Padres de familia migrantes del norte de Potosí obligan a sus hijos a mendigar en las calles de la capital Potosina
Un estudio efectuado por el programa de investigación estratégica de Bolivia PIEB, revela que el elemento importante al momento de considerar los procesos de movilidad poblacional interna, es la pobreza extrema de algunos municipios del país. Dicho estudio señala que los departamentos considerados como expulsores son: Potosí 94,7%, Chuquisaca 93%, La Paz 87 % y Oruro 73, 5 %; mientras que los departamentos receptores están constituidos principalmente por las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Al respecto, Enrique Copa Vargas, responsable de la Secretaría Departamental de Desarrollo Social de la Gobernación de Potosí manifestó que, el factor principal para la migración es la pobreza. Los municipios más afectados se sitúan en el norte de Potosí, en las provincias Bustillos, Ibáñez y Bilbao, además señaló: “Las causas que hacen efectiva la migración rural-urbana se deben principalmente a la pobreza, al cambio climático, inestabilidad de la producción agrícola, suelos infértiles, etc., estos factores obligan a que los hermanos campesinos dejen sus tierras y se asienten en las ciudades principalmente del eje central y de nuestra propia ciudad; ya estando en la capital se encuentran en situaciones similares e incluso peores ya que no consiguen un trabajo al instante porque estos solo saben de agricultura y lo que se necesita en las ciudades es conocimiento técnico; en caso de no conseguir un trabajo se ven obligados a retornar a sus comunidades para labrar la tierra. Sin embargo la situación de las mujeres y las/os niñas/os campesinos es diferente, para ellas la oportunidad de conseguir dinero radica en la mendicidad”.
Día a día, mujeres, ancianos/as y niñas/os oriundos generalmente del norte de Potosí, se asientan en las principales calles de la ciudad, esperando la caridad de la ciudadanía. Pero, qué hay detrás de esta imagen percibible e ignorada por la sociedad, este hecho no se resume en la pobreza/migración o mendicidad/caridad. La realidad va más allá, esta práctica ya cimentada en el país, trae consigo todo un proceso que tiene como objeto conseguir dinero con el mínimo de esfuerzo, manipulando a la gente a través de su técnica más recurrida “lástima” y su instrumento más usado es un niño/a. Este fenómeno se ha convertido en un mercado negro que apela a la lastima y usa a los niños como objetos, que se ven obligados a mendigar en la vía pública expuestos al sol, frío, tráfico vehicular y a los peligros de la noche.
La Trabajadora Social de la Defensoría de la Niñez de Potosí, Daniela Moruno Delgado, expresó: “se ha visto que estas mujeres incluso pellizcan intencionalmente a sus niños para provocarles el llanto y dar pena; durante los últimos años se ha visibilizado la presencia por temporadas y un número cada vez mayor de niños/as y adolescentes que piden caridad en las calles; los fines de semana o días festivos logran superar el promedio diario de ganancia; en época navideña se ha detectado un incremento en la presencia de menores de edad ejerciendo mendicidad”. Además afirmó que “muchas mujeres adultas dedicadas a la mendicidad, llegan a las capitales del país con niños prestados por otras familias ya que su presencia despierta un mayor sentimiento de solidaridad en la población utilizan a los niños con fines económicos y las ganancias recaudadas no va en beneficio de sus familias, va destinado a un fondo comunal en los pueblos de origen para financiar la producción de sus cultivos y otros gastos de la comunidad”.
Marcela (identidad ficticia) es una niña de 9 años de edad oriunda de la comunidad de Sacaca del Norte de Potosí y junto a su mamá y su hermanito Mario (identidad ficticia) llegan a la ciudad con la finalidad de conseguir algunas monedas. Se alojan en casa de su madrina, aunque la mayor parte del tiempo deambulan por el centro de la ciudad en busca de caridad. Pero su lugar preferido es la puerta principal de COTAP donde, según ella, recibe mayor cantidad de monedas por solo extender la mano. Dice: “gano nomas, pero mi hermanito gana más que yo…”. Mario su hermano menor de aproximadamente 5 años, al igual que marcela se dedica a mendigar, baila al son de un charango observado por algunos turistas que entran y salen de la casa de moneda. Mientras que su madre los espera sentada en la acera del frente.
Así como Marcela, más de un centenar de niños/as provenientes del norte de Potosí, son explotados por sus propios padres con la finalidad de obtener algún rédito económico. Lamentablemente detrás de esa problemática no se esconde solamente la pobreza de las familias, pues esta práctica trae consigo vulneración de derechos, explotación laboral, trata, violencia y una sociedad indiferente a una realidad tan palpable y evidente.
No existe ninguna ley que hable sobre la mendicidad infantil que busque rescatar al menor de esa forma de explotación a identificar, aprender y sancionar a los explotadores. La doctrina nos habla de que el Estado ha ratificado tratados y convenios internacionales como: La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), donde se establecen los derechos de los niño/as y adolescentes y se compromete a “tomar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño/a contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación incluido el abuso sexual” (art. 19 CDN).
Al respecto, la normativa jurídica nacional señala el papel proteccionista del Estado hacia la niñez y adolescencia que asume la responsabilidad a partir de sus instituciones, de las familias y la sociedad, de velar por el interés superior del niño, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, así lo estipula el Art. 60 y 61 de la Constitución Política del Estado (CPE ) en concordancia al art. 6 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) y el Art. 155 Código Niño, Niña y Adolescente -CNNA); el reconocimiento de los derechos (Art. 121 al 145 CNNA); la prohibición al trabajo forzado, así como la explotación infantil (Art. .II CPE, Art.32 CDN, Art135 CNNA). Estas Leyes que sólo se quedan escritas en papel, la realidad nos muestra la inaplicabilidad de la norma y la inoperancia de sus instituciones.
Actualmente se habla de una estabilidad económica, arrojan cifras y estadísticas admirables para un país en vías de desarrollo, todos los días al llegar a casa se escucha por los medios de comunicación la entrega de obras, carreteras, escuelas, canchas, etc. y ejecución de proyectos de desarrollo sustentable en el área rural para erradicar la extrema pobreza. Y al salir de casa, uno se constata que Bolivia no va tan bien como se manifiesta, el panorama que nos dibujan nuestras autoridades, es totalmente diferente al panorama extractado de la realidad, se observa pobreza, una presencia de migrantes, dedicados al comercio informal.
Mientras que los niños y niñas migrantes que se dedican a pedir limosna ya se han vuelto parte del paisaje urbano que sin importar la hora y el día, bajo un sol abrazador o bajo el frío más cruel, esperan la caridad de la gente; estos son los niños pobres de nuestro país, aquellos que se ven explotados por su propios progenitores, despojados de sus derechos, abandonados por las políticas públicas de desarrollo humano de los gobiernos de turno e ignorados por la sociedad.
Frente a esta problemática es imprescindible que el Estado adopte medidas urgentes y radicales, para atenuar y frenar la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de sus hogares. Mientras que el estado asuma sus responsabilidades, debemos cumplir con nuestro deber de ciudadanos y ciudadanas y hacer lo que indica la ley, debemos aprender a denunciar, tal vez esta práctica coadyuve a las instituciones competentes para que hagan su trabajo, es momento de dejar de ignorarlos ya bastante tienen con que los ignore el poder, los gobiernos de turno para los cuales ellos no son una prioridad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario