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miércoles, 27 de abril de 2016

¿Es difícil el trabajo para las mujeres en el transporte público?, por Heydi Panoso Rojas

El trabajo no discrimina pero las personas si, ya que las mujeres que trabajan como choferes en distintas asociaciones de transporte público o  como independientes, para mantener a sus familias, son discriminadas en la mayoría de los casos por el machismo de los taxistas.

Cuando el alba aún se encuentra oscura, Sandra Escobar sale a trabajar con su “wilstermancito”, su principal herramienta de trabajo, un Ipsum  de tres filas, que desde muy temprano traslada a los ciudadanos a sus fuentes de trabajo o al mercado  para realizar compras. 

Sandra hace más de tres años que se divorció de su marido y desde entonces  se dedica a trabajar como chofer en la línea 110 para llevar el pan de cada día para sus dos hijos, Bryan Mendoza de 18 años  y Rayssa Mendoza de 14 años. Ella retorna a su hogar a medio día para poder almorzar y ver cómo llegaron sus hijos y pasar un tiempo con ellos, para no descuidarlos, por la tarde retorna a su fuente de trabajo, recorriendo las principales calles y avenidas  de Cochabamba hasta altas horas de la noche.

Esta es una de las muchas historias de mujeres bolivianas que trabajan en el transporte público por la necesidad de mantener a sus familias. Pero la sociedad machista que todavía existe en pleno siglo XXI hace que esta fuente de trabajo disminuya en cuanto a su atractivo de fuente laboral para las mujeres limitando al sector femenino a que acuda a realizar este trabajo.

“No sabía trabajar, pero empecé por necesidad.  La primera vez que entre a este trabajo me han visto como bicho raro. Los  choferes de otras líneas me decían vaya a mirar las ollas en la cocina y de la nada te gritan, te insultan… es gente que no tiene educación, ignorante” relata Sandra.

Al principio me sentía mal y lloraba, pero ahora les respondo, cuenta Sandra lo que sufría discriminación por parte de otros choferes al realizar el mismo trabajo que un “hombre”, para llevar unos centavos a su familia. Estos actos de violencia verbal hacen que las mujeres dejen  sus fuentes de trabajo no solo en el sector del transporte  sino también en otras fuentes de  trabajo que la sociedad los estigmatiza como empleos solo para hombres. 

Según el  Departamento de Actividades Sectoriales de la Organización Internacional del Trabajo OIT, la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo constituye una violación de los derechos humanos fundamentales más grave que cualquier otra forma de discriminación por motivos de género.

Tras el recorrido de Sandra le preguntamos a una de sus pasajeras que opina sobre el trabajo  de la mujer en el transporte público: “Son valientes, porque enfrentan a una sociedad machista, atrevida, inculta y en esta sociedad no valoran el trabajo de  la mujer porque ella trabaja para sacar a su familia adelante y debe trabajar de lo que pueda y tienen los mismos derechos que un chofer varón”. En cambio un pasajero varón dice: “me parece que las mujeres no deben trabajar manejando automóviles o buses y deberían  dedicarse a vender”, mientras que otro pasajero varón añade: “a mí me parece que son admirables esas mujeres, porque he visto mujeres taxistas que trabajan de noche y solas”.

A pesar de que son diez las  mujeres  que trabajan en el transporte público, no cuentan con un espacio especial para ellas. “No hay baños en mi línea y tenemos que ir a buscar donde hacer nuestras necesidades, tenemos que ir a las hierbas, eso en la parada de Ticti norte o aprovechamos cuando vamos cargar gas y en mi otra línea solo hay un baño” cuenta Sandra.

En las reuniones que realiza la línea 110 se pudo observar que hay 250 varones entre socios y choferes y son 10 las  mujeres que asisten a estas reuniones, pero cuando desean participar de las decisiones que se toman, no las toman en cuenta vulnerando sus derechos a la participación y opinión.

La sociedad en la que vivimos aún tiene el pensamiento colonialista sobre los trabajos que una mujer debe realizar. 

Las puertas de inclusión laboral para Personas con Discapacidad son difíciles de abrir, por Mario Bellido Palma

La inamovilidad funcionaria es un obstáculo para que el sector público y privado acate disposiciones de la ley 223, que establece la inclusión laboral de personas con discapacidad con carácter obligatorio en un 4 por ciento, equivalentes al número total de empleados que disponga el empleador.

“Es difícil que el sector  empresarial y el público  abra sus puertas a personas con discapacidad”, comenta  Javier Mendoza, director general de la Escuela de Integración, Formación Deportiva, Expresión Artística y Desarrollo Laboral  (EIFOFEC), aclarando que “el año pasado se visitaron 86 empresas y sólo se pudo incorporar a 13 jóvenes con discapacidad”.  No es tarea fácil porque la gente no tiene consciencia que las personas con discapacidad  necesitan desenvolverse como cualquier individuo normal y construir su propio proyecto de vida, apunto.

El argumento que se esgrime para limitar el acceso a una fuente laboral por parte del empresariado o el sector público a personas con discapacidad es que no van a poder, y sobre todo,  como la ley dispone que una persona con discapacidad tiene inamovilidad funcionaria la apertura es mucho más difícil, aunque de por medio esté la responsabilidad social empresarial, sostiene Mendoza.

Son contadas las empresas e instituciones que atienden la normativa legal que obliga al sector productivo o de servicios incluir en su planilla a personas con discapacidad, la mayoría tratan de rehuir esa responsabilidad como empleadores.

Según Mendoza el sector  público,  contrariamente a lo que se pudiera pensar, se presenta como el más reacio a incorporar a personas con discapacidad.

EMPRESA SOCIAL

Frente a este panorama EIFODEC está estudiando la posibilidad de constituir una empresa social de limpieza para que sean sus propios estudiantes quienes sean protagonistas del emprendimiento. 

Mendoza pensó en una empresa de limpieza,  porque es una labor que las personas con discapacidad mayormente pueden realizar, se trata de una actividad mecánica que no requiere mayor esfuerzo intelectual. El proyecto se está madurando porque hay que entender que constituir una empresa demanda recursos económicos  y el cumplimiento de una serie de exigencias de tipo legal y administrativo.

HABILIDAD OCUPACIONAL

Laura Amador, entrenadora laboral, psicóloga de profesión que trabaja con niños, niñas con discapacidad, señala que muy a pesar de que los jóvenes de EIFODEC, son convenientemente capacitados con habilidades ocupacionales, no pueden acceder a una fuente laboral, sobre todo  en el sector público, porque hay mucha gente “cerrada de mente”, y si se los acepta a mucho insistir para que se sometan a un período de prueba no tardan en retirarlos argumentando que la persona con discapacidad no se adapta al espacio laboral, que su trabajo es deficiente, o que no hay posibilidades de incorporación en planilla porque se está reduciendo personal por motivos administrativos, cuando en el fondo el mayor obstáculo de inclusión se constituye en la inamovilidad funcionaria, prevista también en la ley 223.

Con todo este año EIFODEC esperan encontrar trabajo para siete jóvenes que están siendo debidamente capacitados por las entrenadoras laborales de la escuela, tarea que demanda entre ocho meses a un año promedio.  Los jóvenes con discapacidad en edad productiva que aguardan una oportunidad para trabajar, acompañan a su buena predisposición sus perfiles ocupacionales debidamente certificados.  

PROCESO DE INCLUSIÓN

Pese a las enormes barreras de inclusión laboral en Cochabamba hay  personas con discapacidad que han podido hacer frente con entereza y  consolidar un espacio laboral. Es el caso de Víctor Espinoza  quien hace 25 años empezó como vigilante en la cooperativa de teléfonos COMTECO y, con el correr de los años, mostrando actitud y voluntad de trabajo a pasado por varias secciones técnicas y administrativas  hasta constituirse hoy por hoy en técnico coordinado comercial de la cooperativa telefónica. 

No fue fácil advierte “había un poco de temor porque me veían como si fuera raro,  habían otros que eran cerrados en su trato conmigo, me costó  un poco adecuarme a la situación, pero lo logré pese a las dificultades que se presentaron en mi camino”, cuenta Espinoza. 

David, casado con tres hijas, es del criterio que todas las empresas deberían ofrecer cursos de capacitación permanente a las personas con discapacidad en aquellas áreas donde según sus posibilidades física motrices o mentales puedan desenvolverse, porque la persona con discapacidad sólo necesita que le ofrezcan una oportunidad.

Las Personas con Discapacidad y su lucha por la vida, por Shirley Ledo


Desde hace más de 50 días, la plaza principal 14 de Septiembre de Cochabamba se ha convertido en un campamento de carpas acomodadas a lo largo del paseo peatonal  por las personas con discapacidad.

El presidente de la Confederación de Personas con Discapacidad, David Cayo, dijo que esta lucha es de “vida y de dignidad” y por eso el movimiento se fue masificado con la llegada de delegaciones de todo el país, que arribaron en buses y se instalaron en el espacio físico que ocupa la vigilia en la plaza. 

En Bolivia actualmente existen 53.147 personas registradas con alguna discapacidad y 42.579 carnetizadas, de las cuales el año 2014, alrededor de 19.805 se beneficiaron con la Renta Solidaria en todo el Estado Plurinacional, según la Unidad de Discapacidad del Ministerio de Salud.

Desde el 2006, Bolivia asiste a las personas con alguna discapacidad, que es una deficiencia o limitación en una actividad o algún tipo de restricción en la participación. Primeramente con el registro único, porque a través de esto se ha llegado a la calificación y carnetización; y así el Estado ha establecido beneficios con la cooperación de doce ministerios más otras entidades estatales.

Haciendo énfasis en los datos antes mencionados, el principal dirigente  David Cayo, aclaró que las personas que acceden a este beneficio son una minoría, un logro que los carnetizados obtuvieron en su momento. “Nosotros que estamos en esta lucha no recibimos este beneficio”, comento.

La discriminación por causa de discapacidad impide a las personas que la padecen a acceder, por ejemplo, a una educación en condiciones de igualdad; genera la marginación durante el crecimiento, impide el acceso a un trabajo digno e incluso dificulta la conformación de una familia, sostuvo. 

Los hábitos culturales generan que la actitud social hacia las personas con discapacidad esté, en el mejor de los casos, relacionada con la solidaridad más que con el respeto.

Es una realidad que las  personas con discapacidad sufran día a día barreras, discriminación y exclusión en diferentes ámbitos del desarrollo humano, si bien la Constitución Política del Estado resguarda estos derechos, estos no se cumplen y son vulneradas en todos sus aspectos. “No tenemos acceso a medicamentos, que la mayoría de las veces son los que nos ayudan a seguir viviendo, tampoco tenemos trabajo, en este sentido no se respeta el Decreto Supremo que nos otorga derecho a un trabajo digno. Si queremos salir adelante tiene que ser con nuestro propio esfuerzo y mucho sufrimiento” enfatiza David Cayo.

El lunes 21 de marzo las personas con distintos tipos de discapacidad y provenientes de más de seis departamentos del país iniciaron una caravana desde la ciudad de Cochabamba hasta La Paz exigiendo una renta mensual de Bs 500. 

La Ministra de Justicia, Virginia Velasco, estuvo en la Gobernación de Cochabamba  buscando diálogo con ese sector y para que las personas con discapacidad desistan de iniciar la marcha hacia la sede de Gobierno, pero sin éxito.

Sin embargo, según la representante de las personas con discapacidad de Cochabamba, Rosemary Huarita, la autoridad no se presentó con una propuesta aceptable y llegó a destiempo, pues luego de más de 58 días de vigilia no hubo interés. Asimismo, David Cayó, cabeza de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad, aseguró que no hubo una invitación formal a diálogo por parte de la Ministra Velasco.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) establece derechos específicos para las personas con discapacidad, así como la sanción a toda forma de discriminación por algún tipo de discapacidad que anule o menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de sus derechos.

Tres artículos de la Constitución hacen referencia de manera exclusiva a las personas con discapacidad.

El artículo 70 establece que las personas con discapacidad gozan de los siguientes derechos:

A ser protegido por su familia y por el Estado. A una educación y salud integral gratuita. A la comunicación en lenguaje alternativo. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.

El artículo 71 indica que:
Se prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna. 

El artículo 72 señala que:
El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación.

VIH/sida en Bolivia:¿Derechos en crisis?, por Juan Carlos Borda Vega

Bolivia podría perder aproximadamente el 80% de fondos para atención y medicación de las personas con VIH/sida si el  Fondo Mundial retira su apoyo hasta el mes de agosto del presente año.

Bolivia, luego de una ardua gestión de la sociedad civil, personas que viven con VIH/sida y el Gobierno central, logró ser país “elegible” para recibir fondos durante la gestión 2014 – 2016, tiempo durante el cual el Estado debería asumir las responsabilidades para la atención y medicación de las personas con VIH/sida.

En agosto de este año, fenece el tiempo de apoyo que da el Fondo Mundial, y el Estado Boliviano no está preparado para asumir esa responsabilidad con las personas con VIH/sida.

Si bien actualmente, el Estado ha destinado una partida del Tesoro General de la Nación para la medicación y atención de las personas con VIH/sida, es insuficiente y los esfuerzos en temas de medicación han sido generalizados sin considerar las características diferentes que tienen la población enferma, dijo Marcela Cabezas, suplente ante la Red Latinoamericana de Personas que Viven con VIH.

