Hace ocho años, Gabriel Calla, de 21 años, fue asesinado. Este 3 de mayo se cumplió otro año de su muerte y desde que su familia llegó a la morgue a reconocer su cuerpo. La retardación es uno de los factores que más ha perjudicado a la conclusión del caso.
“Me han quitado a quien más amaba. Le prometí (a Gabriel): ‘¿sabes, qué voy a hacer? Les voy a encontrar a esos infelices. Te prometo. Les voy a poner donde tienen que estar, donde no hagan daño’”, juró Martha Ibañez en la tumba de su sobrino Gabriel Calla Ibañez, asesinado hace ocho años.
Hasta la fecha, la mujer de 68 años no pudo honrar el compromiso, no porque no hiciera lo suficiente para conseguir que los asesinos materiales del joven y los cómplices del hecho fueran enviados a la cárcel, sino porque la retardación de justicia sigue manteniendo en vilo a la familia.
Era la madrugada del 3 de mayo de 2008. Gabriel, su enamorada y tres de sus amigos se retiraban de un concierto, cuando fueron interceptados por un vehículo del que bajaron Jaime Torres, Cristian y Alberto Sarmiento, y Linda Callejas, quienes frustraron en pocos minutos la vida y el futuro de Gabriel.
Los amigos y la pareja de “Gabo”, como le llamaban, fueron golpeados hasta quedar inconscientes, pero él no tuvo la misma suerte; lo torturaron, le hicieron cortes en los pies y los brazos, lo apuñalaron en el omoplato y cerca del corazón, y, para asegurarse de su muerte, le pisaron en las costillas y en la herida.
Aunque Bolivia no está entre los países más violentos de la región, la tasa anual de criminalidad para el 2015 es de 10,8 por cada 100.000 habitantes, una cifra que para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, es auspiciosa porque se redujo respecto a 2012, cuando era 12,1 por cada 100.000 habitantes.
Para la familia del joven, a quien lo conocían por su pasión por el rock y por ser estudiante de biología, estos datos no son un consuelo, porque desde su muerte no cesó la búsqueda de justicia en los casi 1.300 días con el fin de que los victimadores sean detenidos. Y en ese afán lucharon con poco éxito contra las chicanas y la dilación de los administradores de justicia.
Martha se convirtió en una investigadora más; cubrió las deficiencias del Ministerio Público que por falta de logística y por su poca voluntad política no puede cumplir eficientemente con su labor. Se encargó de encontrar las pruebas para sostener la imputación y la acusación.
Rastreó la ubicación del principal autor del asesinato, Jaime Torres, con todos los riesgos de enfrentarse con un “delincuente callejero”, y condujo a los investigadores para su detención en abril de 2009.
Exploró hasta dar con el segundo acusado, Alberto Sarmiento, quien, para evadir a la justicia, ingresó al servicio militar en Riberalta, en el departamento de Beni. Ni la distancia ni los recursos que le significó viajar hasta allí con un policía la retuvo para ir en su búsqueda. En diciembre de 2010, el hombre fue detenido y trasladado a La Paz.
Cristian Sarmiento huyó del país. En Rio de Janeiro (Brasil) cumple una condena por asesinato de un ciudadano de ese país. “Son personas que no tienen límites, porque la vida no vale nada para ellos”, comenta Martha, que rompe en llanto una y otra vez.
Gabriel no fue la única víctima. Su sufrimiento y partida los padece su familia, que ha convertido ese dolor en una causa por buscar que la Justicia condene a los asesinos, encubridores y cómplices a 30 años de prisión sin derecho a indulto en una cárcel de máxima seguridad.
“No es venganza, es justicia”, dice la tía, que mientras tuvo con vida a su sobrino lo amó como si fuera su propio hijo.
Mientras, los padres del joven, Hernando Calla y Gaby Ibañez, no pudieron celebrar el reciente cumpleaños de Gabriel, el 1 de abril, cuando iba a cumplir 29 años.
El registro de la impunidad
El papá de Gabriel, Hernando Calla, lleva un registro de la “impunidad y la injusticia”. Anotó las veces que la fiscalía, el juzgado y la defensa de los acusados suspendieron innumerables audiencias, que dilatan la sentencia por el asesinato de su hijo.
El juicio oral se extendió un año y medio, desde marzo de 2014 hasta septiembre de 2015. Pero los amargos momentos de pisar los tribunales no han terminado. La familia Calla Ibañez sigue esperando desde noviembre pasado, hace seis meses, la audiencia en la que se dicte la sentencia ejecutoriada.
El caso fue conocido por los fiscales Sergio Céspedes, Susana Boján y Elsi Villafranqui, el mismo que radica en el Tribunal 5to de Sentencia con la juez Nancy Bustillos. Ellos tienen la responsabilidad de administrar justicia sobre Torres, Sarmiento y sobre su cómplice Callejas.
