amigos y la pareja de “Gabo”, como le llamaban, fueron golpeados hasta quedar inconscientes, pero él no tuvo la misma suerte; lo torturaron, le hicieron cortes en los pies y los brazos, lo apuñalaron en el omoplato y cerca del corazón, y, para asegurarse de su muerte, le pisaron en las costillas y en la herida.

Aunque Bolivia no está entre los países más violentos de la región, la tasa anual de criminalidad para el 2015 es de 10,8 por cada 100.000 habitantes, una cifra que para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, es auspiciosa porque se redujo respecto a 2012, cuando era 12,1 por cada 100.000 habitantes.

Para la familia del joven, a quien lo conocían por su pasión por el rock y por ser estudiante de biología, estos datos no son un consuelo, porque desde su muerte no cesó la búsqueda de justicia en los casi 1.300 días con el fin de que los victimadores sean detenidos. Y en ese afán lucharon con poco éxito contra las chicanas y la dilación de los administradores de justicia.

Martha se convirtió en una investigadora más; cubrió las deficiencias del Ministerio Público que por falta de logística y por su poca voluntad política no puede cumplir eficientemente con su labor. Se encargó de encontrar las pruebas para sostener la imputación y la acusación.

Rastreó la ubicación del principal autor del asesinato, Jaime Torres, con todos los riesgos de enfrentarse con un “delincuente callejero”, y condujo a los investigadores para su detención en abril de 2009.

Exploró hasta dar con el segundo acusado, Alberto Sarmiento, quien, para evadir a la justicia, ingresó al servicio militar en Riberalta, en el departamento de Beni. Ni la distancia ni los recursos que le significó viajar hasta allí con un policía la retuvo para ir en su búsqueda. En diciembre de 2010, el hombre fue detenido y trasladado a La Paz.

Cristian Sarmiento huyó del país. En Rio de Janeiro (Brasil) cumple una condena por asesinato de un ciudadano de ese país. “Son personas que no tienen límites, porque la vida no vale nada para ellos”, comenta Martha, que rompe en llanto una y otra vez.

Gabriel no fue la única víctima. Su sufrimiento y partida los padece su familia, que ha convertido ese dolor en una causa por buscar que la Justicia condene a los asesinos, encubridores y cómplices a 30 años de prisión sin derecho a indulto en una cárcel de máxima seguridad.

“No es venganza, es justicia”, dice la tía, que mientras tuvo con vida a su sobrino lo amó como si fuera su propio hijo. 

Mientras, los padres del joven, Hernando Calla y Gaby Ibañez, no pudieron celebrar el reciente cumpleaños de Gabriel, el 1 de abril, cuando iba a cumplir 29 años.

El registro de la impunidad

El papá de Gabriel, Hernando Calla, lleva un registro de la “impunidad y la injusticia”. Anotó las veces que la fiscalía, el juzgado y la defensa de los acusados suspendieron innumerables audiencias, que dilatan la sentencia por el asesinato de su hijo.

El juicio oral se extendió un año y medio, desde marzo de 2014 hasta septiembre de 2015. Pero los amargos momentos de pisar los tribunales no han terminado. La familia Calla Ibañez sigue esperando desde noviembre pasado, hace seis meses, la audiencia en la que se dicte la sentencia ejecutoriada.

El caso fue conocido por los fiscales Sergio Céspedes, Susana Boján y Elsi Villafranqui, el mismo que radica en el Tribunal 5to de Sentencia con la juez Nancy Bustillos. Ellos tienen la responsabilidad de administrar justicia sobre Torres, Sarmiento y sobre su cómplice Callejas. 

Más de 50 audiencias fueron suspendidas. Atribuibles a la ausencia de los fiscales, de los jueces, de los acusados, de los testigos, entre otros. Las “famosas notificaciones”, son otra de las causas de dilación en los procesos, comenta Martha. 

“Todo es un negocio”, concluye Martha, la mujer jubilada que contó con el tiempo para hacer seguimiento día a día del engorroso proceso legal. Conoce los movimientos de la Policía, la Fiscalía y el Tribunal Departamental de Justicia.

La súplica para que el caso no se quede sin fiscales

Se apoyó en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, tocó las puertas de los medios de comunicación, pidió ayuda a quien fuera necesario, para contar la desesperada situación de su familia.

Hablar de la gratuidad de la justicia le parece un chiste. Ella sacó fotocopias de todas las audiencias para evitar que se pierdan o sean manipuladas las actas. Desconfía de la administración de la justicia y de los fiscales; como la mayoría de litigantes que van en romería a los juzgados. 

Esta sensación no es solo de la familia de Gabriel, según una investigación de la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública y la Embajada de Suecia, basado en una encuesta para el barómetro de las Américas 2014, de 3.053 personas el 54% considera que la retardación de justicia se debe a que los jueces y oficiales de diligencia de los tribunales son corruptos.

De acuerdo al registro del Consejo de la Magistratura en 2013, de 250.000 juicios penales que se abrieron, 611 (0,24%) obtuvieron una sentencia. Esta familia es víctima de este sistema.

Martha lucha por cumplir la promesa de justicia a su asesinado sobrino

Hace ocho años Gabriel Calla de 21 años fue asesinado. Este 3 de mayo se cumplen ocho años desde su muerte y desde que su familia llegó a la morgue a  reconocer su cuerpo.

“Me han quitado a quien más amaba. Le prometí (a Gabriel) ‘¿sabes qué voy a hacer? Les voy a encontrar a esos infelices. Te prometo. Les voy a poner donde tienen que estar, donde no hagan daño’”, prometió Martha en la tumba de su sobrino, Gabriel Calla Ibañez, asesinado hace ocho años.

Hasta la fecha, Martha de 68 años no cumplió su promesa, no porque no hiciera lo suficiente para mandar a la cárcel a los asesinos materiales y a la cómplice del hecho; sino porque la retardada justicia sigue manteniendo en vilo a la familia Calla Ibañez.

Era la madrugada del 3 de mayo de 2008, Gabriel, su enamora y tres de sus amigos se recogían después de un concierto, cuando fueron interceptados por un vehículo, del que bajaron Jaime Torres, Cristian y Alberto Sarmiento y Linda Callejas quienes frustraron en pocos minutos la vida y el futuro de Gabriel.

Los amigos y la pareja de “Gabo” fueron golpeados hasta perder la memoria, pero él no tuvo la misma suerte. Le torturaron, le hicieron cortes en los pies y los brazos, lo apuñalaron en el omoplato y cerca del corazón, para asegurarse de su muerte le pisaron en las costillas y en la herida.

La destrozada familia, del joven apasionado por el rock y estudiante de biología, no descansó un solo minuto de los casi 1.300 días, para que los victimadores sean detenidos, lucharon contra las chicanas y la dilación de los administradores de justicia.

Martha se convirtió en una investigadora más, cubrió las deficiencias del Ministerio Público que por falta de logística y por su poca voluntad política no puede cumplir su labor eficientemente. Se encargó de encontrar las pruebas para sostener la imputación y la acusación.

Rastreo la ubicación del principal autor del asesinato, Jaime Torres con todos los riesgos de enfrentarse con un “delincuente callejero” y condujo a los investigadores para su detención en abril de 2009. 

Exploró hasta dar con el segundo acusado, Alberto Sarmiento, quien para evadir a la justicia ingresó al servicio militar en Riberalta en el departamento de Beni. Ni la distancia ni los recursos que le significó viajar hasta allá con un policía retuvo a Martha, para ir en su búsqueda. En diciembre de 2010 fue detenido y conducido a La Paz.

Cristian Sarmiento huyó del país, en Río de Janeiro-Brasil cumple una condena por asesinato a un ciudadano de ese país. “Son personas que no tienen límites porque la vida no vale nada para ellos”, cuenta Martha, que rompe en llanto, los ojos no se han secado y el dolor parece que nunca terminará.

Gabriel no fue la única víctima, también lo es su familia, que han convertido el sufrimiento en una causa porque por justicia condene los asesinos, encubridores y cómplices a 30 años sin derecho a indulto en una cárcel de máxima seguridad.

“No es venganza, es justicia”, dice la tía que ama al sobrino perdido como su fuera su propio hijo. Mientras que sus padres Hernando Calla y Gaby Ibañez no pudieron celebrar el reciente cumpleaños de Gabriel, que este pasado 1 de abril cumpliría 29 años. 

Gabriel Calla Ibañez permanece intacto en la memoria de su familia, lloran su ausencia, pero aprendieron a sobrevivir una vida privada de un ser amado que espera porque los jueces y fiscales hagan justicia.