A este insuficiente recurso hay que apuntar que Bolivia ha suscrito compromisos para  erradicar la enfermedad del VIH hasta el año 2020. El primero de ellos, relacionado a las metas “90-90-90”, firmado en el Primer Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el Continuo de Atención del VIH, que se desarrolla hasta el 28 de mayo en la ciudad de México. Hasta ese año se debería diagnosticar al 90% de personas con VIH y de esas personas, que 90% reciban su tratamiento antirretroviral (ARV) continuo y de ese grupo  el 90% debería lograr una carga viral indetectable (Fuente www. paho.org).

El segundo compromiso firmado por Bolivia, el 20 de agosto de 2015 en Rio de Janeiro, en el Segundo Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el Continuo de Atención, fue el de: “Mejorar la prevención combinada del VIH para fortalecer el continuo de la prevención y la atención”, con el fin de consolidar en cada país las  nuevas metas de prevención del VIH y cero discriminación y poner fin al sida como amenaza de salud pública para 2030. (Enlace Llamado a la Acción: Segundo Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el Continuo de Atención; 2015).

Estos compromisos ambiciosos para el país sólo podrán ser alcanzados si existe una voluntad política del Gobierno, una participación activa de la sociedad civil y de las personas que viven con el VIH/sida, dijo Edgar Valdez, Director del Instituto para el Desarrollo Humano.

El trabajo de estos tres componentes debe ser conjunto y coordinado, caso contrario, esto va a repercutir en los factores económicos y sociales que afectarán principalmente a la población que tiene la infección y a la sociedad civil que podría contraer esta enfermedad, mencionó Valdez.

Si bien existe la ley 2739, más conocida como la Ley del Sida, donde se promueve justamente la participación de estos tres actores, liderizados por el Gobierno Central a través de sus entes matrices, no se ha visto la predisposición de una erogación completa y correcta de fondos para esta enfermedad y no se ha promovido una participación efectiva de la sociedad civil y de las personas que viven con VIH, anoto Valdez.

Actualmente, según datos del Programa Nacional ITS/VIH/sida y Hepatitis Virales, existen más de 15.000 personas registradas que contrajeron el VIH/sida, de los cuales el 81% está con VIH. Esta población está dispersa en las ciudades capitales, principalmente del eje central, y en el área rural.

Mujeres revictimizadas y vulneradas en sus derechos, por María Inés Escalera

Cochabamba en cuanto a casos específicos de violencia contra el género femenino tiene el mayor índice registrado y con consecuencias fatales de acuerdo a registros de la policía, porque cuando algunas mujeres deciden denunciar las agresiones que sufren han sido sometidas a la revictimización, vulnerándoles así, sus derechos, de no acceder a la justicia y al debido proceso.

La población más vulnerada que es sujeto a la Violencia Intrafamiliar (VIF) y sexual, son las mujeres, niños y niñas, esta dura realidad dentro la sociedad en general se traduce en un problema de seguridad ciudadana y de salud pública también, siendo hoy en día aún un delito silencioso que la víctima sufre frecuentemente y se ha tornado ya en una preocupación porque provoca un fuerte impacto social, especialmente cuando los casos llegan a la fatalidad.

En varias oportunidades, las víctimas de agresiones físicas y psicológicas a la hora de denunciar a su agresor se vieron sometidas a vulneración de sus derechos al ser constantemente revictimizadas por funcionarios públicos, que en diferentes instancias hicieron relatar una y otra vez a las mujeres toda la violencia que sufrieron, sin considerar su estado psicológico y emocional, en lugar de brindarles una atención ante todo humana y que siga el proceso de denuncia sin incurrir en la tortuosa revictimización.

“Es lamentable que el descuido hacia la persona lleve a revictimizar y agudice el padecimiento de la víctima. Además de sufrir en su casa de habitación, ahora puede ser afectada por el incómodo calvario de la vista pública”, se lee en la publicación de “El Nuevo Diario”.

El caso de la señora Carme, mujer de 27 años, casada y madre de 2 hijos, es un ejemplo del calvario de la vulneración de sus derechos que muchas mujeres viven al intentar denunciar. Cuando acudió a instancias públicas para denunciar que sufría constantemente de Violencia Intrafamiliar, fue revictimizada, por lo que después de luchar buscando justicia finalmente desistió de su denuncia a pesar de seguir viviendo este flagelo.

Tomar valor para denunciar a su agresor, es lo que le sucedió a Carmen, después de haber sido agredida una y otra vez por su pareja, ya que no pudo callar más el dolor, miedo y desesperación que le provocaba cuando sufría de violencia física y psicológica. Es así que dio el primer paso, dirigirse a una de las muchas instancias públicas donde se puede hacer una denuncia. Al intentar denunciar el flagelo que constantemente vivía en su hogar, ella enfrentó sus propios temores y jamás se imaginó que esto sería una dolorosa peregrinación en busca de justicia para vivir libre de violencia.

Carmen primero recurrió a un Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), porque no contaba con dinero. “En ese lugar la que me atendió, me trató mal, parecía como si yo hubiera sido la mala y abusiva y me hizo sentir mal, me dijo que me vaya a otro lugar a denunciar, que había la FELCV para eso”, cuenta Carmen. De acuerdo al relato de la víctima en esta institución le pidieron que les cuente que le había hecho su pareja y ella tuvo que relatar toda la violencia física y psicológica a diferentes personas del lugar, hasta quedar en llanto y muy nerviosa, además de avergonzada porque otras personas alrededor escuchaban lo que ella contaba.

Al no recibir la ayuda que buscaba en el SLIM, la señora, optó por ir a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, donde nuevamente tuvo que decir los hechos de violencia a los que estuvo sometida: “…le conté todo a una policía mujer y después ella me dijo que mejor hable con el Cabo porque no sabía que hacer, era nueva ahí”. 

La peregrinación empezaba a cansarla, sin embargo Carmen necesitaba frenar a su agresor por su bienestar y el de sus hijos, y a través de denunciarlo, creyó que todo terminaría y por eso volvió a contar las agresiones que soportaba de su pareja al Cabo que estaba de turno. Después para redactar la denuncia de nuevo la señora contó una vez más todo lo sucedido y al saber que esto era tan solo el inicio de un largo proceso, decidió desistir de la denuncia quedando desamparada y vulnerada en sus derechos.

Al dejar desprotegida a una víctima, como en el caso de Carmen, quedan muchas cuestionantes que resolver tanto para autoridades como para la sociedad.

El 10 de Diciembre de 1948, en París, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos determinando 30 Artículos, algunos de ellos citados a continuación; Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros; Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.

En Bolivia a pesar de haberse creado la Ley 348, denominada: “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, donde se especifican 16 tipos de violencia, dentro los cuales los más comunes son la Violencia Física; Violencia Feminicida; Violencia Psicológica; Violencia Patrimonial y Económica. y entre otras, como departamento Cochabamba tienen los mayores índices de Feminicidios.

viernes, 15 de abril de 2016

El drama del abandono infantil, por Zdenka Encinas Muminagić

“Apenas tenía 2 años y sin saber mi vida cambió. Mi padres eran alcohólicos no sintieron remordimiento alguno para dejarme en un hogar, la monja, años después me contó que ni siquiera se despidieron, sólo dijeron, estará mejor aquí”, es el testimonio de Ana.

Ella ahora tiene 20 años, trabaja como cocinera en un restaurante y no recuerda nada de sus padres. “Quisiera conocerlos para preguntarles el por qué me abandonaron”, pero no sabe dónde estarán o si están vivos y tiene que vivir con esa inquietud, un drama que cargan los niños abandonados.

Este es uno de los tantos dramas que deja el abandono infantil en Bolivia, según un estudio realizado por la Unicef en Bolivia aproximadamente de 20 a 32 mil menores de edad se encuentran refugiados en albergues, hogares y centros de acogida producto del abandono de sus padres.

El caso de Ana es uno de los pocos con un “final feliz”, porque en muchos casos los menores sufren de abuso infantil en los hogares, mala alimentación agresiones físicas y sexuales. Como si el hecho de crecer sin el calor y amor de los padres fuera poco, tienen que soportar la constante violación de sus derechos humanos.

Incluso los casos son fatales, como el ocurrido en el Hogar Gota de Leche en la ciudad de Oruro, ya que la prensa local reportó la muerte de un niño.El Secretario de Desarrollo Social de la Gobernación de Oruro, Martín Mollo denunció que un bebé de un año y ocho meses murió asfixiado.

En otro caso, un niño de 3 años fue rescatado de sus padres bebedores consuetudinarios quienes lo alimentaban con grasa de res y alcohol. Vivía en una especie de cueva.

ABANDONO

Al respecto, el informe de la Defensoría del Pueblo de 2014, puntualiza que la pobreza, la violencia, el abandono y la explotación son los cuatro ámbitos que generan la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, en los que existen múltiples factores que se interrelacionan afectando a esta población.

El documento señala: “Si bien la pobreza extrema y la pobreza  moderada en Bolivia han disminuido, esta baja no se percibe en una mejora de la calidad de vida de una parte importante de la población y, por el contrario, tiene un sesgo de inequidad. 

Alrededor de 2.9 millones de niños, niñas y adolescentes en el país se encuentran afectados no sólo por la falta de ingresos, sino también por la injusticia, la exclusión y la desigualdad social, lo que deriva en problemas de desintegración familiar, orfandad, migración, la temprana incorporación al trabajo, maternidad precoz, discriminación, ausencia de medios recreativos, privaciones y maltrato, de acuerdo con un estudio de Unicef”.

La violencia es el otro ámbito donde mayor vulneración de sus derechos sufre la niñez y la adolescencia de nuestro país. Es estructural, y junto a la violencia y discriminación hacia las mujeres, se ha convertido en uno de los más graves problemas para los derechos humanos en Bolivia.

Aunque no es posible afirmar con certeza cuántos casos de violencia, física o sexual a niñas y adolescentes se dan en Bolivia por año, conocemos los que se denuncian y los que se publican en medios de comunicación. Una revisión a publicaciones de prensa realizada por la Defensoría del Pueblo muestra  al menos 250 casos de violencia sexual en 11 meses, 76 de violencia física y alrededor de 50 infanticidios. La mayoría involucran a familiares cercanos.

ESTUDIOS

Según la psicóloga Lilian Guzmán Castillo, en Bolivia existe dos factores principales para el abandono de niños: el económico y la educación sexual reproductiva. Entre ellos, el más recurrente en la sociedad boliviana es el económico. 

La pobreza es una de las principales causas por lo que los padres se ven obligados a cometer el acto de abandonar a los hijos. “Se identifica como el primer factor para el abandono la falta de recursos económicos de los padres, ya sea en la calle, en casas de acogida, en el hogar, en orfanatos o con alguna persona cercana o vecino”, dijo.

Añade que evidentemente éste problema además genera un sin fin de problemáticas, que van desde familias disfuncionales a problemas de drogadicción y alcoholismo.

El abandono de los niños, tiene también mucho que ver con el alto índice de drogadicción y alcoholismo de los padres, al no tener conciencia descuidan a los menores. Los padres están perdidos en las drogas. 

La desintegración que existe actualmente en las familias jóvenes es otra causa de abandono, al igual que la migración o el simple hecho de mostrar y sentir desinterés por los hijos.

El segundo factor importante tiene que ver con la falta de educación sexual, por eso hay embarazos de madres solteras o adolescentes, incluso los no deseados, junto a la irresponsabilidad paterna, muchas madres también abandonan a sus hijos que son producto de violaciones.

LEYES

En Bolivia, el 17 de julio de 2014, el gobierno promulgó la Ley 548, que tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando un Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad. 

El desafío es garantizar que cada niña, niño y adolescente boliviano pueda ejercer plena y efectivamente sus derechos, para que pueda desarrollarse integralmente y exigir el cumplimiento de los mismos. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios: interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, participación, diversidad cultural, desarrollo integral, corresponsabilidad, rol de la familia, ejercicio progresivo de derechos y especialidad.

El responsable de Educación y Comunicación de la Defensoría de Oruro, Guillermo Ortiz afirma que los principales derechos vulnerados en el caso de abandono infantil, son los derechos: a la protección, seguridad, integridad, educación, recreación; pero el principal y el más vulnerado es el de la familia.

EL ESTADO

Cuando un niño es abandonado, su tutoría pasa al estado y este se hace responsable legal o tutor directo de los menores abandonados.

Si bien existen muchos niños y niñas abandonados en nuestro departamento, es importante reconocer que el Estado se hace responsable de la tutela, eso quiere decir que es el principal responsable de la vigencia y el respeto a todos sus derechos.

El problema es que el mismo Estado no responde a las necesidades de los niños y niñas abandonados; y ¿por qué no responde?, es porque los centros de acogida donde se encuentran, no cuentan con las condiciones mínimas  para asegurarles un buen desarrollo integral.

Hay experiencias muy bonitas que no se aprenden a copiar en el buen sentido de la palabra, que es el caso de Aldeas Infantiles SOS, donde se crean familias sustitutas y que tienen la lógica de trabajo de crear familias al interior del hogar, manteniendo incluso juntos a los hermanos para seguir construyendo y reforzando el tema de familia.

En el caso de los hogares del Estado los van dividiendo y separando, como en la situación de hermanos abandonados y en nuestra ciudad, por ejemplo, los profesionales que están a cargo de estos centros temporales de acogida o los hogares de niños huérfanos, no reúnen las condiciones, no hay profesionales especializados, no hay  equipos multidisciplinarios, no trabajan el desarrollo humano y eso obviamente vulnera los derechos.

El Estado no está respondiendo a cabalidad a esa responsabilidad de tutela y por estas razones es el principal vulnerador de los derechos de nuestros niños abandonados, dijo el encargado de Educación y Comunicación de la Defensoría del Pueblo de Oruro, Guillermo Ortiz.

