Las denuncias de despojo de tierras a adultos mayores se incrementan hasta en 90%
Los dirigentes de algunas comunidades les quitan sus tierras a los adultos mayores porque éstos ya no tienen fuerzas para cumplir con sus obligaciones comunales.
Las denuncias de despojo de tierras de adultos mayores en el país, se incrementaron de 270 en 2013 a 512 en 2014, lo que muestra un incremento del 90%, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Esta entidad recibió alrededor de 4.000 quejas de adultos mayores en 2014 por vulneración a sus derechos, mientras que en 2013 se registraron 3.243 casos.
En 2014, se registraron 399 denuncias sobre derechos de salud y seguridad social; 435 relacionadas con la vulneración del derecho a una vejez digna y trato preferente; 161 al acceso a la justicia y debido proceso y 114 relacionadas con violencia. Entre los agentes más denunciados están instituciones públicas entre las que se encuentran el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, Servicio General de Identificación Personal, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Policía.
El presentante de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de El Alto, José Hidalgo, indicó que las causas del despojo de tierras de adultos mayores tienen que ver con haber perdido las fuerzas y no poder cumplir las obligaciones establecidas por la comunidad.
“Son víctimas de despojos y de discriminación. Llegan por sus propios medios desde las provincias. La mayoría de las veces vienen solos o acompañados de algún familiar que vive desde hace años en la ciudad. Los acompañan por compasión o en su caso porque son afectados por vulneración de derechos de estas personas”, señaló.
Hidalgo detalló que los denunciantes tienen entre 70 y 80 años. En tanto, indicó que la estructura comunal obliga a todos sus miembros a ejercer determinada responsabilidad o cumplir labores agrícolas o deportivas. Al no desarrollar estas actividades reciben intimaciones y finalmente sufren la pérdida de sus terrenos e, inclusive, dijo, los expulsan por la fuerza.
Señaló que en promedio mensual, la Defensoría de El Alto atiende nueve denuncias presentadas por adultos mayores por el despojo de sus tierras ubicadas en áreas rurales del departamento de La Paz.
En ese marco, señaló que antes de las denuncias se busca el diálogo con las autoridades originarias o los representantes de las comunidades denunciadas con el objetivo de lograr un cambio de actitud, hasta el momento, no se logró resultados concretos entre las personas que son convocadas por la Defensoría con este motivo.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó que se avanzó en la promulgación de las normas de protección y promoción de sus derechos, pero reconoció que las personas mayores siguen siendo víctimas recurrentes de afectaciones a sus derechos.
Un caso que conmueve en Tarija
En San Ramón, Puesto 27, jurisdicción de la primera sección de la provincia Arce, Tarija, se registraron varios casos de despojos de tierras a campesinos que son adultos mayores, quienes sentaron la denuncia respectiva.
La vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija (APDHT), María Teresa Rojas, manifestó que se tiene conocimiento que en el despojo de tierras están involucrados algunos dirigentes del sindicato campesino al igual que el corregidor de esta comunidad.
En la investigación realizada se llegó a establecer que los dirigentes y el corregidor autorizaron para que algunas personas, que son sus parientes, ingresaran a los predios para hacer las siembras. Los damnificados de estos atropellos son personas de la tercera edad que tienen sus certificados de nacimiento, son de la comunidad de San Ramón Puesto 27, donde viven y siembran productos agrícolas.
En la denuncia que se hizo en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija se pudo conocer que los terrenos son de sus antepasados por lo que no se puede tolerar que los terrenos sean quitados. Este caso de atropello a personas de la tercera edad fue puesto en conocimiento de los dirigentes de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinos de Tarija, quienes se comprometieron a visitar la comunidad.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos hizo la denuncia a las autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), quienes desplazarán una brigada para que se haga presente en el lugar para solucionar el problema de tenencia de tierras.
Este medio intentó comunicarse con el INRA, pero no respondieron al cuestionario enviado.
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