Más de 50 audiencias fueron suspendidas. Atribuibles a la ausencia de los fiscales, de los jueces, de los acusados, de los testigos, entre otros. Las “famosas notificaciones”, son otra de las causas de dilación en los procesos, comenta Martha.
“Todo es un negocio”, concluye Martha, la mujer jubilada que contó con el tiempo para hacer seguimiento día a día del engorroso proceso legal. Conoce los movimientos de la Policía, la Fiscalía y el Tribunal Departamental de Justicia.
La súplica para que el caso no se quede sin fiscales
Se apoyó en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, tocó las puertas de los medios de comunicación, pidió ayuda a quien fuera necesario, para contar la desesperada situación de su familia.
Hablar de la gratuidad de la justicia le parece un chiste. Ella sacó fotocopias de todas las audiencias para evitar que se pierdan o sean manipuladas las actas. Desconfía de la administración de la justicia y de los fiscales; como la mayoría de litigantes que van en romería a los juzgados.
Esta sensación no es solo de la familia de Gabriel, según una investigación de la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública y la Embajada de Suecia, basado en una encuesta para el barómetro de las Américas 2014, de 3.053 personas el 54% considera que la retardación de justicia se debe a que los jueces y oficiales de diligencia de los tribunales son corruptos.
De acuerdo al registro del Consejo de la Magistratura en 2013, de 250.000 juicios penales que se abrieron, 611 (0,24%) obtuvieron una sentencia. Esta familia es víctima de este sistema.
Martha lucha por cumplir la promesa de justicia a su asesinado sobrino
Hace ocho años Gabriel Calla de 21 años fue asesinado. Este 3 de mayo se cumplen ocho años desde su muerte y desde que su familia llegó a la morgue a reconocer su cuerpo.
“Me han quitado a quien más amaba. Le prometí (a Gabriel) ‘¿sabes qué voy a hacer? Les voy a encontrar a esos infelices. Te prometo. Les voy a poner donde tienen que estar, donde no hagan daño’”, prometió Martha en la tumba de su sobrino, Gabriel Calla Ibañez, asesinado hace ocho años.
Hasta la fecha, Martha de 68 años no cumplió su promesa, no porque no hiciera lo suficiente para mandar a la cárcel a los asesinos materiales y a la cómplice del hecho; sino porque la retardada justicia sigue manteniendo en vilo a la familia Calla Ibañez.
Era la madrugada del 3 de mayo de 2008, Gabriel, su enamora y tres de sus amigos se recogían después de un concierto, cuando fueron interceptados por un vehículo, del que bajaron Jaime Torres, Cristian y Alberto Sarmiento y Linda Callejas quienes frustraron en pocos minutos la vida y el futuro de Gabriel.
Los amigos y la pareja de “Gabo” fueron golpeados hasta perder la memoria, pero él no tuvo la misma suerte. Le torturaron, le hicieron cortes en los pies y los brazos, lo apuñalaron en el omoplato y cerca del corazón, para asegurarse de su muerte le pisaron en las costillas y en la herida.
La destrozada familia, del joven apasionado por el rock y estudiante de biología, no descansó un solo minuto de los casi 1.300 días, para que los victimadores sean detenidos, lucharon contra las chicanas y la dilación de los administradores de justicia.
Martha se convirtió en una investigadora más, cubrió las deficiencias del Ministerio Público que por falta de logística y por su poca voluntad política no puede cumplir su labor eficientemente. Se encargó de encontrar las pruebas para sostener la imputación y la acusación.
Rastreo la ubicación del principal autor del asesinato, Jaime Torres con todos los riesgos de enfrentarse con un “delincuente callejero” y condujo a los investigadores para su detención en abril de 2009.
Exploró hasta dar con el segundo acusado, Alberto Sarmiento, quien para evadir a la justicia ingresó al servicio militar en Riberalta en el departamento de Beni. Ni la distancia ni los recursos que le significó viajar hasta allá con un policía retuvo a Martha, para ir en su búsqueda. En diciembre de 2010 fue detenido y conducido a La Paz.
Cristian Sarmiento huyó del país, en Río de Janeiro-Brasil cumple una condena por asesinato a un ciudadano de ese país. “Son personas que no tienen límites porque la vida no vale nada para ellos”, cuenta Martha, que rompe en llanto, los ojos no se han secado y el dolor parece que nunca terminará.
Gabriel no fue la única víctima, también lo es su familia, que han convertido el sufrimiento en una causa porque por justicia condene los asesinos, encubridores y cómplices a 30 años sin derecho a indulto en una cárcel de máxima seguridad.
“No es venganza, es justicia”, dice la tía que ama al sobrino perdido como su fuera su propio hijo. Mientras que sus padres Hernando Calla y Gaby Ibañez no pudieron celebrar el reciente cumpleaños de Gabriel, que este pasado 1 de abril cumpliría 29 años.
Gabriel Calla Ibañez permanece intacto en la memoria de su familia, lloran su ausencia, pero aprendieron a sobrevivir una vida privada de un ser amado que espera porque los jueces y fiscales hagan justicia.
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