No obstante el dolor que aún siente cada vez que piensa en su pequeña y los años de sufrimiento que vivió buscando que se haga justicia, decidió perdonar y lo hizo amparada en su fe. Hoy, después de 17 años, no duda en que volverán a reunirse y que esta vez será para siempre.
Desde hace 17 años que los ojos de Martha Velásquez se llenan de lágrimas al sólo mencionar el nombre de su hija, Patricia, quien hoy tendría 27 años. Era la menor de tres hermanas y cuando apenas tenía 10 años fue asesinada tras ser abusada sexualmente en su colegio, un fatídico 27 de agosto de 1999. Ese día cambió su vida.
Fueron 15 años de dolorosa peregrinación demandando justicia por la muerte de su hija, Patricia Flores. Martha Velásquez pudo sentir alivio cuando el asesino de su pequeña, Odón Mendoza, el ex regente de la escuela Vicenta Juaristi Eguino, donde la pequeña estudiaba, fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto, una condena, asegura ella, que pudo haberse dictado mucho tiempo atrás. Pero el dolor continúa.
“No me siento feliz por esa sentencia, he logrado llegar a la verdad, me siento aliviada, pero no estoy feliz porque siento que falta algo dentro de mí, me siento vacía y sola, hoy estoy sola”, comenta con la voz entrecortada. Solo esboza una sonrisa cuando dice que un día la volverá a ver y podrá abrazarla. “Sé que mi hijita está esperándome, que un día la volveré a ver, sé que ha de ser así; la biblia dice que nuestros seres queridos no están muertos, que algún día nos vamos juntar con ellos”.
La herida que le dejó la pérdida de su hija le llevó a buscar consuelo y alivio en varias partes, hasta que lo encontró en la iglesia cristiana a donde asiste desde hace cinco años. Dice que fue una gran ayuda conocer más de la palabra de Dios, porque eso le ayudó a perdonar a los responsables de la muerte de su hija. “Yo les perdono, yo no les puedo juzgar, ellos van a dar cuenta a Dios, yo les perdono de corazón”, dice.
Hoy, el principal responsable de ese crimen, se encuentra cumpliendo una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto en una celda del penal de Chonchocoro en el municipio de Viacha. Finalmente, después de 15 años, el 19 de agosto de 2014, el Juzgado Segundo Penal Liquidador de La Paz dictaminó la pena máxima para el regente de la escuela Juaristi Eguino, donde Patricia estudiaba y donde su cuerpo fue hallado sin vida con signos de haber sido vejada sexualmente.
También fueron sentenciadas, por incumplimiento de deberes, la ex directora de esa unidad educativa, Dora María del Rosario Villarroel, a cinco años de prisión, y las porteras del colegio Margarita Uzeda y Berna Ponce, a un año de reclusión cada una.
Matha lamenta que, en el primer caso, casi dos años después de haberse dictado la sentencia, ésta no se ejecute debido al amparo que presentó la defensa legal de la ex autoridad educativa y que hasta la fecha no tiene un fallo. En el segundo caso, ambas personas se beneficiaron del perdón judicial, porque su pena es menor a tres años.
Esta sentencia es el resultado de la lucha contra la impunidad que emprendió Martha, la recompensa al calvario que tuvo que vivir peregrinando ante instancias nacionales e internacionales en demanda de justicia. Pero esta lucha, así lo reconoce ella, no hubiera sido posible sin la ayuda de la abogada Paola Barriga, quien la acompañó, no sólo como su defensora legal, sino que fue un apoyo moral en su dolor y le ayudó a sobrellevar la pérdida de su hija.
“Ha sido duro todo este proceso, nos ha servido a ambas, ambas hemos podido salir victoriosas, hoy veo en Martha un sentimiento de perdón, algo increíble, pero que creo es un ejemplo para la sociedad de que se puede perdonar y vivir en paz”, dice la jurista.
Esta batalla judicial, si bien posibilitó condenar a los responsables de la muerte de su hija, le costó, por otro lado, perder a su esposo, quien no pudo entenderla y se separó de ella hace muchos años dejándola sola en su lucha. Martha se consuela a sí misma y dice que tal vez fue bueno para ella el que su pareja la dejara, porque así pudo dedicarse por completo a seguir de cerca el proceso judicial.
Prefiere no recordar su vida al lado de su esposo, porque dice que hay más momentos tristes que felices. Se casó con el padre de sus tres hijas a los 18 años, en 1976, sin siquiera salir bachiller. Trabajó mucho para sostener a su familia porque sus ingresos económicos eran restringidos. Tuvo a su primera hija en 1977 y dos años después a la segunda. Patricia nació después de muchos años, cuando sus hermanas tenían 12 y 10 años. “Era la más chiquita, por eso tal vez era la más mimada, la más querida”, recuerda.
En su rostro se dibuja una sonrisa cuando recuerda su niñez. Ella nació en Jujuy, Argentina, a donde sus padres se fueron en busca de mejores condiciones de vida, como lo hacen miles de bolivianos. Su familia regresó a La Paz cuando ella tenía dos años y se establecieron en la zona norte de esta ciudad, cerca de la conocida plaza Riosinho.
Hoy trabaja con la que fue su abogada, a quien tiene mucho agradecimiento porque no sólo la ayudó moralmente, sino económicamente al no cobrar sus honorarios. Su situación económica que atravesaba cuando inició la demanda judicial, le obligó a alquilar el pequeño departamento que posee e irse a vivir en dos habitaciones en una azotea y así poder cubrir los costos del proceso.
De su mente no se borrarán todas las penurias que pasó, pero lo que vivió la ha fortalecido y quiere que muchas madres en su misma situación o niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual, reciban el apoyo que se requiere en estas circunstancias, no solo asesoramiento legal, sino ayuda sicológica. Ese deseo se está consolidando en la creación de la Fundación Patricia Flores para que a través de esta entidad se pueda luchar contra la impunidad.
Hoy existen miles de casos de niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual y de otras que han muerto tras ser vejadas, cuyos responsables no han sido castigados y han quedado impunes. Las cifras sobre violencia sexual no son nada alentadoras. Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que entre enero de 2014 y julio de 2015, se registraron en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) 1.290 casos contra menores de 18 años. De estos, 1.223, es decir un 94 por ciento, las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres.
El crimen de Patricia Flores pudo tener una condena gracias, fundamentalmente, al incansable batallar de su madre que no cesó hasta conseguir justicia. Esta lucha ha sido reconocida por la Defensoría del Pueblo que en 2014 la distinguió por su aporte a la defensa de los derechos humanos en la búsqueda de que la muerte de su hija no quede impune.
Pero que vergüenza este artículo.
ResponderBorrarEn primer lugar porque el proceso no terminó y que nadie cumple condena - algo básico que deberían saber los estudiantes de primer año en derecho.
Luego, por pasar no decir nada sobre las pruebas de ADN que dicen con absoluta claridad que el autor fue José Luis Flores, absuelto en un juicio que será anulado en pocos meses.
Y, peor todavía, pasar por alto que la entonces Corte Suprema designó a ese mismo Sr. Flores como "pariente del padre de la víctima". Este caso es uno de los mayores casos de corrupción (que no es sólo monetaria sino ante todo moral) de los últimos 20 años y el entonces Defensor del Pueblo, Rolando Villena, no sólo discriminó las voces discordantes (con pruebas absolutamente sólidas) sino promocionó por su beneficio (político o personal...) la gran injusticia.