El drama del abandono infantil es un problema muy sensible en nuestro país, en el cual existen historias tristes de niños y niñas, hoy hombres y mujeres que viven diariamente preguntándose por qué fueron abandonados y separados del calor de una madre y las manos protectoras de un padre.

Horno Ausmelt causa ruido y contaminación en Vinto, por Willy Gomez

Vecinos y autoridades protestaron por la emanación de gases frente a la Gobernación orureña


El horno Ausmelt, que recientemente fue instalado en la Empresa Metalúrgica de Vinto, “causa un ruido infernal y aumenta la contaminación en la población de Vinto, donde viven por lo menos veinte mil personas, destruyendo la tranquilidad y la convivencia pacífica”.

Denuncia

La denuncia fue presentada este martes por los vecinos, ante el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, durante una reunión donde hombres y mujeres que viven en Vinto, relataron la forma en que se vive, en medio del humo contaminante y los ruidos espantosos que se escuchan por las noches.

Indignación

El dirigente del Comité Cívico de Vinto, Richard Diego, dijo que los vecinos de la zona “están indignados con el funcionamiento del horno Ausmelt, porque como se trata de una maquinaria moderna, para aumentar la fundición de estaño, debía garantizar la pacífica convivencia y no provocar los ruidos extraños que se escuchan todas las  noches desde su funcionamiento”.

Preocupación

“Estamos muy preocupados por la situación. No se puede vivir en esas condiciones, en las cercanías de la fundición, donde miles de personas tienen su casa y, por eso, la gente se trasladó a la ciudad de Oruro, hasta la plaza 10 de Febrero, para exponer su realidad ante el señor gobernador”.
Centenares de hombres y mujeres se apostaron frente a la Gobernación de Oruro, para protestar contra la contaminación ambiental y el ruido ocasionado por el horno Ausmelt. Cada persona tenía un letrero que decía: “No a la contaminación en Vinto”, “No queremos ruidos ni humo. Queremos vivir. No queremos morir”.

Explosión

Según los vecinos, el 20 de septiembre ya se registró la primera explosión que ha sido fuerte y se ha escuchado en toda la comunidad de Vinto, como si se tratara de la explosión de una bomba. El 15 de octubre ocurrió similar hecho. Hasta la segunda explosión nada hicieron las autoridades, ni los técnicos de la Empresa Metalúrgica Vinto.  “Por eso, y para que no pase una tercera explosión en fecha 15 de marzo de 2016, Autoridades y pobladores de Vinto se movilizaron en una gran marcha, con todos los que sufren la contaminación ambiental  por el Horno Ausmelt  de la Empresa Metalúrgica Vinto ante el gobernador, para que haga respetar la Ley 1333 del Medio Ambiente”, “Ley Forestal, Ley 1700 de 1996” y la Constitución Política del Estado y otras leyes,  explicó el dirigente.

EMANACIONES

El gerente de la Empresa Metalúrgica de Vinto, Ramiro Villavicencio, admitió la emisión de mayor cantidad de gases por la chimenea y se comprometió a “reducir los índices de contaminación”, para evitar los problemas con los vecinos y autoridades, pero no quiso dar ninguna otra explicación al respecto.

 “Vamos a utilizar el carbón mineral, en vez de carbón vegetal”, dijo y explicó que se está cumpliendo la Ley 1333.

El gerente –según informes de la empresa–, viajó a La Paz, para realizar gestiones al respecto.
El gobernador dijo que se está pidiendo informes al gerente de la Empresa de Fundiciones de Vinto, para establecer la cantidad de emanación de gases.

Los vecinos pidieron una inmediata medición de los gases que salen de las chimeneas, porque “no había semejante cantidad de humo, antes que se efectúe la instalación del horno Ausmelt”.

LEY MARCO NORMATIVO
No 1333 DE MEDIO AMBIENTE

OBJETO DE LA LEY

La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.
El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público.
La presente Ley es de orden público, interés social, económico y cultural.

Ley Forestal, Ley 1700 de 1996

Artículo 1º. (Objeto de la ley) La presente ley tiene por objeto normar la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país. 

Función Ambiental En El Nuevo Ordenamiento Jurídico De Bolivia

Una vez que se comprendió que la agricultura ya no es un concepto antitético a la contaminación y que la concepción de la agricultura como una actividad preservadora del medio natural había sufrido un rápido desgaste y, consiguientemente, cuando se advirtió de que para promover el desarrollo agrario no basta con sólo atender a la producción, sino también a la sustentabilidad de los recursos naturales, entre otros factores, Bolivia, ha seguido con esta tendencia Latinoamericana de la constitucionalización del tema ambiental, pues la nueva Constitución Política del Estado (2009), introduce la variable ambiental en el ordenamiento jurídico del país, EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE, como un derecho fundamental de las personas y como un deber y obligación del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente, tal cual se desprende de los artículos 33 y 342. Medio ambiente sano y equilibrado: un derecho fundamental y un deber del estado y la población

Personas que viven con Vih/Sida en Oruro sienten que el derecho más vulnerado es el acceso a la salud, por Sonia Damián Q..

El derecho más vulnerado es el acceso a la salud para las personas que viven con el Vih/Sida, afirmó el lunes la representante de la Red Boliviana (Redbol) en Oruro, Angélica Castillo.

“Creemos que la salud no tiene que ser violada hacia esta población por parte del Estado”, afirmó.

Castillo indicó que el tema de salud es fundamental para su sector porque de ello depende la vida de las personas que están con el Vih/Sida (Pvvs).

“No estamos pidiendo un favor este (la salud) es un derecho y el pedido es que el Estado y los funcionarios públicos asuman su responsabilidad”, aseveró.

Castillo refirió que existen normas como la Ley 3729 para la prevención del Vih/sida, protección de los derechos humanos y asistencia integral multidisciplinaria para los Pvvs; pero no se cumple porque ni el personal de salud ni las autoridades conocen a cabalidad; también está la misma Constitución Política del Estado y la Ley 045 Contra la Discriminación, falta socialización.

“En la mayoría no contamos con un seguro de salud, el sistema de salud sigue siendo vulnerador de derechos, hay limitaciones y no se cumplen las normas de atención”, mencionó

Cuando el personal de salud se entera de la situación del paciente ya no le atienden por miedo del “contagio” cuando en realidad esta enfermedad se transmite, acotó.

Otra vulneración de los derechos de los Pvvs es la dotación de medicamentos, asegura Catillo, el Ministerio de Salud no cumple oportunamente con la entrega por temas burocráticos.

Agregó que si bien existe personal de salud que atiende con calidad y calidez; pero a una mayoría del personal le falta información.

Según Castillo a nivel departamental existe el Centro de Referencia de Vih/Sida, donde unos 170 Pvvs reciben atención médica, de laboratorio y psicología.

Al respecto la responsable de psicología del programa Vih/Sida, Maya Zuazo, señaló que la atención “integral” todavía requiere reforzarse en varios aspectos con mayor personal y acciones de prevención y comunicación.

