Piden la dotación de un bono mensual de Bs 500. No existe posibilidad de diálogo porque, en el intento registrado en Parotani, el Gobierno ofreció conformar una comisión para analizar la factibilidad de la demanda.
Cansados por el esfuerzo físico adicional, con los rostros quemados por un sol intenso, y golpeados anímicamente por el resultado negativo del diálogo con el gobierno, al menos 120 personas con discapacidad marchan desde Cochabamba a La Paz exigiendo el pago de un bono mensual de Bs 500.
Una “fila india” al borde la de carretera se abre paso, enfrentando a rabiosos conductores de vehículos pesados, quienes no entienden las razones de esa complicada forma de protesta y que sí llamó la atención de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El representante paceño de personas con capacidades diferentes, Jorge Flores, reclamó seriedad a las autoridades gubernamentales, porque en el último intento de diálogo en la localidad de Parotani, distante a 30 kilómetros de la capital del valle, no pasó de una propuesta de conformar una comisión bilateral que analice la factibilidad económica para la demanda.
“No podemos permitir más burlas, pretenden dilatar nuestra movilización y no se dan cuenta que somos personas con problemas de movilidad física. No estamos pidiendo cosa del otro mundo, sino un bono mínimo y respeten nuestra condición de seres humanos”, enfatizó.
Según el parágrafo II del artículo 8 de la Constitución Política del Estado, “el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades (…) bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.
Y es en este texto que se encuentra registrado en el “Manual de educación en Derechos Humanos” de la Defensoría del Pueblo, donde asienta su pedido esta movilización que cuenta con representantes de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Sucre y Potosí.
Lecturas diferentes
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, recordó que el Gobierno siempre estuvo presto a establecer un canal de diálogo que atienda demandas.
Ariana Campero, ministra de Salud, reclamó por una supuesta mala voluntad de la dirigencia de personas con discapacidad para encarar acuerdos concertados.
“Este encuentro (de Parotani) no debe tener tintes políticos”, manifestó tras identificar la presencia de líderes del Comité Cívico y de la Defensoría del Pueblo.
El presidente de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad, David Cayo, afirmó que al Poder Ejecutivo se le mostró la forma cómo podría financiarse el bono ya que el monto de Bs 500 es ínfimo en relación a otras obligaciones que tiene el Estado.
La movilización de ciudadanos con limitaciones físicas se inició el lunes 21 en la ciudad de Cochabamba y pretende concienciar a la gente sobre el respeto a los derechos humanos, a partir de un socorro económico que recibirían periódicamente.
Desde 2008 cada ciudadano con discapacidad grave o muy grave percibe un estipendio anual de Bs 1.000, gracias al Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad que tiene un presupuesto de Bs 40 millones.
Cayo señaló que el pedido es sostenible porque se puede contar con aportes de gobernaciones y alcaldías, recordó también la existencia de fondos que no se utilizan en entidades públicas.
El dirigente Jorge Flores lanzó una propuesta para viabilizar el acuerdo: personas con discapacidad leve podrían recibir sólo Bs 250.
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