Es uno de los miembros de la vigilia que está instalada en El Prado de La Paz. Dice que no tendrá problemas en esperar otros cuatro años hasta que el Gobierno se ablande y le asigne un resarcimiento económico.
José Tarquino Hurtado es una persona de la tercera edad que lleva 1.478 días de vigilia en el paseo de El Prado en la ciudad de La Paz (Bolivia), equivalente a casi cuatro años de lucha inclaudicable, reclamando al gobierno de Evo Morales un resarcimiento a las personas contra quienes se ha cometido actos de violencia política en gobiernos inconstitucionales como constitucionales que violaron los Derechos Humanos.
Don José, quien carga en sus espaldas más de ochenta años, con la piel arrugada por el trajín de los vaivenes de la vida, teniendo que soportar las inclemencias de las cuatro estaciones que se viven en el día en la metrópoli paceña, sin tomar en cuenta los bocinazos, petardos por marchas de protesta, peleas a medianoche entre jóvenes en estado de ebriedad entre otros aspectos, con su voz ronquida dice que “nada ni nadie le detendrá en esta su lucha que lleva acabo junto a sus compañeros y compañeras adultos mayores” en improvisadas carpas, las cuales son como su domicilio particular.
Cada día se levanta con una leve ilusión de que el Gobierno central pueda dar solución a la demanda planteada por él y sus compañeros de lucha, tildándolo a su vez en tono elevado y molesto de “gobierno inhumano, insensible, incapaz, mentiroso y falso”. A la vez se expresa con resignación porque cree que las autoridades nacionales no tienen la voluntad de cumplir con lo prometido, aspecto que ya ocasionó muchas bajas a consecuencia del deterioro de salud que tuvieron por las inclemencias climatológicas.
Si bien dicha demanda tiene como sustento jurídico la Ley 2640 (Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política en Períodos de Gobiernos Inconstitucionales), promulgada el 11 de marzo de 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa Gisbert, la misma no se cumple a pesar de que varias organizaciones internacionales de Derechos Humanos recomendaron al gobierno boliviano solucionar tal inconveniente, tomando en cuenta que en otros países habiendo también existido violencia política en gobiernos dictatoriales, ya se procedió al resarcimiento respectivo.
Amplicación de la ley
“Lo que pedimos a este gobierno desamorado es que la Ley 2640 que ya está en vigencia hace 12 años, se la amplíe para las personas que también fueron víctimas de violación a sus Derechos Humanos en gobiernos constitucionales, porque no por el hecho de que sean democráticos han dejado de cometer actos de violación a los derechos fundamentales de las personas”, dice Don José con un dejo de melancolía y la Ley en la mano.
Un ejemplo de lo señalado por don José Tarquino, está reflejado en uno de los acápites de nuestra historia, la cual narra que el Gral. René Barrientos Ortuño, habiendo sido dos veces presidente de nuestro país, una de facto (Nov. 1.964-May. 1.965) y la otra a nivel constitucional (del 6 de agosto de 1.966 hasta el accidente de su helicóptero en Arque abril 1.969), donde se produjo la Masacre de San Juan en Siglo XX, dejando muertos y heridos, según el libro Historia General de Bolivia de Herbert Klein.
Vigilia que cobró vidas
La vigilia hasta ahora ya cobró 19 vidas. “Lo injusto que se vive hasta ahora es que el Gobierno central no toma en cuenta ni hace valer la Ley 2640 para su aplicación en su justo alcance”, comenta Don José.
“El Gobierno ni se apiada de esto, no le interesa resolver nuestro problema, ni consideran que todos quienes estamos en está vigilia somos personas que ya pasamos los 80 años, siendo el más joven de unos 65 años aproximadamente”, asevera.
Ministerio de Justicia varias veces llamó al diálogo
Para el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, mediante uno de sus técnicos que no quiso identificarse, el hecho de que dure este problema es por la terquedad y empecinamiento que tienen quienes protestan, ya que varias veces se ofreció soluciones mediante las distintas autoridades que pasaron por esta institución, dejando claro que la posición del Ministerio es que no se puede resarcir a todas y todos y que solo están tomados en cuenta los que sufrieron torturas muy graves en gobiernos de facto y que a la fecha a consecuencia de ello, tienen distintos impedimentos físicos.
En un comienzo los postulantes a este resarcimiento sobrepasaban las 6 mil personas, llegando a ser reducidas en la actualidad 1.715 por parte del Ministerio de Justicia, denominado por Don José como el “Ministerio de Injusticia”.
Hasta las últimas consecuencias
“Nada ni nadie me detendrá ni nos detendrá en nuestra lucha, si hasta aquí hemos aguantado cuatro años, por qué no podemos aguantar otros cuatro años más, el Gobierno no nos doblegará”, así de firme habla don José a pesar de que sus hijos, nietos e incluso bisnietos, quienes le dicen “retírate, no conseguirás nada, solo son promesas que les hacen, no les darán nada”.
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