A Viviana Huaricallo (22) no le permiten hablar en las reuniones. Solo le piden que pague multas por no haber asistido a otros encuentros. La quieren sancionar por haber vendido la carpeta a detalle. Ella aduce que lo hizo porque necesitaba dinero porque su madre está enferma.
“Por más de un año, mi familia y yo fuimos objeto de agresiones verbales constantes por dirigentes de mi comunidad, hasta el punto que no nos permiten ni hablar en la asamblea porque según ellos habríamos faltado a reuniones y nos dicen a gritos paguen y paguen”, cuenta Viviana Huricallo, una joven de 22 años de edad y oriunda de la comunidad San José de Chicalulo del municipio de Coroico de la provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz. Es hija de Esperanza Mamani, quien se encuentra delicada de salud, “prácticamente no encuentran solución los médicos, solo dicen que hay que esperar”.
Con el rostro acongojado y con un cúmulo de lágrimas en los ojos, Viviana dice que “todo este abuso inició cuando mi mamá me dejó a cargo de su casa, su tierra y la carpeta a detalle por un año. Ella tuvo que irse a tratar médicamente por su situación de salud, me quedé prácticamente sola y desde ahí, fue el tormento, la desesperación y la rabia en las reuniones del sindicato agrario”.
“Falté a algunas reuniones del sindicato, vendí mi carpeta al detalle, lo hice por necesidad, no porque lo quisiera, porque mi mamá se encuentra gravemente de salud, por tanto necesitaba el dinero para ayudarle y constantemente viajaba y por eso fallé a las reuniones”, continúa relatando Viviana, con muestras de impotencia, de no poder hacer nada ante una aparente dictadura sindical, de quienes estarían interesados en sus bienes.
El conflicto de los dirigentes del sindicato agrario de San José de Chicalulo con la familia de Viviana, surge a raíz de la venta inconsulta de la carpeta al detalle.
Las carpetas al detalle son un documento que permite a los cocaleros “llevar la coca de productor a consumidor a nivel nacional”. Son un beneficio que lograron del gobierno del presidente Evo Morales, a través de sus luchas constantes a partir de la gestión 2006. Este documento, una vez que sale a nombre del productor, es de su propiedad y él puede hacer lo que mejor le parezca con el mismo.
De un tiempo a esta parte, algunos productores de coca, al no poder cumplir con las exigencias que implica tener la carpeta, la venden a un precio que oscila entre entre 3.000 y 5.000 bolivianos.
“Vendí la carpeta y también puse a la venta las tierras de mi mamá, porque teníamos mucha deuda, además que necesitábamos el dinero las deudas por el constante atropello de multas de una y otra cosa que se les ocurre”, dice Viviana un tanto desalentada.
“En las reuniones uno quiere explicar, por qué faltó a la asamblea o a los trabajos comunales que hay y no te dejan hablar, te gritan te insultan, no aceptan y no entienden, la carpeta es de mi propiedad, porque mi mamá me transfirió, y yo puedo decidir qué hacer con el documento y eso les duele mucho, ellos querían adueñarse, a cambio de las multas que debía de algunas faltas que tuve en el sindicato, las multas llegan a más 200 Bs”, explica.
La Constitución Política del Estado en su artículo 21 numeral 5 establece el “derecho a expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”.
Consultado sobre este caso, el Secretario Ejecutivo del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas COFECAY de La Paz, David Huayhua, indica que todo dirigente sindical debe enmarcar su trabajo en el documento orgánico que existe en cada sindicato agrario, el reglamento interno, estatuto orgánico y decisiones de base. En el caso específico de Viviana, dijo “que el sindicato agrario tiene su estructura establecida, por tanto a través de una resolución, debe llevarse el asunto a la subcentral o en su caso a la central y finalmente a la federación, en caso de no encontrar respuesta, ese es el conducto regular de nuestras organizaciones”, aconseja.
Consultado si hubo o no denuncias anteriores similares a este caso Huayhua señaló que no existe documentación escrita que asegure si hubo o no denuncias de posibles hechos de abuso sindical o vulneración de derechos, pero hasta el momento no hay, indicó.
“Todo afiliado o afiliada de un sindicato agrario debe hacer valer sus derechos; el derecho a voz y voto en ampliados, congresos y otros eventos sindicales similares”, afirma Joaquín Mamani, secretario general de la comunidad Agua Clara en la Provincia Sud Yungas, haciendo referencia a que algunos dirigentes hacen mal uso del poder, en algunos sindicatos.
Jorge Arzabe, Técnico de la Unidad de Asuntos Sindicales del Ministerio de Trabajo y también dirigente sindical con larga trayectoria, dice que “de un tiempo a esta parte, se ha perdido el trabajo de concientización, la consigna de servicio a la comunidad, ahora lo ven más, como un medio de vida a la labor sindical”.
Esto quiere decir que algunas organizaciones sindicales están incurriendo en abuso de poder, vulneración a derechos y restricción a la libertad de expresión. Arzabe comenta que esto debe cambiar porque “de lo contrario van a continuar los atropellos y podrían institucionalizarse, lo cual no es positivo”.
Finalmente, manifestó que el secretario general de un determinado sindicato no es dueño de la organización, es un representante temporal, por tanto debe actuar en obediencia a las conclusiones que emanan de las bases y debe dar fiel cumplimiento a las mismas.
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