Con relación a la vulneración de derechos Zuazo apuntó que existen pocos avances, persiste la discriminación y estigmatización, existe poca aceptación de la familia y la misma sociedad. 

Zuazo expresó su preocupación por el alarmante incremento de casos de Vih/Sida, en el primer trimestre del 2016 llegó a los 36 casos, dato que se triplicó en comparación a similar periodo del 2015 y la población más afectada es de 15 a 25 años y Oruro es el cuarto departamento con más casos de esa mortal enfermedad. 

“El 2014 hemos terminado con 80 casos, el 2015 con 109, este año tenemos 36 casos hasta la fecha”, apuntó.

En Bolivia hasta el 2015 se registraron 15.900 casos y en Oruro 498.

Derechos humanos
     
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el Vih/Sida (ONUSIDA) ha lanzado un audaz llamamiento a la acción para no relegar a nadie, mediante la nueva estrategia 2016-2021, encabezar el camino hacia el fin a la epidemia de Sida, informadas y empoderadas, movilizadas y comprometidas. 

En el mensaje por el Día internacional de los derechos Humanos el pasado 10 de diciembre de 2015 llaman a la unidad de todas las personas, tanto las que viven con el VIH como las que no, a que puedan vivir una vida plena, desde su nacimiento hasta la edad adulta y la vejez, sin ser discriminadas y con dignidad e igualdad.

Vih/Sida en el mundo

Hay unos 37 millones de afectados por el VIH en todo el mundo según ONUSIDA, sólo un 37% (unos 16 millones), tiene acceso a tratamiento con antirretrovirales.

En el último año, dos millones de personas contrajeron VIH en todo el planeta; las infecciones se reparten al 50% entre hombres y mujeres.

El 2014 unos 1.200.000 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el Vih/Sida.

DD.HH. y la Problemática de la Basura en la Ciudad de Oruro, por Orlando Valdez Lopez

La ciudad genera aproximadamente 125 Toneladas de Basura al día, la mayoría se recoge de botaderos vecinales en las esquinas de la calles.

Ciudadanos y autoridades municipales incumplen el mandato constitucional de una vida plena de  derecho de un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado; porque en las esquinas de calles de la ciudad se advierte constantemente gran cantidad de basura contaminante.

La falta de cultura urbanística respecto del cuidado ambiental de la ciudad, la carencia de estrategias municipales edu-comunicacionales permanentes para la prevención y concienciación respecto del tratamiento de residuos sólidos; y el escaso equipamiento y personal de la Empresa Municipal de Aseo Oruro – EMAO, constituyen factores trascendentales para la presencia de basura en las calles de la ciudad de Oruro, que afean su aspecto y su creciente contaminación ambiental.


La declaratoria de los Derechos Humanos – DD.HH. a nivel internacional señala en varias sesiones de la Organización de las Naciones Unidas-ONU, que debe velarse por una convivencia social en un medio ambiente saludable; es el caso de la Resolución de la Asamblea General 45/94 donde indica que: “todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente adecuado para su salud y bienestar”. 

Así mismo existen resoluciones semejantes de este derecho; en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas  de Estocolmo de 1972; en la Manifestación de Río de Janeiro Sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992; en el Protocolo de Kyoto el año 2005; y en la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes donde se reconoce el derecho a habitar el planeta responsablemente con un medio ambiente saludable; el Protocolo de San Salvador donde en el artículo 11 menciona que: “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”, a esto se suma la Declaración de Estocolmo, la cual establece como uno de sus principios que: “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”.

Pese a estas declaraciones y resoluciones internacionales las autoridades, y ciudadanos pecan por desconocimiento u omisión, al atentar contra uno de los Derechos Humanos fundamentales, el derecho a un medio ambiente citadino agradable y saludable; por lo mismo la ciudad  Oruro (y sus actores) al permanecer contaminada, forma parte de ésta vulneración de los DD.HH.

A partir de tantas declaraciones respecto al derecho humano ambiental, la propia Constitución Política del Estado Plurinacional – CPEPB aprobada el año 2009, señala en el artículo 33 que: “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”. Observando éste mandato constitucional y la ingente cantidad de basura en las ciudades de Bolivia, en octubre de 2015 se aprobó la Ley Nº 755 de Gestión Integral de Residuos, propiciada por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, que establece (Gaceta Oficial de Leyes del EPNB) tres tipos de infracciones: las leves, entre ellas arrojar, abandonar o enterrar residuos no peligrosos en vías o áreas públicas, se multarán con Bs 828 (individual) y Bs 6.624 (colectiva); y otras sanciones más graves.

Sin embargo de la contemplación de Declaraciones Internacionales, la propia Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, hasta la nueva ley que no se evidencia su aplicación, como el municipio de Oruro; que no se tiene la intención, ni los medios: primero para reglamentar la ley, y menos ejecutarla. La realidad confirma ello, porque todos los días se observa y se contamina la ciudad, cuyos parques, plazas, calles, esquinas de avenidas y calles, están infestadas de basura, ante la pasiva mirada de ciudadanos y autoridades; y la poca capacidad de operación de la EMAO.

El Gerente de la EMAO José Aranda Peñaranda, refiere en una entrevista atendida a nuestro medio que “los ciudadanos tienen que comprometerse con Oruro y evitar botar basura en las calles, o dejar su basura en las esquinas, y esperar al carro basurero”, sin embargo tal arenga parece insuficiente ante la creciente presencia de basura en las esquinas de las calles, se intenta cambiar el mal hábito de los ciudadanos de manera estéril, sin una planificación edu-comunicacional sostenible en el tiempo, con estrategias a mediano y largo plazo para cambiar la conducta de los ciudadanos respecto al cuidado ambiental.

Ante tanta presencia de basura en la ciudad, se conformaron algunos colectivos ciudadanos para combatir la problemática de la basura en Oruro, es el caso del grupo “Oruro te quiero limpia”, donde el Ing. Alfredo Vargas es uno de los activistas que por iniciativa propia inicio el año pasado distintas campañas, y se solicitó la ayuda a las autoridades del Municipio y la Gobernación, sin embargo afirma que, “las autoridades en la presentación de éste proyecto se comprometieron, después desestimaron por cansancio el mismo, no le dieron la debida importancia para la concientización de la población respecto de la problemática de la basura en la ciudad”, resalto Vargas.

Ante el desinterés de las autoridades Alfredo Vargas inicio hace algunos meses atrás una campaña de pintado de murales alusivos a la concienciación ciudadana, “con la venia de la ejecutiva del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, se ha pintado unos murales para reflexionar a la ciudadanía sobre el peligro de la contaminación de residuos sólidos en la ciudad”, manifestaba también que la campaña está abierta para todos aquellos ciudadanos que permitan el pintado de estos  murales en sus fachadas.

