Los llama enemigos, mentirosos y otros calificativos. La Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH en su informe de 2014 recomienda a las autoridades estatales deben evitar la “estigmatización y la descalificación” a los periodistas y medios de comunicación.
El poder político del gobierno de Evo Morales instaurado hace 10 años, ha mantenido un discurso de desafectos hacia los medios de comunicación, a los que concibe como instrumentos de la derecha, por lo tanto opositores y enemigos.
Los calificativos han sido expresados en diferentes discursos y momentos a lo largo de esta década. El gobierno en sus vocerías más importantes no ha dudado en utilizar los micrófonos para advertir a la población que muchos medios de comunicación masivos “mienten”, pero también son “opositores”.
Presidente Evo Morales: “Quiero decirles sin ningún miedo el único opositor que tenemos en Bolivia son algunos medios de comunicación después de cinco años creamos un Ministerio de Comunicación para decir la verdad, con la verdad combatir la mentira, que la verdad se imponga y no la mentira de algunos medios de comunicación” (Agencia de Noticias Fides 20 de marzo 2011).
Paralelamente, el Gobierno sostiene que la libertad de expresión está garantizada y como en ninguna otra etapa democrática la prensa escrita, la televisión y la radio se han manifestado libremente y sin censura.
Sin embargo, el Gobierno descargó su responsabilidad en los medios de comunicación cada vez que enfrentó una crisis política. Está demás mencionar el conflicto por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el denominado ‘gasolinazo’, los comicios electorales y ahora el caso Zapata, solo para poner algunos ejemplos más notorios.
El presidente Morales durante el conflicto de los indígenas de tierras bajas que se opusieron a la construcción de una carretera por su territorio, dijo que los medios eran sus principales opositores y los acusó de magnificar el caso. Citó por ejemplo a las radios Panamericana, Erbol y el diario Página Siete.
Presidente Evo Morales: “Exageraron y siguen exagerando”. “Algunos medios de comunicación solo sirven para mentir, mentir y mentir” (El Deber 28 de septiembre 2011).
La autoridad reprochó desde ese tiempo hasta hoy, un titular del periódico Página Siete durante el conflicto por el TIPNIS, en el que citaba la muerte de un niño. Aunque el medio rectificó la información, las autoridades sostienen que fue un hecho intencional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 2014, hizo notar como una preocupación la “estigmatización y descalificación” en las declaraciones públicas de altas autoridades estatales.
El 13 de octubre de 2011 en una conferencia de prensa el Mandatario calificó a las emisoras radiales Erbol y Fides como sus “primeros enemigos”, argumentando que son administradas por la Iglesia Católica. La reacción se produjo por una pregunta de un periodista de uno de esos medios.
Para el director ejecutivo de Erbol, Augusto Peña, ya no es de extrañarse y dice que los periodistas “están acostumbrados” a las permanentes alusiones de altas autoridades de Estado, lo que no influye en el tratamiento de las noticias.
“No hay temor ni intimidación”, relata Peña, quien no descarta que la red de radios que dirige acuda a la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar el atropello a los derechos que les garantiza la Constitución Política del Estado.
En relación al tema, la CIDH tiene conocimiento de este caso y lo menciona en su informe anual de 2014. En sus recomendaciones, recuerda que “los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”.
E insiste que las expresiones de altas autoridades estatales no constituyan, en palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”.
Son incontables las veces que el vicepresidente Álvaro García Linera se ha referido a los medios de comunicación. Los calificativos son desde mentirosos hasta tontos.
Vicepresidente Álvaro García Linera: “Coloco a Página Siete como un periódico opositor, solo eso justifica esta metida de pata (la publicación sobre su libreta). Mentirosos y tontos: (Samuel) Doria Medina, Página Siete, senador Arturo Murillo y señor (Andrés) Gómez (exdirector de Erbol)”. (ANF enero 2016).
La autoridad también aseguró en mayo de 2012 que en las cadenas de televisión existe una suerte de “dictadura mediática”, en esa oportunidad alentó para que más medios comunitarios funcionen para contrarrestar la mentira.
Las autoridades de Gobierno también observan que los medios de comunicación den cobertura a exautoridades que son investigadas y que están fuera del país.
Presidente Evo Morales: “Qué pena que algunos medios de comunicación sean los mensajeros, los portavoces de los delincuentes que se escapan de la justicia boliviana y opinan desde afuera, desde Estados Unidos o de un país sudamericano, hablando del tema del narcotráfico”. (El Deber marzo 2015).
No obstante, la Relatoría recuerda a las autoridades “la importancia de crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones. Y que la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, son condiciones fundamentales de cualquier sociedad democrática”.
La Constitución Política del Estado impulsada por el partido gobernante y aprobada en un referéndum con amplia mayoría garantiza a los bolivianos a “expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual y colectiva”.
En los comicios de 2015, el Gobierno culpó a los medios de comunicación y también a las redes sociales de amplificar el caso Zapata con fines electorales. Las autoridades acusaron a algunos medios de impulsar una “guerra sucia” junto a las redes sociales en contra de la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, advirtió e insinuó la desaparición de algunos medios de comunicación y para ello recordó lo que pasó con el periódico La Prensa, del que dijo que “desapareció por haber cometido el pecado capital de mentirle al país”, aunque no precisó cuál fue la mentira; y en ese sentido se preguntó: “¿Cuántos medios de prensa van a desaparecer como consecuencia de esta osadía temeraria de mentirle al país?”, dijo el 4 de marzo de este año.
Las máximas autoridades de Estado ante las informaciones difundidas por los medios se han autodefinido como víctimas, porque los medios habrían asumido un rol político que incluso han suplantado a los partidos políticos de oposición. La acusación no ha sido una sola vez.
La Relatoría recuerda que la libertad de expresión debe garantizar no solo respecto a las informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas, “sino en cuanto a las que ofenden, chocan o inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”.
Aunque el Gobierno justifica sus manifestaciones públicas en contra de los medios como el “derecho” que tienen para desenmascarar las mentiras de los medios de comunicación y sus nexos con los partidos políticos de oposición.
Augusto Peña observa que el Gobierno centralice sus críticas solo en contra de algunos medios de comunicación y niega que el objetivo de esta red sea partidaria. “No nos sentimos opositores, somos un medio de información. No podemos ser tildados de opositores. Pero tampoco mentirosos, nos manejamos con la verdad”, afirma.
Es más, en este mismo informe la Relatoría hace recomendaciones generales para todos los Estados donde sus autoridades podrían haber incurrido en declaraciones que “estigmaticen o descalifiquen” y las exhorta a “contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas y estigmatizadas”.
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