Ella es madre de un joven de 25 años que padece discapacidad degenerativa. El padre se niega a pagar pensiones. Y, pese a que hay tres órdenes de aprehensión en su contra, hasta ahora Ximena no siente que se haya hecho justicia porque no recibe las pensiones.
Ximena Foronda, de 45 años, se encuentra en un proceso legal de manutención familiar y, hace cuatro años, sufre retardación de justicia. Su ex pareja se niega pagar pensiones para su único hijo, que sufre discapacidad degenerativa.
Con una actitud firme, Ximena relata que el proceso judicial que vive es desgastante emocionalmente y económicamente. Ella es la tutora de su hijo de 25 años, que sufre un grado de autismo dependiente con epilepsia.
“Yo gasto entre 1.500 a 1.800 bolivianos al mes en medicamentos para mi hijo, es por eso que solicité ayuda a su padre”, cuenta.
El artículo 116 del Código de Familias y del Proceso Familiar señala que la asistencia familiar se determina en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria y a los recursos económicos y posibilidades de quien deba prestarla, y será ajustable según la variación de estas condiciones. La autoridad judicial fijará la asistencia familiar en un monto fijo, porcentual o en modo alternativo.
El progenitor se niega pagar pensiones porque no acepta la discapacidad de su hijo y culpa a la madre de esa situación.
La ex pareja pudo rehacer su vida y tuvo otra hija en perfectas condiciones de salud, argumento que utiliza para culpar a Ximena por un supuesto problema genético que, según él, heredó el hijo de ambos.
Por otro lado Ximena, pudo percibir cierto favoritismo hacia el demandado por parte del juez debido a que un familiar de la ex pareja era amigo del juez que está a cargo del caso.
“Llegó una temporada donde salían los informes y la contraparte apelaba por tanto volvía a entrar a despacho del juez hasta el punto que no sabía en qué situación estaba mi caso. Un día no aparecía mi expediente así que me hice de coraje tuve que enojarme, filmar los hechos y enfrentarme al juez, debido a esto él tuvo más cuidado con mi caso porque fue notificado con una llamada de atención. De alguna forma esta situación te hace sacar fuerzas que tú no sabías que tenías”, cuenta.
En algún momento la demandante menciona que tuvo que guardar sus valores éticos y morales pagando coimas y de esta forma poder agilizar su caso.
“Te obligan a ser corruptos, uno aprende a desenvolverse en ese espacio, si bien se cree en la justicia y en lo correcto, también aprendes a ser incorrecto. Aprendes a no aplicar tus valores. Por ejemplo un día me dijeron que pueden agilizar mi trámite si daba 100 bolivianos e iba a estar listo al día siguiente y por mi desesperación le ofrecí el doble del monto si lo hacía para el mismo día”, cuenta.
El único avance en todo este tiempo fue el divorcio. También salió el monto de las pensiones, pero este derecho solo fue pagado una vez, puesto que luego, la ex pareja preparó una contrademanda para librarse de las pensiones.
Hasta el momento, el ex esposo tiene tres órdenes de apremio, pero por las apelaciones que plantea no existe ningún avance. De acuerdo con el nuevo Código de las Familias, cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis meses, y en su caso el allanamiento del domicilio de la parte obligada.
Ximena cuenta que durante el matrimonio también fue víctima de violencia, sin embargo debido a todo el tema de retardación descarta la posibilidad de presentar denuncias contra su ex pareja.
