Entre 2014 y 2015, las agresiones físicas a los periodistas subieron de 11 a 15; los casos de agresiones verbales y amenazas se elevaron de 12 a 14. Los mayores agresores son los policías, seguidos de partidarios del Gobierno.
Una comparación entre datos del 2014 y 2015 da cuenta que tanto las agresiones como las restricciones al trabajo periodístico se incrementaron en Bolivia.
Entre 2014 y 2015, las agresiones físicas a los periodistas subieron de 11 a 15; los casos de agresiones verbales y amenazas se elevaron de 12 a 14; las restricciones al trabajo periodístico de 2 a 6 casos; la detención/encarcelamiento de 0 a 3; la intimidación/presión/vigilancia de 1 a 2; las agresiones informáticas a portales web y medios on line de 0 a 2 casos, según la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia, dependiente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), instancia que desarrolla el seguimiento y monitoreo a las agresiones y restricciones que afectan al trabajo periodístico a nivel nacional desde el 2010 y que es coordinada en la actualidad por Franz Reynaldo Chavez.
La Constitución Política del Estado en su artículo 106 garantiza a las trabajadoras y trabajadores de la prensa “la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”; sin embargo, son múltiples las dificultades para alcanzar aquello.
El mismo reporte de la ANP refiere que en el 2015 son más de 13 periodistas afectados y en cuanto a las agresiones físicas, resaltan casos como los de Erick Dávila, periodista de Radio Fides, quien a tiempo de realizar la cobertura de un atraco en Santa Cruz fue detenido por policías durante cuatro horas, sufrió agresiones físicas y decomisaron su celular y grabadora.
Mientras, en El Alto dos camarógrafos, Luis Miguel Oporto, de la Red UNO, y Erick Mayta, de Canal 34, fueron apaleados por “militantes del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS)” a tiempo de entrevistar al candidato Édgar Patana.
Tampoco el ámbito deportivo se margina de estas formas de intolerancia y violencia hacia las y los periodistas. Jochen Rojas del programa Súper deportes del Canal Guadalupe fue agredido por el futbolista del club Universitario, Richard Mercado, determinándose una baja médica de 20 días.
Tal como se verifica en el mismo reporte de la ANP, en la mayoría de los casos aparece la Policía nacional como agresora, haciendo ver que existe una responsabilidad estatal en este tipo de denuncias. Luego de la Policía, grupos partidarios del gobierno y militantes del MAS serían responsables de dichas agresiones.
Respecto de las agresiones verbales y amenazas, se distinguen casos como los de Nataly Herrera Vedia, periodista de Yacuiba, quien “recibió amenazas de violación y quema de su casa a través de mensajes de las redes sociales y generadas en teléfonos celulares de seguidores del subgobernador José Quecaña”; la amenaza de juicio hacia Amalia Pando, periodista de ERBOL, “por supuesto racismo” o una más de las agresiones verbales del alcalde cruceño Percy Fernández, quien llamó “torpes” a periodistas que cubrían la llegada del Papa Francisco a Bolivia.
El informe de la relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2015, refiere un caso singular. Carlos Ángel Quisberth, periodista de El Diario fue acusado de “obstaculizar” una investigación policial por lo que fue detenido y “habría estado 24 horas sin comunicación y sin la posibilidad de elegir un abogado de confianza”.
El principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Mientras, en el caso de las restricciones los Tribunales Departamentales electorales de Beni y Santa Cruz, multaron a medios de sus jurisdicciones con penas que van de más de diez mil a más de 55.000 dólares, sumas que afectarían notoriamente el funcionamiento de medios como La Palabra del Beni o Radio Televisión Universal de Montero.
Respecto a este ámbito la CIDH también es clara al respecto y postula que “cuando se trata de un medio de comunicación social, las condenas civiles deben ser estrictamente proporcionadas de manera que no causen un efecto inhibitorio sobre el derecho a libertad de expresión, ya que “el temor a la sanción civil, ante la pretensión […] de una reparación civil sumamente elevada, puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal”.
Respecto de las agresiones informáticas a portales web y medios on line, el periódico digital CAMBIO “sufrió un ataque que se atribuyó el grupo Chilean Hackers” difundiéndose la falsa noticia de un accidente del presidente Evo Morales.
Por otro lado, según datos del estudio denominado “Cultura política de la democracia en Bolivia 2014. Hacia una democracia de ciudadanos”, desarrollado por la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, que forman parte de la novena encuesta LAPOP (Proyecto de Opinión Pública de América Latina), incluido en el Informe 2014 a la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Defensoría del Pueblo, la tolerancia es un factor determinante “para el ejercicio pleno de la libertad de expresión” y directamente proporcional a un mayor nivel educativo. Vale decir, que a mayor educación el grado de tolerancia es mayor, ergo la libertad de expresión aumenta.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario