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viernes, 13 de mayo de 2016

Al menos 200 radios corren el riesgo de cerrar en los próximos dos años, por Augusto Peña Vargas

Los radialistas están dispuestos a defender su derecho a la libre expresión y al trabajo en todas las instancias que estén al alcance.


Como un atentado contra la libertad de expresión y a los derechos humanos calificó el presidente de la Asociación Boliviana de Radiodifusión (Asbora), Alfonso Arévalo, la intención del Gobierno de publicar la convocatoria para licitación de aproximadamente 200 frecuencias de emisoras en el país, que corren el riesgo de cerrar.

El representante de medios de comunicación oral expresó su preocupación por la insistencia de la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) de llevar adelante la subasta de espacios en el dial, pese a que el artículo 30 parágrafo  2 de la Ley en vigencia se permite la renovación de licencias por una sola vez.

Arévalo indicó que se agotarán todas las instancias pertinentes para defender el derecho de sus asociados porque, con esta medida, se pone en peligro las fuentes de trabajo de decenas de radialistas, así como la inversión económica de muchos años.

Asbora, a principios de marzo envió una nota al ministro de Obras Públicas y Servicios, Milton Claros, solicitando una explicación del por qué la ATT no atendía la solicitud de renovación de licencias de funcionamiento. En la misiva se recordó que una Ley (la de Telecomunicaciones) no puede estar por debajo del Decreto Supremo reglamentario.

El 11 de marzo la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (Aler) emitió una declaración de respaldo a las emisoras afiliadas a Erbol (Educación Radiofónica de Bolivia) en su objetivo de “lograr que se cumpla la Ley, que reglamenta la renovación de licencias de radiodifusión sonora por una sola vez”.

Acceso a la información como un derecho

El abogado asesor de Asbora, Mario Andrade, señaló que la renovación de licencias de funcionamiento es un derecho humano y se encuentra inserto como libertad de información en la Constitución Política del Estado.

Dijo que hay un vacío legal en el ordenamiento jurídico del país, por esa sobreposición de directrices en la ley y decreto reglamentario.

Ante esta situación anunció que se hizo la representación ante el Ministerio de Obras Públicas, presentando un proyecto de modificación al Decreto Supremo Reglamentario, lo cual ajustaría el texto.

“Estamos cerca de la renovación de licencias, vamos a presentar en pocos días una propuesta al Gobierno para que el vacío existente en este momento en cuanto al procedimiento y la interpretación correcta de la ley. Y se va a demostrar la realidad de la radiodifusión y se va a demostrar que la ley (de Telecomunicaciones) ha permitido que subsistan las emisoras y tienen que respetar eso”, indicó el abogado.

El presidente de Asbora La Paz, Johnny Plata, dijo que el pedido de renovación de licencias de ninguna manera se contrapone a la Ley que democratiza el acceso a una frecuencia.

“Las organizaciones sociales ya tienen frecuencias asignadas, esas emisoras están trabajando y nosotros no vemos razón alguna por la cual el Estado no pueda atender nuestro pedido”, afirmó.

Asbora organizó un acto el viernes 18 de marzo, con motivo del Día del Radialista, para presentar la propuesta de modificación del DS reglamentario.

Al menos 200 medios de comunicación oral corren el riesgo de desaparecer si el gobierno no atiende el pedido.

El caso boliviano no es un hecho aislado porque en Ecuador, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Guatemala y El Salvador también enfrentan problemas vinculados con el derecho a la información y comunicación.

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