La vulneración de los Derechos Humanos Ambientales está también relacionado con el Derecho a la Salud, porque se atenta contra ella cuando se aprecia focos contaminantes de residuos sólidos; cuyas aristas de responsabilidad recaen primero en las autoridades que tienen que ver con la problemática, y con los mismos vecinos que botan basura en las calles o dejan los residuos fuera de horario de recojo. Sumada a la escasa capacidad de EMAO en el proceso de recojo de residuos sólidos, la situación es compleja. La basura es sin lugar a dudas, uno de los problemas más importantes que tiene Oruro, y que no es atendido como merece.

Será necesario entonces primero observar con seriedad las declaraciones de DD.HH. al respecto; las CPEPB, la ley de Gestión Integral de Residuos, reglamentarla y efectivizarla; y por último y más importante trabajar sosteniblemente-permanentemente en tareas de prevención  con educomunicación y cultura urbanística medioambiental con vecinos de distintas zonas de la ciudad; eso es Desarrollo Humano, por lo mismo cumplimiento a los DD.HH. ambientales.

Mendicidad infantil, otra forma de explotación, por Mayra Mamani Flores

Padres de familia migrantes del norte de Potosí obligan a sus hijos a mendigar en las calles de la capital Potosina


Un estudio efectuado por  el programa de investigación estratégica de Bolivia PIEB, revela que el elemento importante  al momento de considerar los procesos de movilidad poblacional interna, es la pobreza extrema de algunos municipios del país. Dicho estudio señala que los departamentos considerados como expulsores son: Potosí 94,7%, Chuquisaca 93%, La Paz 87 %  y Oruro 73, 5 %; mientras que los departamentos receptores  están constituidos principalmente por las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 

Al respecto, Enrique Copa Vargas, responsable de la Secretaría  Departamental  de Desarrollo Social de la Gobernación de Potosí manifestó que, el factor principal para la migración es la pobreza. Los municipios  más afectados se sitúan en el norte de Potosí, en las  provincias Bustillos, Ibáñez y Bilbao, además señaló: “Las causas que hacen efectiva la migración rural-urbana se deben principalmente a la pobreza, al cambio climático, inestabilidad de la producción agrícola, suelos infértiles, etc., estos factores obligan a que los hermanos campesinos dejen sus tierras y se asienten en las ciudades principalmente del eje central y  de nuestra propia ciudad;  ya estando en la capital se encuentran en situaciones similares e incluso peores ya que no consiguen un trabajo al instante porque  estos solo saben de agricultura y lo que se necesita en las ciudades es conocimiento técnico; en caso de no conseguir un trabajo se ven obligados a retornar a sus comunidades para labrar la tierra. Sin embargo la situación de las mujeres y las/os niñas/os campesinos es diferente, para ellas la oportunidad de conseguir dinero radica en la mendicidad”. 

Día a día,  mujeres, ancianos/as y niñas/os oriundos generalmente del norte de Potosí,  se asientan en las principales calles de la ciudad, esperando la caridad de la ciudadanía. Pero, qué hay detrás de esta imagen percibible e ignorada por la sociedad,   este hecho no se resume en la pobreza/migración o mendicidad/caridad. La realidad va más allá, esta práctica ya cimentada en el país,  trae  consigo todo un proceso que tiene como objeto conseguir dinero con el mínimo de esfuerzo, manipulando a la gente a través de su técnica más recurrida  “lástima” y su instrumento más usado es un niño/a. Este fenómeno se ha convertido en un mercado negro que apela a la lastima y usa a los niños como objetos, que se ven  obligados a mendigar en la vía pública expuestos al sol, frío, tráfico vehicular y a los peligros de la noche.

La Trabajadora Social de la Defensoría de la Niñez de Potosí, Daniela Moruno Delgado, expresó: “se ha visto que estas  mujeres  incluso pellizcan intencionalmente a sus niños para provocarles el llanto y dar pena; durante los últimos años se ha visibilizado la presencia por temporadas y un número cada vez mayor de niños/as y adolescentes que piden caridad en las calles;  los fines de semana o días festivos logran superar el promedio diario de ganancia; en época navideña se ha detectado un incremento en la presencia de menores de edad ejerciendo mendicidad”. Además afirmó que “muchas mujeres adultas dedicadas a la mendicidad, llegan a las capitales del país con niños prestados por otras familias ya que su presencia despierta un mayor sentimiento de solidaridad en la población utilizan a los niños con fines económicos  y las ganancias recaudadas no va en beneficio de sus familias, va destinado a un fondo comunal en los pueblos de origen para financiar la producción de sus cultivos y otros gastos de la comunidad”.

Marcela (identidad ficticia) es una niña de 9 años de edad oriunda de la comunidad de Sacaca del Norte de Potosí y   junto a su mamá y su hermanito Mario (identidad ficticia)  llegan a la ciudad con la finalidad de conseguir algunas monedas. Se alojan en casa de su madrina, aunque la mayor parte del tiempo deambulan por el centro de la ciudad en busca de caridad. Pero su lugar preferido es la puerta principal de COTAP donde, según ella, recibe mayor cantidad de monedas por solo extender la mano. Dice: “gano nomas, pero mi hermanito gana más que yo…”. Mario su hermano menor de aproximadamente 5 años, al igual que marcela se dedica a mendigar, baila al  son de un charango observado por algunos turistas que entran y salen de la casa de moneda. Mientras que su madre los espera sentada en la acera del frente.

Así como Marcela, más de un centenar de niños/as provenientes del norte de Potosí, son explotados por sus propios padres con la finalidad de obtener algún rédito económico. Lamentablemente detrás de esa problemática no se esconde solamente la pobreza de las familias, pues esta práctica trae consigo vulneración de derechos, explotación laboral, trata, violencia y una sociedad indiferente a una realidad tan palpable y evidente.  

No existe ninguna ley que hable sobre la mendicidad infantil que busque rescatar al menor de esa forma de explotación a identificar, aprender y sancionar a los explotadores. La doctrina nos habla de que el Estado ha ratificado tratados y convenios internacionales como: La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), donde se establecen los derechos de los  niño/as y adolescentes y se  compromete a “tomar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño/a contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos  o explotación incluido el abuso sexual” (art. 19 CDN).

Al respecto, la normativa jurídica  nacional señala el papel proteccionista  del Estado hacia la niñez y adolescencia  que asume la responsabilidad  a partir de sus instituciones, de las familias y la sociedad,  de velar por el interés superior del niño, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia,  así lo estipula el Art.  60 y 61 de la Constitución Política del Estado (CPE ) en concordancia al art. 6 del  Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) y el Art. 155 Código Niño, Niña y Adolescente -CNNA); el reconocimiento de los derechos (Art. 121 al 145 CNNA); la prohibición al trabajo forzado, así como la explotación infantil (Art.  .II CPE, Art.32 CDN, Art135 CNNA).  Estas Leyes que sólo se quedan escritas en papel, la realidad nos muestra la inaplicabilidad de la norma y la inoperancia de sus instituciones.

