Sugiere que se conforme un equipo de notables que tenga poder determinante en la designación de autoridades judiciales. La independencia del Órgano Judicial es fundamental, asegura.
Paulino Verástegui Palao fue asesor en materia penal en delitos de orden público como de orden privado. Es miembro del equipo técnico de implementación del Nuevo Código de Procedimiento Penal. Fue Director de Política Criminal y Director General de Acceso a la Justicia y Justicia Comunitaria del Viceministerio de Justicia. Consultor Asistente de la experta política de la Unión Europea de Observación electoral para el Referéndum sobre la Nueva Constitución Política del Estado del 25 de enero de 2009.
Para este profesional que tiene más de 16 años de trayectoria en el ejercicio del Derecho como abogado constitucionalista y penalista en Bolivia, establecer la meritocracia en Bolivia para la designación de Magistrados del Órgano Judicial debería ser un factor muy importante, con la finalidad de garantizar la idoneidad de las autoridades que administren la justicia en el país.
"Lo meritocrático no es coleccionar títulos, eso es discutible. Toma en cuenta variables como el ejercicio correcto de la profesión, la formación académica, también la cuestión moral y ética en su vida privada, por lo que lo hace un profesional idóneo y un ejemplo a seguir en todo momento", indica el profesional en leyes.
Según la propuesta de Verástegui, es importante que distintas instituciones de la sociedad se sumen al proceso de preselección. Para esto se puede crear un consejo de "personalidades profesionales notables" para hacer ese trabajo, con la finalidad de sacar el asunto del terreno político y así darle un alto grado de legitimidad al proceso, lo que no solo serviría para la postulación de altos cargos del Órgano Judicial, sino también para la designación honoraria de vocales y jueces de menor rango.
"Es importante trabajar en el proceso de preselección, donde el elemento meritocrático de idoneidad y ética deben ir a la par y deben ser lo más claro posible para la población en general", afirma Paulino Verastegui, Abogado especialista en Reforma Judicial.
En Bolivia existen leyes de lujo, a comparación de otros países de la región, pero los que fallan son los operadores de justicia. "Fallan los Recursos Humanos porque nos encontramos en una cultura cíclica de la corrupción ya que la población se acostumbró a pagar para que las cosas marchen más rápido y los profesionales que aceptan e incluso piden estos sobornos, como una acción deplorable del ejercicio de sus competencias, nos muestra tal y como somos en realidad".
En el país existe una fuerte crisis terminal de valores humanos, en la que incluso se relativiza la palabra empeñada y por ende se menoscaba el honor de esa persona por los actos que comete sin pensar en los valores éticos y morales que deben partir de cada uno. Estamos viviendo una época maquiavélica donde "el fin justifica los medios" y eso va en contra del desarrollo social de un país, porque afecta a todos y no solo a la institución o a las personas que están involucradas.
Por lo expuesto, los profesionales idóneos que postulen para ser jueces y fiscales, deberían ser escogidos por meritocracia y con altos estándares éticos y morales para ser tomados como ejemplos sociales probos e intachables.
En Bolivia la Constitución Política del Estado fue modificada 17 veces a los largo de su historia, entre los años 1831 y el 2007. El problema de la Justicia en Bolivia es que siempre ha sido manejada de manera política y partidaria con políticas de Gobierno, pero no de Estado, como en otros países donde no importa quién se haga cargo de la silla presidencial, hay aspectos intocables y troncales a la división de poderes que los hacen independientes y autónomos en sus determinadas funciones y que por ende son decisivas y deberían ser intocables dentro de un país. Según Verastegui, "en Bolivia no se cumple ni la propia Constitución Política del Estado".
En este caso debería existir un pacto social para garantizar la independencia Judicial.
Para la sociedad en general en Bolivia no existe una administración de Justicia creíble, eficiente, democrática e independiente ya que se mantiene una estructura jerárquica pesada, corrupta y la mayoría de las veces discriminadora, lo que crea una permanente crisis judicial en nuestro país.
Según datos judiciales, 42 personas de cada 100 que van a realizar alguna gestión en el Ministerio Público, pagan algún monto económico a manera de coima, mientras que 31 de ellas lo haría en los juzgados donde se atienden sus casos.
La profunda crisis Judicial en la que está inmersa Bolivia solo saldrá de su permanente problemática cuando tanto el Órgano Judicial, como el Gobierno y la Sociedad en general hagan conciencia de este inminente hecho y se den verdaderas políticas de Estado, y no de Gobierno, para garantizar la independencia plena de la justicia, donde ya no existan injerencias políticas, ni sean permitidas las coimas para dar una celeridad y fallo a favor de la corrupción; sino más bien solo esté presente la ética, los valores y la moral profesional y social en todo momento.
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