El trabajo periodístico debe conducirse con la suficiente madurez para establecer los límites en su labor de informar, dicen los directores consultados.
La difusión de la publicidad gubernamental no debiera incidir en el contenido noticioso, ni en ningún otro contenido que publican los medios de comunicación, puesto que el trabajo periodístico debe conducirse con suficiente madurez para establecer los límites en su labor de informar frente a los ingresos económicos que éstos reportan, coinciden en señalar periodistas vinculados a medios de comunicación privados y estatales.
Siendo que los medios de comunicación subsisten económicamente con los anuncios publicitarios, parte de éstos provenientes del Estado, los medios de comunicación privados se esfuerzan para mantener el equilibro ofreciendo al ciudadano una mayor carga informativa proveniente de varias fuentes sobre un mismo hecho, que permitan al ciudadano y al periodista una mayor aproximación a la verdad.
Al respecto, el Jefe Nacional de Contenidos de la red televisiva ATB, Jaime Iturri Salmón, considera que el Estado evalúa en qué medios de comunicación publicar para lograr sus fines, aspecto que no debe mediar con los contenidos. En ATB, asegura, la publicidad gubernamental suma el 42% de su presupuesto nacional, incluyendo alcaldías y gobernaciones, y 58% del total de sus ingresos son anuncios privados.
La Directora del periódico estatal “Cambio”, Carmen Miranda, señala que independientemente de la cantidad de publicidad gubernamental (80%) y privada (20%), la cobertura es de carácter oficial, pero tomando en cuenta varias fuentes y cuidando la contraparte.
Los medios de comunicación de servicio estatal cuentan con una privilegiada contratación de espacios para la difusión de publicidad gubernamental, pero independientemente del aspecto económico cuenten, o no, con anuncios publicitarios dan preferencia a los actos noticiosos oficiales.
“Obviamente si hubiera hechos o expresiones que insulten al Presidente, que tengan la mala intención de dañar al Estado, siendo un periódico estatal no publicamos. Cuando existen ataques a las entidades estatales buscamos la contraparte para sacar la versión oficial”, puntualiza Miranda.
La directora de “Cambio” adelanta que este medio en breve implementará nuevas estrategias de mercado incorporando avisos clasificados en la intención de equilibrar la proporción entre la propaganda gubernamental y la publicidad privada, aspecto que no hará variar su desempeño periodístico.
Si bien existe una notable diferencia cuantitativa en la difusión de la publicidad gubernamental respecto de la privada, en criterio de la Directora Nacional de Noticias de la televisora Cadena A, Rocío Bernal, (70% privada y 30% estatal) en ese medio de comunicación, esta desproporción no tiene incidencia en el contenido de la información que precautela la contraparte.
En este sentido, Bernal señala que además de cuidar la contraparte se debe tener mayor prudencia con acceder a las denuncias, aunque estas fueran documentadas de modo que sea posible mantener una saludable relación comercial, no sólo con el gobierno.
“La vertiginosidad que la tecnología permite en el flujo de la información es posible caer en imprecisiones, por lo que es mejor contar con todos los elementos antes de difundirla”, asegura al puntualizar que la relación comercial con el gobierno no tiene incidencia en el tratamiento de un hecho noticioso.
¿Quién define la publicación de una noticia?
Un estudio realizado por el programa “Medios y Democracia en América Latina” de la Fundación Konrad Adenauer, el mismo que se sustenta en una encuesta realizada a periodistas nacionales, consultados acerca de “¿Sobre quién recae la responsabilidad de publicar una noticia que vaya a afectar a alguien? En un caso sensible, ¿quién toma esta decisión? Se obtuvo las siguientes respuestas:
“En el caso de las agencias de noticias un 75% dijo que esta decisión la toma el dueño del medio. En el caso de los periódicos, la responsabilidad la tiene el editor general. Respecto a los medios televisivos encuestados, sus periodistas explicaron que es el jefe del área quien debe decir si esa nota se publica o no (42%). Un 28% opina que debe ser el dueño del medio quien decida y otro 28% no supo cómo responder a la pregunta”.
A su vez, una investigación titulada “Control Remoto” realizada por el periodista Raúl Peñaranda U. acerca del control que ejercería el gobierno sobre los medios de comunicación en su labor de informar, señala que una de las formas es entregándoles mucha publicidad, lo que sí incidiría en el tratamiento de temas que incomodaría a las autoridades gubernamentales.
“Obviamente la imposición de contenidos está implícita y muchas veces se da de manera `natural`, porque en esos medios opera ahora la autocensura”, dice Peñaranda en su investigación.
La investigación efectuada por Peñaranda concluye que la publicidad estatal en algunos medios de comunicación, entre éstos las redes televisivas ATB, PAT, Full Tv y el periódico “La Razón”, es millonaria, al ejercer el control económico operan presiones por parte del gobierno sobre la cobertura y difusión de hechos noticiosos. Por tanto, no se muestran los hechos con sentido de equilibrio y reflexivo.
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