Actualmente se habla de una estabilidad económica, arrojan cifras y estadísticas  admirables para un país en vías de desarrollo, todos los días al llegar a casa se escucha por los medios de comunicación  la entrega de obras, carreteras, escuelas, canchas, etc.  y  ejecución de proyectos de desarrollo sustentable en el área rural  para erradicar la extrema pobreza. Y al salir de casa, uno se constata que Bolivia no va tan bien como se manifiesta, el panorama que nos dibujan nuestras autoridades, es totalmente diferente al panorama extractado de la realidad, se observa pobreza,  una presencia de migrantes, dedicados al comercio informal. 

Mientras que los niños y niñas migrantes que se dedican a pedir limosna  ya se han vuelto parte del paisaje urbano que sin importar la hora y el día, bajo un sol abrazador o bajo el frío más cruel, esperan la caridad de la gente; estos son los niños pobres de nuestro país, aquellos que se ven explotados por su propios progenitores, despojados de sus derechos, abandonados por las políticas públicas de desarrollo humano de los gobiernos de turno e ignorados por la sociedad.

Frente a esta problemática es imprescindible que el Estado adopte medidas urgentes y radicales, para atenuar y frenar  la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de sus hogares. Mientras que el estado asuma sus responsabilidades, debemos cumplir con nuestro deber de ciudadanos y ciudadanas y hacer lo que indica la ley, debemos aprender a denunciar, tal vez esta práctica coadyuve a las instituciones competentes para que hagan su trabajo, es momento de dejar de ignorarlos ya bastante tienen con que los ignore el poder, los gobiernos de turno para los cuales ellos no son una prioridad.

Derecho a la naturaleza: Lago Uru-Uru camino al desastre ambiental, por Edwin Rolando Alarcón Mercado

Es marzo, el tiempo frio se acerca; desde nuestra reciente visita en diciembre de 2015, las cosas no cambiaron, basura, botellas plásticas abundan en las riberas del Lago Uru-Uru; las aguas servidas y de copajira como siempre llegan sin ningún control, en las orillas están las totoras adaptándose o luchando por sobrevivir, su espacio está siendo tomado por desechos urbanos y mineros.

La Junta vecinal 27 de Julio es uno de los barrios próximos al lago Uru-Uru como todo vecindario de reciente creación carece de servicios básicos, sus residuos junto a los que trae el canal Tagarete se unen y llegan sin ningún tratamiento a los ecosistemas del espejo de agua, este hecho se repite cada día del año.

El Lago Uru-Uru se ubica a 3.686 msnm, es un sitio RAMSAR; una convención firmada en la ciudad de Ramsar - Irán en 1971, desde el año 2002 el espacio hídrico junto al Lago Poopó son reconocidos como tal, cuya principal tarea es la protección de humedales del Planeta donde habitan aves y animales acuáticos como terrestres, su protección es fundamental para conservar fauna y flora.


A pesar de la declaratoria mundial, el panorama es distinto en Oruro y su lago, porque si la comunidad internacional apoya la protección y conservación de la naturaleza frente al desarrollo urbano e industrial, en esta parte de Bolivia no pasa nada, aun siendo el país una de las naciones con más humedales en el mundo.

Comprobamos que el lago está abandonado a su suerte en los cuatro puntos cardinales, si existe la vida ahí, es porque la naturaleza lucha y los pocos pesqueros están impotentes ante la falta de compromiso de las autoridades; el sector sud-este tiene una profundidad de 2 a 3 metros, es el lugar donde trabajan siete cooperativas pesqueras, su producción se inicia en marzo y concluye en septiembre, 4 arrobas de pejerrey por día es el resultado de la jornada, los peces son vendidos directamente al intermediarios de La Paz y Oruro; la contaminación en este lugar aún no es tan grave como en el sector norte que colinda con la ciudad, su principal agresor junto a la minería.

Aves, peces, plantas, pastos, insectos, bacterias, ganado,  siete cooperativas pesqueras y varias comunidades dependen y dependían del Lago Uru-Uru; su conservación, protección y mitigación no está siendo respaldada por autoridades locales y nacionales; preguntas formuladas a técnicos del área de la gobernación en los dos recientes periodos, no recibieron respuestas y conocimientos adecuados sobre su importancia por ejemplo en el sentido de que el lago es uno de los receptores de aves migratorias, que si le pasa algo, la cadena natural se rompe.

Betty Parihuancollo, es una de las habitantes de Rancho Quitaya, ella lamentó que las autoridades en diferentes momentos no hagan nada por el lago y las familias que dependen de él, “teníamos hasta chanchitos, vacas, ovejitas en mayor cantidad, ya no podemos tener ganadito; tenemos que llevar a otro lado; la basura está ocupando los pastos; los náilones comen y con eso rapidito mueren las ovejitas”, nos contó triste en medio de basura y pasturas contaminadas.


Desde la Universidad Técnica de Oruro su Vicerrector Pedro Feraudi nos indica que los efectos de la contaminación son amenazantes para el medio ambiente y actividad económica por la desaparición de formas de producción; pero que está haciendo la UTO: “Hemos tenido dos conferencias en el área minera y agrícola, son propuestas integrales para beneficiar a las poblaciones que son afectadas a un costo de 9 millones de dólares, sin embargo ninguno de los niveles de Gobierno respaldan estas soluciones”.

En el Municipio, Carlos Huayta responsable ambiental nos indica que existe un importante avance en la trasferencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad a responsabilidad del Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado como el embovedado del canal Tagarete en su primera fase, “las aguas mineras son un problema que serán superadas relativamente con la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas en Mina San José, con estas medidas lograremos aliviar un poco el ingreso de aguas más limpias hasta el lago”, destacó con esperanza y confianza.

Muchas de las especies como habitantes sufren enfermedades, se observan aves y peces muertos, no en cantidad pero si en zonas donde existe más contaminación; el viento trae partículas de minerales, excremento, plásticos, metales procesados, junto a un fuerte olor fétido de las aguas del canal Tagarete que desembocan sin ninguna intervención son causa de enfermedades.

Las emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad de Oruro, la sequedad del Lago Poopó, la basura, residuos, aguas industriales, servidas, ácidas y la poca educación y responsabilidad ambiental de la sociedad contribuyen minuto a minuto a destrozar los ecosistemas del Lago Uru-Uru. 

Antes de abandonar Rancho Quitaya doña Betty nos detiene y manifiesta, “la contaminación es grave, si alguna campaña hubo solo duro días, hemos sacado montones de basura, ni las totoras son lo mismo, este lugar antes era bello, verdecito, lindo; ahora todo está hediendo, este rio afecta, la planta de tratamiento de aguas afecta, no se quien le ha dado a la Alcaldía; pena este lugar; antes el agua que llegaba era cristalino, ahora me pienso como podemos recuperar para que sea como antes, lindo; las autoridades no hacen nada, realmente este lugar es penoso no se… ”