Las víctimas de las dictaduras llevan más de 1.460 días de vigilia luchando por dignidad, por Lucy Rossi

Adultas y adultos mayores permanecen en El Prado exigiendo la atención de sus demandas, soportando las inclemencias del tiempo, pero firmes en su decisión de continuar con sus demandas ante el gobierno.

“17 compañeros han fallecido estando aquí en las carpas; el último es César Villca Fernández, un trabajador minero que ha sido autoridad de este gobierno (…) subgobernador de su localidad Andamarca en Oruro”, relata Victoria López, una de las representantes del grupo movilizado. “No existe ninguna consideración en absoluto, pese a que está la Ley del adulto mayor. Nosotros estamos siendo nuevamente revictimizados, estamos sobreviviendo en estas carpas, aquí dormimos, aquí vivimos; tenemos una olla común, un solo plato al día que tenemos con el aporte de la ciudadanía que deposita en la alcancía que tenemos…”, cuenta la entrevistada con tristeza reflejada en su voz y en sus ojos, pero llena de firmeza y rabia contenida. 

4 años de vigilia permanente

La vigilia se inició el 13 de marzo de 2012, cuando las víctimas de las dictaduras decidieron instalar carpas frente al edificio del Ministerio de Justicia en pleno prado paceño. Desde entonces, la “Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano Sobrevivientes de las Dictaduras”, exige que la ley 2640, aprobada el 2004, cumpla con el resarcimiento excepcional a víctimas de la violencia política y violación de derechos humanos ocurridos en periodos de gobiernos inconstitucionales.

“Invertir hasta la vida”

“El Estado tiene una deuda con todos quienes hemos sufrido vejámenes en las dictaduras. En todos los países se han conformado Comisiones de la Verdad, existen museos para recordar ese pasaje de la historia, para que las nuevas generaciones no permitan que se repitan; en Bolivia no. Se está cometiendo un “memoricidio”, están borrando la historia de nuestro país”, afirma Julio Llanos, presidente de la Plataforma.

“Por eso nos instalamos el 13 de marzo del 2012, pidiendo nuevamente justicia y verdad, nuevamente hemos dejado familia, hemos dejado hijos todo lo poco o nada que tenemos (…) y si tenemos que invertir hasta la vida, vamos a morir aquí; y así, murieron 17 compañeros en estos cuatro años y nosotros vamos a continuar la lucha por dignidad, porque se reconozcan nuestros derechos”, afirma Llanos.

Muchas de las personas que se encuentran en la vigilia tienen historias, las cuales cuentan sin ningún reparo; pero al final de ellas, todos los entrevistados coinciden en que actualmente sufren de enfermedades y expresan frustración al no recibir la atención a sus demandas por parte del actual gobierno.

Celestino Iquiapaza Huanaco, de 75 años y procedente del Norte de La Paz, dice que “este gobierno nos está tratando peor que los gobiernos de la dictadura, sin reconocernos; todo este tiempo me he enfermado y ya no puedo trabajar”.

Lorenzo Apaza Mamani, de 77 años y nacido en Puerto Acosta, permanece en la vigilia junto a su hija, quien como como resultado de las agresiones militares perdió el habla. Lorenzo, a viva voz reclama: “gracias a la democracia los parlamentarios, ministros y todos reciben su doble aguinaldo, nosotros recibimos doble castigo, hasta ahora no hay justicia ni atención para nosotros. 

Estamos gastando, yo vengo desde Puerto Acosta, nosotros somos agricultores, no estamos haciendo la chacra y estamos abandonando a nuestros animales. Queremos que la ley 2640 se cumpla; cuando Evo Morales viene allá (Puerto Acosta) recibimos con mixtura, le hacemos bailar, con poncho (le) ponemos; ahora nosotros venimos aquí (La Paz), nada para nosotros, parece que nos quieren recibir con gas”. 

Defensoría del Pueblo

Rolando Villena, Defensor del Pueblo, consultado sobre el tema dijo que la Defensoría tiene conocimiento sobre la demanda y aseguró que se reunió en varias oportunidades con las víctimas y con personeros de gobierno, para que esta norma pueda ser revisada, ya que solo hubiese atendido a un sector y no a todos. Según el Defensor, el Estado debe asumir la solución de la demanda como parte de su responsabilidad. Así también confirmó que “la poca gente que queda, en su mayoría adultos mayores está indignada con la dilación premeditada que se ejerce para no retomar el tema” y que su salud se va deteriorando.

Por su parte, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, declaró ante los medios que el gobierno se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que la Plataforma interpuso una demanda ante esta instancia para que el gobierno atienda sus pedidos.